La fiscal acusa a Mónica Oltra de abandono de menores y prevaricación por "ocultar" los abusos

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha acusado a Mónica Oltra, vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, y a su equipo de ocultar los abusos de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, a una menor tutelada "durante más de cuatros meses".

Tras el análisis de la exposición razonada del juez Vicente Ríos, quien solicitó interrogar a Oltra por estos hechos, el ministerio público ha concluido que la líder de Compromís y el resto de investigados cometieron son autores indiciariamente de un presunto delito de "omisión del deber de perseguir delitos".

En este sentido, destaca que la Justicia tuvo conocimiento de la denuncia cuando por "causas ajenas a la Conselleria" la Policía y la Fiscalía de Menores tuvieron conocimientos de los hechos, según consta en el escrito presentado al Tribunal Superior de Valencia, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Este delito que es, indiciariamente, imputable a la Honorable Sra. Oltra, también lo es a los demás investigados", precisa la fiscal superior al TSJ de Valencia, Teresa Gisbert.

Además, también le atribuye a la vicepresidenta valenciana un supuesto delito de prevaricación y otro de abandono de menores, pues la niña estaba en situación de desamparo desde 2011 asumiendo la conselleria de Oltra la tutela. 

"Todos los intervinientes dejaron de cumplir a sabiendas su obligación, como encargados de la custodia y tutela de la menor, de poner en conocimiento de la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia los abusos manifestados" por la menor, en ese momento tutelada por la Conselleria de Oltra al estar en situación de desamparo.

El equipo de Oltra los ocultó, según la fiscal, "manteniéndolos durante más de cuatro meses hasta que, por causas ajenas a la Consellería la Policía (GRUME) y la Fiscalía tuvieron conocimiento de tales presuntos abusos".

Según la Fiscalía, "nadie se preocupó de proteger a la menor de dichos abusos, hasta el punto de que el educador autor material de los mismos fue repuesto en sus funciones".

"Todos los funcionarios investigados participaron en ello: supieron de los abusos, pero ninguno denunció (comportamientos que evidencian el incumplimiento de los deberes legales de asistencia a la menor en situación de desamparo y que les estaban impuestos consecuencia de los cargos que desempeñaban), incumpliendo así su obligación legal de cuidarla, protegerla, y proporcionarle asistencia".

Es más, subraya que "estos incumplimientos fueron dolosos, voluntarios y sin base, justificación, móvil o pretexto, residiendo la causa de tal manera de proceder en una decisión de ocultar los hechos y sin soporte razonable que los justifique".

Y "colofón final fue, que cuando por fin la Fiscalía denunció los abusos y se inició el correspondiente procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción n°15 de Valencia, fue entonces cuando se confeccionó el expediente informativo con la finalidad de desvirtuar la versión de la menor".

"Actitud incomprensible"

La Fiscalía anunció la semana pasada que pidió al TSJ de Valencia la apertura de diligencias contra Oltra, pero se desconocía el contenido de las alegaciones hasta ahora. Este jueves se ha notificado a todas las partes.

En su extenso escrito, de 69 páginas, la Fiscalía Superior destaca cómo se extendió en la Conselleria "una voluntad de dejarlo correr" para que la denuncia no siguiera adelante.

"Actitud incomprensible que no deja de ser, cuanto menos, extraña y que, indiciariamente, pasa a ser comprensible cuando se descubre que el autor de los abusos denunciados era el marido de Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat", apunta la fiscal.

Y puntualiza. "Sin que se nos escape que todos los intervinientes en el expediente eran conocedores de las omisiones arriba descritas: a) del deber de denunciar y, b) la obligación de proteger a la menor denunciante de los abusos, y lo que es más, de las posibles consecuencias penales que para ellos se pudieran derivar".

"Se realizó una investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos (...) Podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etc... se equivocó, pero ¿todos?, ¿todos se equivocaron? ¿todos salvo la Trabajadora Social que dio al principio credibilidad a la menor y al relato sobre los abusos sufridos, y que, sin embargo, y de manera incomprensible, no denunció los
hechos?", se pregunta.

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