La residencia de ancianos de Moncada (Valencia) en la que fallecieron seis personas tras un incendio está abierta sin contrato desde hace dos años. Así lo ha admitido este viernes la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, pero sólo después de que avanzara esta información el diario Las Provincias.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la líder de Compromís ha justificado la anomalía administrativa en la "falta de personal" de su departamento para poder tramitar las adjudicaciones a tiempo.
Así, esta residencia se encuentra, desde el 1 de julio de 2020, en situación de 'enriquecimiento injusto', un figura que permite a la Administración mantener un servicio sin la necesidad de tener que convocar concurso.
Mónica Oltra ha asegurado que este método de contratación "es habitual en la Administración valenciana por la falta de personal y de una ley de contratos adecuada".
Pero la situación de enriquecimiento injusto es un sistema excepcional que evita la licitación del correspondiente contrato por el procedimiento abierto y permite decidir de modo directo a la empresa que prestará el servicio. Los pagos se aprueban por el pleno del Consell.
Gesmed, un grupo en cuyo equipo directivo figura el exsecretario general de los socialistas valenciano Joan Igansi Pla, gestiona este centro desde 2019, cuando pasó a sus manos por sentencia judicial, y que está en prórroga desde antes de esta operación.
Entre 2010 y 2014, la residencia de Moncada estuvo en contrato con Clece. Este entró en prórroga de 2014 a 2015 y en enriquecimiento injusto entre 2015 y 2016. En 2016 se le adjudicó a La Saleta de 2016 a 2019, y desde el 31 de agosto de ese año, entró en prórroga hasta el 31 de diciembre. Por sentencia, pasó a manos de Gesmed el 1 de enero de 2020 y hasta el 30 de junio de ese año continúa en prórroga. Desde ese día está en enriquecimiento injusto.
Nuevo contrato
Según Mónica Oltra, el nuevo contrato, del que "está a punto de salir la licitación", ampliará las coberturas del último, y contará con mayor personal, en arreglo al decreto de programas y servicios sociales que se está elaborando.
Según han apuntado fuentes del sector de las residencias a EL ESPAÑOL, gran parte de los centros públicos de gestión privada de la Comunidad Valenciana están en esta situación. Denuncian la "inseguridad jurídica" que les provoca esta circunstancia y los retrasos en los pagos, porque tienen que aprobarse en el pleno del Gobierno valenciano.
El sector afirma que no afecta al servicio que prestan, pero reconocen que trabajar sin contrato influye en los precios porque no se actualizan.
Según constata la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, solo entre 2016 y 2019, Oltra pagó 357 millones sin contrato por servicios prestados por su Conselleria a través de este método. Mónica Oltra es vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas desde junio de 2015.
Respecto a la evolución de los heridos, quedan ocho personas hospitalizadas por el incendio, tres de ellas con pronóstico grave, mientras que 17 usuarios han sido realojados en centros cercanos a la espera de reacondicionar las instalaciones afectadas por el fuego.