La ley valenciana de caza enfrenta a Compromís con los agentes medioambientales y colectivos ecologistas. Los técnicos y la organización sindical CGT acusaron este lunes a la consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, de cambiar la ley de “tapadillo” en diciembre y cuestionaron que deje en manos de los cazadores la organización de los cotos.
La consecuencia de esta decisión, puntualizan, es que la reserva de áreas mínimas de zonas de fauna, dedicada "al libre tránsito de animales", queda ahora en manos de los cazadores. La normativa obliga a dejar un espacio para la fauna en cada coto y, con los cambios legislativos, la Administración autonómica ha renunciado a inspeccionar si estos espacios son suficientes, subrayan los agentes.
La modificación de la ley valenciana de caza establece el silencio positivo en los planes técnicos de ordenación cinegética y se aprueban sin control por falta de resolución de la conselleria, añaden. Por ello, consideran que los cambios vulneran leyes estatales, que en asuntos vinculados al entorno natural no establecen el silencio administrativo, y han pedido al Gobierno central que presente un recurso de "inconstitucionalidad".
Entre las modificaciones aprobadas por la consellera de Compromís hay tres que permiten la caza en los cotos sin tener aprobadas, sino simplemente presentadas, sus normas de gestión: el Plan Técnico de Ordenación Cinegética (PTOC), la Memoria Anual y el Plan Anual de Gestión.
Según los denunciantes, los cazadores han reservado como zonas de fauna los aparcamientos de vehículos de los cotos, tal y como muestran las fotografías difundidas a los medios de comunicación. La Generalitat Valenciana no se está oponiendo porque ha establecido el silencio positivo como resolución general. Al estar reservado ese espacio para vehículos, la fauna se queda sin espacio para circular libremente.
230.000 cazadores
La petición llega días después de que el Consejo de Ministros aprobara la primera ley de protección, derechos y bienestar animal en España. Los agentes medioambientales reiteraron que la conselleria "no puede seguir ignorando su obligación de vigilar el cumplimiento de las leyes de su competencia a través de su personal, tanto técnicos como agentes medioambientales".
Así, los agentes acusan al Consell "de estafar a la ciudadanía", pues "están cobrando un sueldo público y no les dejan trabajar por el total abandono de su servicio que les impide vigilar el cumplimiento de la Ley de Caza".
Igualmente, CGT se preguntó este lunes "dónde están los principios ecosocialistas que tanto proclama la Generalitat Valenciana" y denuncia "el discurso vacío sobre la sostenibilidad que tanto pregona, como se está demostrando en otras actuaciones con un gran impacto negativo sobre la sostenibilidad ambiental".
Valencia cerró el año 2020 como la tercera provincia con mayor número de licencias de armas para la actividad cinegética, con 108.318, solo por detrás de Madrid (241.256) y Barcelona (108.570). En total, la Comunidad Valenciana cuenta con unos 230.000 permisos, según los datos del Gobierno central.
Burros antiincendios
Mireia Mollà acumula varias polémicas en los últimos meses al frente de la Conselleria de Medio Ambiente. En septiembre, Benjamín Pérez, director general de Medio Natural de la Generalitat Valenciana, dimitió de su cargo tras la muerte de una decena de los cincuenta burros utilizados por la Administración Valenciana para prevenir los incendios en el parque natural del Desert de les Palmes, en Castellón.
El programa consistía en la suelta de medio centenar de ejemplares (46 adultos y 4 crías) en los alrededores de la ermita de Les Santes Cabanes para que limpiaran el monte de forma natural. Pero solo dos meses más tarde, la propia Generalitat daba por concluido el mismo. Medio Ambiente se limitó a indicar, sin reconocer que habían muerto los animales, que la iniciativa no estaba funcionando.
Mollà, en la rueda de prensa en la que abordó esta cuestión, expuso que su departamento había abierto un expediente por este asunto. Ese informe concluyó que el cuidado de los burros no se realizó con la "diligencia que corresponde". Tampoco hubo una "tutela adecuada" de la Administración pública, por lo que debían asumirse "responsabilidades administrativas y políticas".