Mónica Oltra se aferra al cargo pese a que el juez pide imputarla: "No voy a dimitir, no hay ilegalidad"

"No voy a dimitir". Así de rotunda se ha pronunciado este viernes Mónica Oltra tras conocer que el juez ha pedido al TSJCV su imputación en la causa que investiga si su departamento, Igualdad, desacreditó a la menor tutelada abusada por su exmarido. "No puede haber sentencia condenatoria porque no hay ninguna ilegalidad ni nada ilícito", ha augurado la vicepresidenta valenciana en declaraciones recogidas por la radiotelevisión valenciana À Punt en Madrid.

Compromís, en la misma línea, ha trasladado este viernes "el máximo apoyo, reconocimiento y cariño a su portavoz y Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra". La coalición, además, ha insistido en "dejar patente" que el procedimiento en cuestión "parte de acciones de la extrema derecha, a las que lamentablemente está haciendo seguidismo a la derecha, en una deriva política inaceptable que tiene como único objetivo su desgaste personal y político". PP, Ciudadanos y Vox han pedido este viernes su dimisión.

Como informó EL ESPAÑOL, el magistrado ha firmado este viernes un auto por el que acuerda elevar a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el caso para que interrogue a la líder de Compromís. Según consta en la notificación, el juez Vicente Ríos ha concluido que "Mónica Oltra debe ser oída como investigada" y remite una exposición razonada con "hechos presuntamente delictivos atribuidos a la aforada y los demás investigados en la causa".

Esta investigación trata de determinar si el departamento de Oltra ocultó el caso y montó una investigación "parajudicial", según estimó la Audiencia de Valencia, para restar credibilidad al testimonio de Maite, la víctima. 

Según subraya ahora el juez, "se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos". La resolución llega después de que este periódico avanzara que el juzgado se había interesado por las personas empadronadas en la vivienda familiar de Oltra mientras su exmarido abusaba de la menor.

"Indicios racionales"

"Se han acordado y practicado numerosas diligencias de investigación de carácter documental y se ha oído a todos los investigados no aforados", razona el instructor. Por tanto, considera "ineludible que, para la completa investigación de los hechos (...) sea oída la honorable señora Oltra como investigada, diligencia esta que este Juzgado de Instrucción no puede llevar a cabo por tratarse de aforada y ser competente para ello la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV".

La resolución recoge que "existen indicios racionales, serios y fundados de participación de Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat en los hechos objeto de las presentes diligencias".

El juez destaca que "cuando tuvieron lugar los hechos (...) Ramírez era el marido de la vicepresidenta y consellera, bajo cuya tutela se encontraba entonces Maite y, por ello, superior jerárquicamente de todos los Funcionarios Públicos que tuvieron relación con los hechos ahora investigados".

Así, el instructor considera que no resulta ya posible “progresar en la investigación ordenada” sin que la vicepresidenta del Consell “sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas”.

La denuncia

El juzgado abrió esta investigación tras una denuncia y una querella por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por la menor, Maite Tanco, representada en el procedimiento judicial por el líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto.

En un primer momento, el juez archivó las diligencias y la Fiscalía se sumó a la decisión al considerar que, al no ser firme la sentencia de los abusos por estar pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo, no era el momento de acordar las citaciones. 

En cambio, la Audiencia de Valencia anuló la decisión y pidió al juez que iniciara las pesquisas sin más dilaciones. El Tribunal concluyó que los trabajadores de la Administración valenciana "victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos ad hominen y ataques personales" con la investigación paralela. Vox se ha sumado como acusación popular.