El informe de la Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana (Defensor del Pueblo) que ha sacado a la luz 175 casos en los que existe sospecha de abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat Valenciana, entre junio de 2020 y junio de 2021, ha elevado la presión sobre la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra.
El presidente Ximo Puig ha salido este martes en defensa de su número dos en el Consell, pero la oposición ha endurecido sus críticas tras las últimas revelaciones y elevará el informe a Bruselas para exigir responsabilidades políticas.
En concreto, el PP ha reprochado la falta de gestión de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas para frenar, prevenir o detectar el horror que han sufrido en el último año decenas de menores en situación de desamparo, la inmensa mayoría niñas muy vulnerables de entre 13 y 17 años, según consta en el informe completo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Además, el partido ha vuelto a pedir una comisión de investigación en el Parlamento valenciano.
Los datos difundidos en el documento de la Sindicatura muestran la gravedad del asunto y la incidencia de los abusos en menores en situación de extrema vulnerabilidad.
De las 175 personas que han denunciado ser víctimas de abusos, 48 eran de sexo masculino y 127 de sexo femenino. Respecto a las franjas de edades, siete casos son extremadamente graves y están entre los 0 y 3 años; 18 casos entre los 4 y 6 años; 45 casos entre los 7 y los 12 años; y 105 casos entre los 13 y los 17 años, según constata la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
Del total de casos notificados, el 72,6 % de las víctimas eran de sexo femenino y el 27,4 del sexo masculino, por lo que siete de cada diez menores tutelados víctimas de abusos sexuales son niñas.
En cuanto a los agresores, de acuerdo con el informe del Síndic, 101 eran mayores de edad y 48 menores, mientras un total de 88 tenían parentesco con la víctima y 61 carecían de esta relación. Ninguno era profesional del sistema de protección, uno trabajaba en un centro educativo y otro era trabajador de actividades de ocio y deporte.
Y sobre el lugar de los hechos, el defensor recoge que 74 casos se produjeron en el domicilio familiar de la víctima, 17 en centros de acogida o socio-educativos, 15 en el domicilio de la persona agresora y otros 15 en la calle.
En total, 118 casos fueron denunciados y la diferencia hasta los 175 corresponde a los casos derivados de personas protegidas con conductas sexuales inadecuadas pero no delictivas o a que la persona agresora era menor de 14 años. No obstante, la Fiscalía de Menores ha tenido conocimiento de todos los casos denunciados.
Investigación en Bruselas
El Partido Popular ya ha remitido a Bruselas el documento de la Sindicatura que cuestiona la aplicación de protocolos frente a la violencia sexual contra niños y adolescentes para completar la investigación puesta en marcha por la Comisión de Peticiones a propuesta de la diputada autonómica, Elena Bastidas.
Mientras, fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han respondido a este periódico que varias de las recomendaciones de la Sindicatura ya están en marcha o a punto de aplicarse y resaltaron que, en un 90% de los casos, los abusos se produjeron fuera de los centros residenciales.
La Administración que tiene atribuida la tutela de los menores que se encuentran en situación de desamparo, en este caso la valenciana, cuenta con todos los recursos jurídicos a su alcance para adoptar las medidas de protección que resulten más convenientes en cada caso. Todo ello sin perjuicio de las medidas urgentes que hubieran podido adoptarse durante la tramitación del procedimiento de desamparo, e incluso antes, con el fin de brindar al menor la atención inmediata necesaria en casos como los de los abusos sexuales denunciados. Son hijos de la Generalitat Valenciana y es la Administración autonómica la que está obligada a brindar esa protección.
Por ello, el Síndic de Greuges, el socialista Ángel Luna, ha recordado en su resolución que “los datos expuestos evidencian la necesidad de intensificar las medidas para la prevención, detección temprana, notificación y atención a las personas menores víctimas y agresoras, hasta lograr su erradicación”.
El informe de la Sindicatura reconoce que la conselleria “ha realizado un notable esfuerzo tanto en lo referente a dotación de personal y equipos, como la formación de los profesionales que trabajan”. Igualmente, añade, “debe destacarse el esfuerzo realizado en general para adecuar protocolos que permitan la detección de casos, la notificación al ministerio fiscal y la denuncia en los casos”. Pero concluye que la conselleria podría hacer más, pues a su juicio “resulta imprescindible la urgente puesta en funcionamiento de las medidas previstas en la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”.
Igualmente, el síndic recomienda que, “de forma coordinada con el resto de consellerias implicadas, especialmente la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se intensifiquen las actuaciones de formación de los profesionales”.
En este sentido, recuerda que se trata de una “población especialmente vulnerable”, por lo que debería “intensificarse esta formación a profesionales de centros de protección de infancia y adolescencia, residencias socio educativas, entidades de seguimiento de medidas de acogimiento familiar, servicios sociales municipales, así como familias acogedoras”.
Revisión de protocolos
Los abusos sexuales a menores han experimentado un importante aumento en los últimos años y varios informes apuntan a un crecimiento de casos a través de las tecnologías. Organizaciones como Save the Children han alertado recientemente sobre la gravedad de los abusos sexuales que sufren los niños y las niñas, así como el calvario judicial cuando denuncian.
En este punto también se detiene el síndic y recomienda la elaboración de un único protocolo, además de la puesta en marcha de un mecanismo específico para evaluar su eficacia, y facilitar a las personas afectadas todos los recursos que tienen a su alcance. La Sindicatura ha pedido que se remita en el plazo de un mes el preceptivo informe en el que la conselleria manifieste si acepta o no sus indicaciones y por qué para reforzar los controles y sistemas de protección.
En sus alegaciones, la conselleria ya trasladó que, en relación con los protocolos elaborados por el abordaje de posibles situaciones de violencia sexual a menores, existe un documento del año 2017 que recoge las medidas a adoptar en caso de posibles hechos constitutivos.
En 2020, justo después de conocerse la primera condena de cinco años de prisión al exmarido de la vicepresidenta por abusos a una menor tutelada en el centro residencial en el que trabajaba, se emitió otra instrucción dirigida a los centros recordando la obligación de trasladar los hechos a la Fiscalía. Esta orden se remitió después de que el ministerio público alertara de que no se estaban trasladando denuncias de posibles casos abusos entre tutelados, un extremo que desde la conselleria siempre han negado.
A raíz de esta condena, la víctima presentó una denuncia contra la directora territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad, la directora del centro de acogida, la psicóloga de la sección del menor de la dirección territorial y una funcionaria de la misma Conselleria que instruyó un expediente interno. El juzgado la archivó con el visto bueno de la Fiscalía, pero la Audiencia de Valencian acaba de reabrir el caso.