El juez que el PSOE fichó para combatir en Valencia la corrupción del PP cobró 1,3 millones en mordidas

José Luis Vera, el exjuez que el PSOE colocó en la Diputación de Valencia como asesor jurídico con la idea de que combatiera la corrupción del PP, cobró mordidas por valor de 1,3 millones de euros a cambio de favorecer los intereses de grandes promotoras en diversas administraciones socialistas.

Vera, que ha ejercido durante años de magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia por el cuarto turno (el que se reserva para abogados de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada), es uno de los cabecillas de la supuesta "organización criminal" que se investiga en el caso Azud, que desmanteló la Guardia Civil y que supuestamente repartió comisiones millonarias entre cargos del PP y del PSOE durante 20 años. 

A Vera se le atribuye el papel de conseguidor de contratos en Administraciones gobernadas por los socialistas. La apertura del sumario, ordenada la semana pasada, ha sacado a luz que intentó manipular su cuenta de correo oficial en la Diputación tras ser detenido.

Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE. Según la investigación, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros".

Del conjunto de las operativas en las que intervino José Luis Vera "se desprende que éste desarrolló su actividad hacia el Grupo Axis en un marco temporal que al menos se extiende entre los años 2007 y 2012, siendo su cometido posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis y no la prestación de asesoría jurídica de cualquier tipo". El grupo Axis es propiedad del empresario de la construcción Jaime Febrer, uno de los corruptores del entramado, según consta en el sumario.

La juez Pepa Tarodo ha constatado que Vera actuaba de supuesto conseguidor de contratos públicos de Administraciones en manos del PSOE.  Y la operativa creada para camuflar las comisiones es "idéntica" a la que utilizó el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, para ocultar las mordidas del PP. 

El azote del PP

Vera ha ejercido de magistrado durante años y figura como ponente en más de 2.500 resoluciones, según su currículum. Asesor del Gobierno socialista de Gandía bajo la Alcaldía de José Manuel Orengo, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Valencia (UV), en 2015 su partido le encomendó limpiar la corrupción en la provincia tras los escándalos de Alfonso Rus o Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero.

Años antes, fue el encargado de denunciar la corrupción en la construcción de Terra Mítica o los contratos de la Generalitat con Julio Iglesias. Además, ejerció la acusación de la Unión de Consumidores de España en el caso Fabra y fue socio del despacho de abogados de cabecera de los socialistas valencianos.

Desde 2015, se presentó ante el resto de partidos y medios de comunicación como un colaborador habitual de la Fiscalía Anticorrupción. Pero los investigadores ya seguían, con cautela, el rastro del dinero que recibió.

Vera sigue aun hoy como asesor jurídico de la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, a la espera de que se liquide. Se ha mantenido todo este tiempo en la empresa por su relación próxima con el entorno de confianza del presidente valenciano, Ximo Puig.

Su gestión ha sido polémica. En 2016, la Diputación de Valencia tuvo que abortar la publicación del pliego de condiciones para subcontratar la acusación particular en el caso Imelsa ante las dudas que generó el elevado precio máximo que preveía el contrato: 600.000 euros. El pliego lo redactó Vera y su propuesta llegó tras abonar 90.000 euros a una abogada socia de su antiguo despacho.

Por otra parte, su intervención fue determinante para iniciar una investigación contra el expresidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, por supuesta corrupción. Rodríguez acabó marchándose del PSOE y fundando su propio partido para mantenerse como alcalde de Ontinyent (Valencia).

Corruptor de socialistas

A modo de ejemplo, la Guardia Civil cita en uno de los informes incluidos en el sumario los abultados honorarios que cobraba Vera por convocar reuniones entre el constructor y dirigentes socialistas y del Bloc, el partido mayoritario en Compromís, hoy rebautizado como Més Compromís.

En 2008, José Luis Vera habría percibido 174.000€ (150.000€ + IVA) del constructor con motivo de la firma de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Burjassot, un municipio próximo a Valencia.

"Aparentemente y según las evidencias recopiladas, la participación de José Luis Vera en relación a este convenio se circunscribe principalmente a una serie de reuniones de aparente carácter político", señala la Guardia Civil. En estas reuniones, además de Vera o Febrer, también participó el exeurodiputado de Compromís Jordi Sebastià, entre otros dirigentes.

Las medidas de investigación relativas a José Luis Vera se fundamentan "en la indiciaria participación del mismo en delitos continuados de cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales", ha justificado la juez para mantener su acusación.

Vera "aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer consiga sus propósitos de trato de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas", ha concluido la instructora en sus autos.