La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el que pide el archivo de la causa abierta para esclarecer su gestión en el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.
En su escrito, Mónica Oltra acusa al juez que propuso su imputación de provocar que "un juicio de oportunidad estrictamente político acabe resolviéndose en los tribunales de la jurisdicción penal".
Es la respuesta que da la líder de Compromís al TSJ valenciano después de que un juzgado y la Fiscalía hayan solicitado formalmente su interrogatorio como investigada para determinar si se construyó un expediente paralelo para desacreditar el testimonio de la menor.
El juez Vicente Ríos concluyó que "no puede negarse que los hechos afectaban de forma muy relevante a la honorable Sra. Dña. Mónica Oltra Jarque y no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas, ante la carencia de cualquier protocolo en la Conselleria para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada".
Pero la líder de Compromís rechaza estas afirmaciones y su defensa pide ahora al Tribunal que archive el caso al no considerar delictiva su actuación.
"Estas elucubraciones no pueden sostener ningún indicio, toda vez que lo relevante es que existiera algún hecho concreto y acreditado de donde se derive la participación de Oltra Jarque, y que además este hecho tuviera naturaleza delictiva, debiendo tener una especial prudencia para evitar la desnaturalización del proceso penal, provocando que un juicio de oportunidad estrictamente político acabe resolviéndose en los tribunales de la jurisdicción penal", según consta en su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"La justificación de la imputación penal nos resulta cuando menos insostenible en el marco jurídico de este procedimiento", insiste la defensa de Oltra.
"Juicios de valor y conjeturas"
"En el presente supuesto, llama poderosamente la atención que el instructor, en la exposición razonada que realiza, no plantea ni razona, ni siquiera con un juicio de provisionalidad, por qué los indicios y juicios de valor que considera concurrentes o imputables a Oltra, puedan ser típicos", añaden los abogados.
Por ello, considera que "no deben ser atendibles, como punto de partida, juicios de valor y conjeturas, y con mayor contundencia debe rechazarse que además estos se encadenen sucesivamente hasta construir un relato formalmente coherente, pero sin sustento fáctico que lo corrobore".
Además, Oltra dice que Maite, la víctima de su exmarido, presentó la denuncia que ha dado pie a su imputación "realizando un relato sesgado, inveraz y plagado de juicios de valor absolutamente carentes del mínimo sustento fáctico".
"Simplemente se afirma que era mujer de Luis Eduardo Ramírez Icardi en el momento en que sucedieron los hechos, y que sospecha que ello pudo pesar en el ánimo de los que tenían la responsabilidad de defenderla. A partir de ahí se pretende la apertura de una investigación contra nuestra representada de marcado cariz prospectivo y con finalidad notoriamente espuria", traslada al tribunal.
La defensa lamenta que "era el juez instructor el que debía de recabar los suficientes elementos objetivos que justificaran la posible imputación, pues la simple manifestación pública de conocer la existencia del procedimiento y haber ordenado que se le mantuviera informada, pudiera entenderse insuficiente para afirmar que a la par ordenó se realizara la referida instrucción del expediente con el claro objeto de encubrir los hechos en perjuicio de la víctima".
También critica la defensa de la consellera que el juez instructor eleve a categoría de indicio manifestaciones sobre este punto realizadas por Oltra "en un contexto político y ante los medios de comunicación".
Y agrega: "Resulta absurdo elevar a la categoría de indicio lo que es una simple manifestación de ámbito meramente político, cuyo contexto ha sido aclarado plenamente en al fase de instrucción y que no puede tener ningún tipo de reproche penal".
"Colaboración" de conselleria
De la investigación practicada, la defensa concluye que "ningún funcionario de la Generalitat ni trabajadores de entidades colaboradoras (Centro de Niño Jesús y Centro Espill) recibió orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente, por parte de Mónica Oltra para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor".
Igualmente, explica que el citado expediente informativo, calificado de "parajudicial" por la Audiencia de Valencia, "fue aperturado a instancias de la Directora General de Infancia y Adolescencia".
"Mónica Oltra Jarque no tenía conocimiento de los hechos acecidos relacionados con el Sr. Ramírez Icardi hasta el pasado 4 de agosto de 2017", puntualizan sus abogados, al tiempo que subrayan que "la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas colaboró en todo momento con Fiscalía, atendiendo sus requerimientos en verano de 2017 y con la remisión del expediente informativo en fecha de 1 de diciembre de 2017".
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