La supuesta corrupción y el reparto de comisiones a cambio de concesiones urbanísticas millonarias le han estallado a PP y PSOE en Valencia a un año de las próximas elecciones autonómicas.
Este jueves ha saltado una nueva macrocausa penal que acredita una supuesta corrupción sistémica en el Ayuntamiento de Valencia que habría servido a los dos grandes partidos para financiarse durante años, según apunta la información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Además, se investiga si los imputados financiaron la actividad de un tercer partido para frenar el ascenso de otras formaciones políticas y mantenerse en el poder.
El juzgado que ha asumido las diligencias derivadas de la Operación Azud, la trama de la que formaría parte el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, ha acordado el levantamiento de parte del secreto de sumario tras cinco años de investigación. La investigación está compuesta por 700 tomos y los investigados deberán acudir la próxima semana al juzgado.
El despacho profesional del cuñado de Barberá, Corbín Abogados, habría actuado de intermediario con las empresas a cambio de mantener una posición privilegiada en los concursos públicos. Las comisiones se habrían camuflado a través de facturas falsas, según los investigadores,
La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación en secreto en 2017, tras estallar la Operación Taula, después de que la Agencia Tributaria alertara de que la facturación del despacho cayó en picado tras perder Barberá la Alcaldía de Valencia en 2015.
En este caso se investigan los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal, y figuran como imputadas más de 60 personas entre cargos públicos, empresarios y funcionarios.
Entre los investigados se encuentran, además de la familia Barberá -cuñado, hermanas y sobrinas- el ex vicealcalde de Valencia con el PP, Alfonso Grau; el exconcejal socialista y ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil; el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer o Carlos Turró, de la constructora Cleop e investigado en otros casos de corrupción como Imelsa.
La trama
La macrocausa está compuesta por 700 tomos y dividida en varias piezas separadas. Es la primera vez que una sola investigación contra la corrupción salpica a partes iguales a PP y PSOE en Valencia.
En 2019, la Guardia Civil detuvo a Corbín y permaneció varias semanas en prisión provisional. La investigación le atribuye el supuesto cobro de comisiones a cambio de grandes concesiones y los agentes han acreditado que el dinero lo empleó en la adquisición de propiedades. Una de ellas está en Xàbia (Alicante) y los agentes la registraron durante la operación policial.
El entramado del cuñado de Rita Barberá fue la mirilla por la que se asomó la Guardia Civil para seguir estirando del hilo. A partir de ahí, el silencioso trabajo del juzgado ha permitido aflorar el resto de delitos.
Años después, en 2021, el juzgado completó la segunda fase de la operación y los agentes detuvieron al entonces subdelegado del Gobierno en Valencia y exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Rubio. También le imputan el supuesto cobro de 'mordidas' y se enfrenta a seis años de prisión por una pieza separada del caso Imelsa. Su mujer figura entre las investigadas por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Una de las claves del caso es la financiación de partidos. Al parecer, los agentes han encontrado abundante documentación que acreditaría que PP y PSOE habrían financiado su actividad política durante años con las comisiones recibidas. No se investiga la financiación de partidos como tal, sino que con el dinero se habría pagado la actividad diaria de las formaciones.
Paraíso fiscal
El juzgado ha abierto el secreto de sumario después de que un grupo de investigadores se desplazara la semana pasada a un paraíso fiscal en busca de pruebas y dinero desviado. Esta parte del caso seguirá secreta a la espera de que las entidades bancarias instaladas en estos países informen de los movimientos requeridos.
En esta caso, la magistrada justifica el secreto parcial en relación con estas actuaciones porque parte de ellas tienen que ser objeto de comprobación e investigación por la Policía Judicial y en otra parte que afecta a la causa principal porque se están realizando "diligencias esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la instrucción".
La instructora ha citado desde el 26 de abril y en días sucesivos, en grupos de ocho a diez investigados a través de su representación, para hacerles la entrega de la causa en soporte informático, y en otras dos jornadas más a principios de mayo a otros ocho investigados, entre ellos empresarios, cuya imputación ha sido diferida hasta la fecha precisamente por razón del secreto de sumario.