La investigación abierta por la presunta trama de sobornos al PSOE y PP en Valencia se enfrenta a una cascada de recursos de las defensas para que la investigación, que abarca cerca de 20 años y suma 60 investigados, no siga adelante.
El último lleva la firma de Manolo Mata, exportavoz de Ximo Puig y ahora abogado defensor de Jaime Febrer, el constructor detenido por generar supuestamente hasta 7 millones de euros en efectivo para repartir comisiones a cambio de pelotazos urbanísticos, según ha concluido la Guardia Civil.
Mata intenta que la información extraída de direcciones de correos vinculadas al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá y uno de los presuntos comisionistas, no formen parte del sumario y ha pedido a la Audiencia de Valencia que anule un auto del mes de abril de 2017 por el que se autorizaba el volcado de información.
Para ello, el ex número dos de Puig ha invocado la sentencia del Tribunal Supremo del denominado caso Naseiro, del 18 de junio de 1992, para que instancias judiciales superiores declaren las pruebas ilegales y parar así la investigación de los sobornos a PSOE y PP.
¿Qué es 'Naseiro'?
El caso Naseiro es la primera investigación judicial abierta en España por sospechas de corrupción en la financiación del PP.
El proceso judicial surgió un año después de que José María Aznar se hiciera con la Presidencia del partido y las conversaciones grabadas revelaron una supuesta trama de sobornos a cambio de recalificaciones y venta de terrenos.
Supuestamente, el objetivo de los integrantes era obtener beneficios personales y dinero negro para financiar al PP. Pero las pruebas se declararon ilegales y los investigados salieron indemnes del caso. El PSOE ha usado políticamente este caso en multitud de ocasiones para denunciar que el PP ha estado marcado desde sus orígenes por la corrupción.
El auto que Mata intenta tumbar se dictó el 11 de abril de 2017 y el juzgado autoriza "de conformidad con lo dispuesto en el art. 588 ter j., la incorporación al procedimiento del contenido de todas las direcciones de correo….", así como diversos "contenidos".
En un principio, este caso únicamente afectaba al PP y al cuñado de Barberá. Pero la investigación avanzó y los agentes hallaron pruebas contra históricos dirigentes del PSOE en Valencia.
En mayo de 2021, el juzgado autorizó la segunda fase de la operación Azud y detuvo al constructor Febrer; al exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exportavoz municipal, Rafael Rubio; y José Luis Vera, un exmagistrado que el PSOE nombró alto cargo en Valencia para limpiar la corrupción del PP. Además, en sumario consta como investigado el extesorero del PSOE valenciano, José María Cataluña.
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"La resolución que es recurrida supone la invasión ilegítima, prospectiva y general a la
búsqueda de hechos delictivos, deriva a un sinfín de registros, incautaciones,
detenciones, imputaciones y prisiones provisionales que jamás debieron ni
pudieron acordarse de haberse cumplido la legalidad vigente", denuncia Mata en su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El escrito del socialista recuerda que la sentencia concluyó que "nadie niega en España la imposibilidad constitucional y legal de la valoración de las pruebas obtenidas
con infracción de Derechos Fundamentales por la colisión que ello entrañaría
con el Derecho a un proceso con todas las garantías y a la igualdad de las
partes".
El abogado del constructor insiste en que "no se puede acceder a los correos electrónicos de una persona durante décadas, dedicar años a su análisis y lectura, seleccionar aquellos que se considera que merecen ser investigados y arrastrar a terceros perjudicados por la intervención invasiva".
Por tanto, considera que "debe decretarse el sobreseimiento libre de las actuaciones con las declaraciones inherentes a tal declaración sobreseyendo la causa respecto a todas las personas investigadas, anulando todas las medidas cautelares y los decomisos efectuados".
Del PSOE a la defensa
Mata dimitió de todos sus cargos tras alzarse el secreto de sumario a finales de abril, pero ejerció de abogado del constructor desde que fue detenido, en mayo de 2021. El sumario recoge todas las veces que se desplazó a prisión para reunirse con su cliente mientras ejercía de portavoz en Valencia.
El abogado se convirtió en el blanco de las críticas de la oposición y la dimisión obligó a Puig a remodelar su Gobierno sin esperar a la posterior imputación de Mónica Oltra. Mata tuvo que marcharse tras crecer el malestar en su partido y Puig ceder a la presión por la doble condición de portavoz y abogado defensor en el caso.
La jueza autorizó "la incorporación al procedimiento del contenido de todas las direcciones de correo" del familiar de Rita Barberá, así como "contenidos" a través de determinadas empresas de servicios.
Mata considera que la decisión es lesiva "contra los intereses de mí representado por cuanto en derecho europeo, y por ende español, no hay ley habilitante alguna para extraer contenidos a través de prestadores de servicios".
Así, cree que son "nulas todas las actuaciones de la causa desde dicho auto por vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos".
El exdirigente socialista califica de "extravagante" la solicitud de la jueza y subraya que "acceder al contenido íntegro de todos los correos electrónicos de una o varias personas durante décadas, no sólo no está permitido, sino que está expresamente prohibido por nuestra ley rituaria criminal".
Según Manolo Mata, la jueza acordó dicha prueba pese a ser "ilegal, inconstitucional, invasiva de derechos fundamentales, prospectiva, y que permite vulnerar la intimidad del investigado y de todos y cada uno de sus contactos, sin la más mínima cobertura legal".
"Pero que ha servido para investigar a una sesentena de personas, varias decenas de empresas, en secreto, durante más de cinco años, tratándose de una diligencia radicalmente nula, que vicia de nulidad a todas las actuaciones practicadas a partir de ella, con la única solución de sobreseer las actuaciones respecto de todos y cada uno de los investigados, archivando la causa", puntualiza el dirigente socialista.
La decisión de la Audiencia de Valencia coincidirá con el inicio del periodo preelectoral tras las vacaciones de verano.