Las distintas propuestas que parten de la izquierda para acabar con la prostitución en España han provocado un nuevo choque en Valencia entre el PSOE y Compromís, a un año de las elecciones.
El equipo que encabeza la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha presentado alegaciones importantes al anteproyecto de la ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos que promueve el equipo de Ximo Puig con la idea de convertir a la Comunidad Valenciana en el primer territorio abolicionista de España.
La norma prevé en su redacción inicial multa de hasta 60.000 euros y el posible cierre durante tres años de los locales donde se ofrezcan servicios de prostitución o se fomenten, incluso con el consentimiento de quienes los presten.
La Conselleria de Igualdad se opone a los cambios y recuerda en su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que "el principal instrumento para conseguir la abolición que pretende la modificación de la ley, es catalogar infracciones y por tanto, sancionarlas". Para el departamento de Oltra, con esta decisión "se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración" y se estigmatiza a las mujeres.
La iniciativa legislativa parte de la consellera de Justicia e Interior, la socialista Gabriela Bravo, con quien Mónica Oltra ha protagonizado varios desencuentros públicos desde que comparten responsabilidades en el Consell. El último tuvo lugar después de que Bravo se pronunciara en una entrevista en la Cope sobre la posible imputación de Oltra por la gestión del caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.
El PSOE de Ximo Puig defiende el cambio de la ley para acabar con toda forma de prostitución que se desarrolla dentro de locales y ahora deberá pasar el filtro de sus socios, Compromís y Unidas Podemos.
Según la encuesta encargada por la Generalitat, uno de cada cinco hombres han pagado por sexo a lo largo de su vida y la prostitución sigue vinculada claramente al ocio entre los más jóvenes.
La consellera Bravo presenta la estrategia valenciana para la abolición de la prostitución.
Campaña del PSOE
Hace más de un año que el PSOE promueve esta iniciativa en Valencia. Desde entonces, la consellera Bravo mantiene una posición proactiva, ha presentado diversos estudios y ha puesto en marcha una campaña para fomentar la abolición entre la juventud.
En abril, Puig y Bravo asistieron al concierto Joves per l'abolició organizado en Alicante para concienciar a los más jóvenes de que la prostitución es una forma de violencia sexual. Contó con las actuaciones de los alicantinos Varry Brava, Vienna y Mailers.
Ximo Puig y Gabriela Bravo en el concierto por la abolición organizado en abril en Alicante.
En Compromís reprochan al PSOE que Bravo invada asuntos que no figuran entre sus competencias. Y en las alegaciones, Igualdad subraya que, pese a que se indica que con la modificación propuesta se pretende sancionar únicamente la demanda de prostitución en los establecimientos públicos, en realidad estas multas "suponen, de facto, una sanción indirecta a las mujeres que ejercen la prostitución".
El equipo de Mónica Oltra explica que si las personas prostituidas se encuentran en situaciones "de gran vulnerabilidad" deberían adoptarse medidas "para favorecer y garantizar la salida de esta situación, y no agravarla a través de la penalización indirecta de las mujeres que se dedican a la prostitución".
Frente a una visión abolicionista, continúa el texto, "la política de Amnistía Internacional establece claramente que las autoridades deberán actuar en el sentido de reconocimiento de derechos y eliminación de discriminación, así como garantizar marcos y servicios que permitan a la gente abandonar el trabajo sexual si lo desean y cuando lo deseen".
En definitiva, traslada el equipo de Oltra, "la propuesta de modificación se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución y sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercen la prostitución, especialmente a aquellas que menos recursos tienen o que se encuentran en situación administrativa irregular".
"Se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración", advierten desde el entorno de la vicepresidenta, pues consideran que "este marco abolicionista aumenta la estigmatización social de las mujeres que ejercen la prostitución y debilita sus redes de apoyo".
Asimismo, considera que las medidas afectarán "en gran medida a las personas trans, que sufren un desempleo del 85%, y han de recurrir al trabajo sexual como única opción".
Por todo lo expuesto, concluye el informe de las alegaciones, "consideramos que el órgano proponente -en este caso la Conselleria de Justicia- se arroga competencias que corresponden a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas.
Pot todo ello, traslada que "no resulta apropiada la modificación de una Ley de espectáculos públicos con el objetivo de abolir la prostitución, dado que éste último excede el marco sustantivo de la ley, así como las competencias autonómicas".
El modelo nórdico
Las feministas del PSOE están convencidas de que Valencia será el primer territorio abolicionista y Bravo ya ha presentado, junto a descatados alcaldes del PSOE, un modelo de ordenanza municipal para sancionar el consumo. Ramón Marí, alcalde socialista de la localidad valenciana de Albal, ha promovido una ordenanza con la que multan con 800 euros a puteros de carretera.
Pero Mónica Oltra defiende que "las experiencias internacionales de modelos abolicionistas ponen en cuestión sus resultados". Así, cita el modelo sueco y asegura que "no existe evidencia de una disminución de la demanda ni de reducción consumo de prostitución, ni de ofrecimiento ni de consumo de servicios", pues "se ha producido un traslado a lugares menos visibles".
En este sentido, añade que tras "la implantación del modelo se redujo la prostitución callejera, trasladándose a otros espacios menos visibles, y difíciles de rastrear, dado que la mayoría de los contactos relacionados con la prostitución se inician en línea a través de sitios web o redes sociales".
En las alegaciones, Igualdad repasa las medidas impulsadas por Compromís desde el Gobierno valenciano. Por una parte, el documento incide en el programa Alba de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual.
Para ello, se han realizado salidas periódicas mediante unidades móviles a las zonas y lugares donde se tenga conocimiento o indicios de que se desarrolla actividad de prostitución, con la finalidad de establecer contacto con las mujeres e informarles y ofrecerle alternativas.
Por ejemplo, las mujeres prostituidas pueden solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, que se suma al Ingreso Mínimo Vital del Gobierno. Además, en 2020 se modificó la ley de renta valenciana de inclusión para aumentar en 320 euros la prestación en caso de mujeres que ejercen la prostitución, para que puedan salir de esa situación, equiparando el importe al del salario mínimo interprofesional.
No obstante, Igualdad reconoce que "hoy en día, no ha habido todavía mujeres que se hayan acogido a este incremento, resultando necesario un análisis en profundidad y sin apriorismos sobre la realidad social de la prostitución".
"Debates nominalistas"
El pasado viernes, tras la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, Mónica Oltra ya avanzó sus dudas sobre el modelo abolicionista que defiende el PSOE.
"La brocha gorda es para pintar paredes, no es útil en política, ni tampoco jugar con debates nominalistas al confrontar regulación con abolición, porque la abolición también es un marco regulatorio", respondió a preguntas de los medios.
"Es una estulticia, porque lo mezclamos todo y no sabemos de lo que hablamos. Muchas veces los debates nominalistas son una excusa para enfrentamientos sobre asuntos diferentes al tema de debate", matizó a continuación.
"Es fácil abolir la pena de muerte porque depende de una decisión de un Estado que deja de aplicar esa pena, pero cuando hablamos de fenómenos complejos no basta con poner por escrito que queda abolida la pobreza o el hambre", dijo Oltra.