La alto cargo investigada por tapar los abusos del marido de Mónica Oltra es de su círculo de confianza

El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha citado como imputados –ahora investigados- a los seis cargos de la Conselleria de Igualdad que formaron parte de la gestión y posterior tramitación de la denuncia. Los hechos ocurrieron en 2017, dos años después de que Oltra asumiera las riendas de la conselleria.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a EL ESPAÑOL, las personas investigadas en estas diligencias son las directoras territoriales de la Conselleria en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, así como una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Conselleria.

Además, también han sido citadas una funcionaria que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Conselleria, y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde residía la menor y ocurrieron los hechos. Las citaciones de las personas investigadas han sido señaladas para los días 28 de febrero, 2 y 3 de marzo a partir de las 17 horas

Entre todas las personas citadas como imputadas destaca el nombre de Isabel Serra, directora territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad en el momento en el que se produjeron los hechos y persona del círculo de confianza de Mónica Oltra. Ella aparece en la investigación como la responsable de encargar el informe que desautorizaba el testimonio de la niña tutelada objeto de abusos sexuales.

Serra fue candidata a concejal en 2019 por Compromís en Xàtiva (Valencia). Según consta en la base de datos del personal de la Generalitat, está asignada ahora al servicio de orientación e intermediación laboral de la Conselleria de Economía, también dirigida por Compromís.

Serra es de Xàtiva, una de las ciudades más importantes del interior de la provincia de Valencia, y forma parte del partido fundado por Mónica Oltra, Iniciativa, el socio minoritario de Compromís. Antes, en 2007, estuvo afiliada a Izquierda Unida y proviene de una familia conocida por su lucha antifranquista.

Responsable del informe

Los abusos a la menor tutelada sucedieron en 2017 y un año después, en 2018, el nombre de Serra saltó a los medios de comunicación tras aceptar integrarse en el proyecto político de Oltra y apartar a la anterior dirección.

Muy cercana a Oltra, su fichaje se atribuyó a la proximidad con la vicepresidenta valenciana y formó parte de la corriente que promovía cambios en la dirección local.

Serra se integró en el partido de Oltra y logró un puesto en la Ejecutiva de Compromís en Xàtiva tras un proceso traumático para la coalición. Los nuevos dirigentes borraron de la lista a históricos soberanistas del Bloc (ahora Més-Compromís), el socio mayoritario en Compromís, y la coalición se desintegró. Compromís pasó de formar parte del Gobierno municipal con el PSOE entre 2015 y 2019 a quedarse sin representación.

En 2019, Serra se situó en el puesto número 7 de la lista que presentó la coalición en las elecciones municipales de 2019. Los resultados fueron desastrosos, Compromís se partió en dos y se quedó sin representación en el Ayuntamiento.

Imagen de campaña de Isabel Serra, candidata número 7 de Compromís en Xàtiva en 2019.

La investigación se encuentra en una fase muy incipiente y deberá determinar si la conselleria de Oltra ocultó la denuncia de abusos y no cumplió con su obligación de proteger a una menor tutelada. La primera diligencia será tomar declaración a las personas querelladas. 

La denuncia afirma que fue Isabel Serra la persona "que ordenó la elaboración" del expediente que restaba credibilidad al testimonio de la niña de 14 años tutelada que había denunciado ser objeto de abusos sexuales por parte de un educador. Este expediente fue remitido a la Fiscalía dos años después, en 2019, fecha en la que ya se había dictado la primera sentencia condenatoria contra el educador.+

La joven mantiene que durante varios meses las personas responsables de la conselleria y el centro omitieron su deber de denunciar. A partir de ahí, explica que sufrió un calvario, "desacreditándola mediante argumentos ad hominen y ataques personales", reconoció la Audiencia de Valencia tras la reapertura.

"Cacería de la extrema derecha"

Mónica Oltra salió este martes en defensa del trabajo realizado por las personas que han sido citadas a declarar. Cree que la denuncia responde a "una cacería política de la extrema derecha" que augura que "no tendrá ningún recorrido". Por ello, reprochó al PP "ir a rebufo" de la extrema derecha sin "importarles manchar el nombre de funcionarias públicas porque no tienen proyecto".

Oltra insistió en que se trata de "una querella de la extrema derecha" y es "importante saberlo porque determina lo que está detrás". Al respecto, subrayó que en las Cortes Valencianas ha dado todas las explicaciones y "cada explicación ha tenido un papel detrás" .

En este sentido, apuntó que los grupos de la oposición han tenido "acceso a toda esta documentación, todas las veces que lo han pedido y todo el tiempo que han querido" e incluso han podido hablar con las funcionarias. Por ello, "ningún partido ha ido a denunciar porque conocen perfectamente el caso".

Por ello, lamentó que el PP vaya ahora a "rebufo y chupando rueda de la extrema derecha", pues "eso después tiene las consecuencias que tiene". "Si creen que lo correcto es llevar la cacería política al juzgado, implicar a unas funcionarias profesionales y manchar el nombre de funcionarias públicas, si esa es la manera que tiene el PP de hacer política es que no tienen ningún proyecto para este país, y esto se está viendo aquí y en toda España", concluyó.

El juzgado ha abierto la investigación tras una denuncia y una querella por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por la menor, representada en este proceso por el líder del partido ultra España 2000, José Luis Roberto. En un primero momento, el juez archivó las diligencias y la Fiscalía se sumó a la decisión al considerar que, al no ser firme la sentencia por estar pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo, no era el momento de acordar las citaciones.

En cambio, la Audiencia de Valencia anuló la decisión y pidió al juez que iniciara las pesquisas sin más dilaciones. El tribunal concluyó que los trabajadores de la Administración valenciana “victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos ad hominen y ataques personales”.