La falta de un acuerdo entre PSPV-PSOE y Compromís en el Gobierno valenciano ha dejado en el aire el nivel de capacidad lingüística del valenciano que se exigirá a partir de ahora para acceder a una plaza de alto funcionario en la Generalitat Valenciana.
La consellera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo, ha confirmado este martes que se inclina por exigir a los altos funcionarios el mismo nivel que se adquiere cuando se finaliza la etapa educativa en bachillerato. Así, Bravo ha defendido exigir el nivel B2 de valenciano al alto funcionariado de la Administración valenciana, mientras que en otros colectivos, como el profesorado de educación infantil, se les exige el nivel medio (C1).
De este modo, sí hay acuerdo para los distintos grupos del personal de la Administración. En cambio, no hay consenso para la exigencia a los grupos A1 y A2 (el alto funcionariado). La comisión de competencia lingüística, reunida este lunes y de la que forman cargos socialistas y de Compromís, trasladó dos alternativas distintas que la conselleria estudiará para elaborar su futuro decreto.
La opinión de Bravo ha causado un profundo malestar en el seno de Compromís. La coalición, en la que los soberanistas valencianos son mayoría, ha pedido una rectificación inmediata y ha denunciado que el plan del PSPV-PSOE "contraviene los objetivos marcados por el Estatut de Autonomía".
En cambio, Bravo ha defendido este martes que su intención es llegar a un "acuerdo razonable" que no puede pasar "por exigir un plus y niveles superiores de los que el sistema educativo debe garantizar a la ciudadanía"."De la misma manera que no se pide un plus con el castellano, no podemos hacerlo con el valenciano", ha subrayado.
La comisión de competencia lingüística reunida este lunes en la conselleria.
La aprobación de la Ley valenciana de Función Pública, en 2021, acabó dejando para más adelante la decisión sobre el nivel de valenciano necesario para poder opositar. Hasta ahora, el conocimiento de la lengua cooficial había sido un mérito más en las ofertas públicas de empleo, pero no un requisito exigible para poder obtener plaza de empleado público. A partir de ahora se exigirá unos conocimientos mínimos.
La comisión de competencia lingüística entregó este lunes sus conclusiones a la consellera. Este órgano ha planteado que al personal de más alto nivel (grupo A) se les plantea la exigencia de un nivel C1 de valenciano (el mitjà) o incluso B2 (el antiguo elemental), el que se consigue con el bachillerato, el mismo que se solicitará a los auxiliares administrativos de la Generalitat.
En concreto, el documento fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, la Comisión traslada dos alternativas que la Conselleria de Justicia "estudiará" para elaborar el decreto: exigir B2 o el C1.
Bravo ha explicado que la posición mayoritaria de la comisión, al igual que la suya, es que para acceder a la función pública se tiene que exigir el nivel de capacitación que ofrece el sistema educativo.
"Si la finalidad de nuestro sistema educativo es garantizar el pleno conocimiento del castellano y el valenciano, no hay razón alguna para que, al acceder a la función pública, tengamos que exigir un nuevo examen para seguir valorando si los conocimientos adquiridos en la etapa educativa son los adecuados", ha dicho.
Modelo gallego
En Compromís no esconden su malestar, pero Bravo ya ha advertido de que no permitirá de que se exija más valenciano del que aprendemos en el instituto. "Las discrepancias se intentarán solucionar como lo hemos hechos siempre", ha indicado la dirigente socialista durante un encuentro con los medios de comunicación.
Bravo ha reiterado que "un acuerdo razonable no puede pasar por un exigir un plus" y ha pedido a la Conselleria de Educación, en manos de Compromís, que trabaje en un decreto de homologación de los niveles de valenciano para que en Valencia se exija la misma titulación que en Galicia o Cataluña.
No parece probable que se consiga un acuerdo entre PSPV y Compromís en lo que queda de legislatura. Además, Bravo ha avanzado que se establecerá un periodo de transición de uno o dos años para que no afecte a las oposiciones convocadas actualmente.
En siete años de Gobierno autonómico en coalición, los dos socios no han sido capaces de acercar posturas en este asunto. Este lunes, Compromís denunció que "es profundamente incoherente que exista pleno acuerdo en la capacitación lingüística del profesorado de educación Infantil, por ejemplo, a quién se le exige el nivel 'mitjà' de valenciano, pero que en cambio se proponga un nivel inferior para personal que a ser competente para entender y redactar informes de alto valor administrativo.