La Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha movido ficha y ha pedido que el Tribunal Superior de Valencia investigue a la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, por su gestión en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, condenado a cinco años de prisión por estos hechos.
El ministerio público considera que el alto tribunal valenciano es el órgano competente para investigar a Oltra por su condición de aforada y ha solicitado formalmente la apertura de diligencias, según un comunicado enviado por el ministerio fiscal.
La Fiscalía sostienen que hay "indicios relevantes contra la Honorable Dª Mónica Oltra Jarque, en cuanto aforada por su condición de vicepresidenta del Consell" y pide que se "realicen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada".
El escrito supone en la práctica una petición de imputación, aunque fuentes del ministerio fiscal han precisado que formalmente se solicitará más adelante. Ahora la sala del TSJ tendrá que valorar si admite la competencia y cita a Oltra como imputada.
La decisión llega después de que el titular del juzgado de Instrucción 15 de Valencia, el juez Vicente Ríos, enviara al TSJ valenciano una exposición razonada en la que relataba los supuestos indicios de criminalidad que existen contra Oltra.
En su auto, el magistrado hizo un repaso por la actuación de los funcionarios desde que la menor manifestó por primera vez los abusos, en febrero de 2017, y concluyó que "en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos al marido de Mónica Oltra".
También puso en duda la elaboración del "expediente informativo" en la misma línea que defendió la Audiencia Provincial. El juez consideró que su objeto fue "emprender una investigación al margen de la que se sabía, a ciencia cierta, que ya habían iniciado primero la Fiscalía y luego el Juzgado de Instrucción, con un fin que no era otro que determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente".
"Es decir, una investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales", aseguró el juez.
"Se han acordado y practicado numerosas diligencias de investigación de carácter documental y se ha oído a todos los investigados no aforados", razonó el instructor. Por tanto, consideró "ineludible que, para la completa investigación de los hechos (...) sea oída la honorable señora Oltra como investigada, diligencia esta que este Juzgado de Instrucción no puede llevar a cabo por tratarse de aforada y ser competente para ello la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV".
La resolución recogía que "existen indicios racionales, serios y fundados de participación de Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat en los hechos objeto de las presentes diligencias".
El juez destacó que "cuando tuvieron lugar los hechos (...) Ramírez era el marido de la vicepresidenta y consellera, bajo cuya tutela se encontraba entonces Maite y, por ello, superior jerárquicamente de todos los Funcionarios Públicos que tuvieron relación con los hechos ahora investigados".
Así, el instructor consideró que no resulta ya posible “progresar en la investigación ordenada” sin que la vicepresidenta del Consell “sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas”. Ahora la Fiscalía Superior ha apoyado este criterio.
El juzgado abrió esta investigación tras una denuncia y una querella por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por la menor, Maite Tanco, representada en el procedimiento judicial por el líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto.