Mónica Oltra podría ser imputada en semanas por la gestión del caso de los abusos de su exmarido, Luis Ramírez, condenado a cinco años de prisión por estos hechos. Algo que abriría una crisis a Ximo Puig a un año de las próximas elecciones autonómicas.
El juez Vicente Ríos ha concluido que la líder de Compromís y su equipo nunca tuvieron la voluntad de esclarecer los abusos de su exmarido y los ha acusado de encubrimiento.
La vicepresidenta valenciana atribuye el procedimiento a una persecución de la extrema derecha y asegura que ha dado todas las explicaciones oportunas en les Corts Valencianes, pero el instructor considera que existen indicios razonables para interrogarla. Puig ha asegurado estos días que no comparte las "teorías de la conspiración", en alusión a los argumentos esgrimidos por su vicepresidenta para defenderse.
Mónica Oltra está aforada y, por tanto, cuenta con privilegios jurisdiccionales. Ningún juzgado ordinario puede citarla como investigada, porque cuenta con el acta de diputada autonómica. Solo por ejercer un cargo público, goza del derecho de ser juzgada por un tribunal distinto al que corresponde a cualquier ciudadano normal.
Oltra contará con ventaja y, de momento, esta protección ya le permite manejar los tiempos según sus intereses personales, una cuestión fundamental para mantenerse en política. Hasta 13 personas de la Conselleria de Igualdad llevan meses investigadas y pendientes de las resoluciones judiciales. La vicepresidenta por el momento se ha librado de dar explicaciones en un juzgado y contará con un tribunal de mayor rango, que valorará de nuevo los indicios acumulados por el juez Ríos.
La razón original para mantener esta figura es evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario, cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones.
Aforados en España
Se calcula que en España hay más de 250.000 aforados. Entre los aforados están los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, Familia Real, instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, defensores del Pueblo estatal y autonómicos... ).
Los estatutos de autonomía de cada territorio reconocen la protección de los cargos públicos, pero no todos los aforamientos son iguales. En el caso de jueces y fiscales de base, solo pueden actuar contra ellos tribunales superiores por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo. En cambio, la protección del aforamiento de los cargos públicos se extiende también a los posibles delitos cometidos en su vida privada. Canarias eliminó esta figura en 2018.
No existe otro país en el mundo con tantas personas aforadas. Todos los partidos han defendido alguna vez su limitación y en Valencia, cuyo Parlamento llegó a contar con 13 diputados del PP investigados por supuesta corrupción, el debate sobre la eliminación de los aforamientos se ha ido diluyendo y cayendo de la agenda pública con el paso de los años.
Mónica Oltra cuestionó esta figura desde la oposición e incluso presentó una Proposición No de Ley para iniciar el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía, con el fin de eliminar el aforamiento de los diputados valencianos. La vicepresidenta valenciana consideró que el aforamiento "no puede ser una herramienta para pervertir el proceso judicial" e insistió en la necesidad de que se legislara para eliminarlo, con el fin de que todos los diputados estén sometidos a la jurisdicción ordinaria.
¿Qué implica el aforamiento? Según defendió la líder de Compromís en 2014, supone "un trato desigual ante la ley, originado en el cargo de representación que desempeña la persona, otorgando un aforamiento especial jurisdiccional, que implica que las causas que se puedan seguir contra ésta las pueda conocer un tribunal concreto".
"En nuestro territorio hemos visto cómo los diputados imputados han utilizado la dimisión para paralizar un procedimiento penal, para que éste vaya a otro juzgado, para volver a empezar el procedimiento o para volver a tener la posibilidad de pedir nulidades", denunció Oltra en un comunicado difundido por Compromís.
La dirigente valenciana recordó que este "trato desigual" no existe con el mismo nivel de amplitud ni en países de nuestro entorno europeo ni en Estados Unidos y ha señalado que se dice que España "es el Estado con mayor número de aforados del mundo". Además, insistió en que el motivo de su existencia se remonta a la transición política, cuando se buscó proteger la libertad de expresión y las garantías de ejercicio democrático de los cargos electos.
Sin embargo, en la práctica esta especial protección fue ampliándose y finalmente "se ha convertido en un instrumento de trato desigual, utilizado como obstáculo para las investigaciones judiciales y generando retrasos en los procesos ya de por sí tardíos".
"Dado que el aforamiento se recoge en una ley aprobada por Les Corts, nos corresponde a nosotros pedir y aprobar que lo deje de ser, a fin de exigir un trato igual de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas ante la Justicia", defendió.
Incluso planteó que era "necesario que se legisle para eliminar el aforamiento y que todos los diputados tengan el mismo juez predeterminado por la ley que el resto de ciudadanos". El alcalde de Valencia, Joan Ribó, también defendió esta posición años después.
En la anterior legislatura, Ciudadanos impulsó los cambios legislativos en este sentido para evitar una doble vara de medir y avanzar en la regeneración democrática. Pero el partido naranja se encontró con el rechazo del PSPV-PSOE y Compromís.
Regeneración en pausa
En el ámbito estatal, el debate también sigue en el limbo mientras los cargos públicos siguen gozando de este amparo judicial. Tras la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy (PP) de la Moncloa en 2018, el presidente Pedro Sánchez (PSOE) llegó a anunciar una reforma exprés para reducir los aforamientos. La iniciativa nunca llegó al Congreso.
Y en 2019, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, respaldado por Compromís, recogía otra reforma para limitar el aforamiento al ejercicio del cargo público que ocupa un representante político. El compromiso sigue en el aire.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) tendrá que extremar ahora las garantías en torno al papel de Oltra en la gestión del caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Debe valorar si comparte los criterios del juez Ríos, válidos para mantener la acusación contra 13 personas de la Conselleria de Igualdad con el apoyo de la Fiscalía de Valencia.
Algunos de los cargos y funcionarios investigados en este caso se han opuesto a que el caso pase al TSJ-CV y han recurrido la decisión al considerar que les perjudica. La Fiscalía se ha opuesto, pero todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto y sobre la supuesta actuación delictiva de Oltra.
La vicepresidenta valenciana ya ha advertido que no dimitirá aunque sea juzgada por este caso. Oltra cuenta, por el momento, con apoyos de destacados cargos de su coalición para mantenerse como reclamo electoral de Compromís en Valencia.