El equipo de la exconsellera Mónica Oltra comunicó formalmente a la Fiscalía de Menores de Valencia "una posible situación de desprotección" del hijo de Teresa, la joven de la que abusó sexualmente su exmarido Luis Ramírez. Y dio ese paso unos días antes de que Oltra presentara la dimisión de todos sus cargos.
El 17 de junio, la Fiscalía de Menores se dirigió al Juzgado 15 de Valencia, que instruye el caso Oltra, para comunicarle la solicitud de la Generalitat Valenciana de que investigue si Teresa puede cuidar de su hijo. Así lo constatan los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La situación de la joven de la que abusó Ramírez cuando era menor de edad es de extrema vulnerabilidad. Maite sale adelante con donaciones y gracias al dinero que le presta su padre. Vive con su pareja, un joven que también pasó por el sistema de protección de menores y es ahora uno de sus grandes apoyos. No tienen ingresos ni trabajo.
La directora general de Infancia de la Generalitat es Rosa Molero, imputada en el mismo caso que Oltra. La nueva vicepresidenta valenciana, Aitana Mas, ha pedido más tiempo antes de decidir si la cesa o la mantiene en el cargo.
Toda la documentación relacionada con el hijo de Maite y la solicitud de la Conselleria, antes que dimitiese la líder de Compromís, está así ahora en el juzgado del caso Oltra para que se sume a la investigación por la gestión de la Generalitat en los abusos.
Por otra parte, la Fiscalía de Menores también ha informado al juez de que falta documentación en el expediente administrativo de Teresa y que la Conselleria de Igualdad aún no ha enviado.
"Se ha revisado el expediente de desprotección resultando que en el archivo consta sin unir al expediente de referencia" diversa documentación, como el informe reservado que cuestionó el testimonio de la joven o los oficios que remitió el ministerio público al equipo de Oltra alertando de que la información estaba incompleta.
Al parecer, tampoco figura en los archivos que la Generalitat remitió "la resolución administrativa" que dejaba sin efecto las medidas de protección a Maite tras haber alcanzado la mayoría de edad.
"Habida cuenta de que por el juzgado de Instrucción 15 de Valencia se solicitó testimonio íntegro del expediente de referencia, no constando unida la antedicha documentación en el momento de cumplimentar lo solicitado, procede expedir copias para su remisión y unión a las diligencias previas tramitadas en dicho juzgado", comunicó la Fiscalía.
La Fiscalía comunicó todas estas cuestiones al juez el viernes 17 de junio y el lunes siguiente, el día 20, el juzgado ordenó a la Policía Nacional que se personara de urgencia en la Conselleria de Igualdad en busca de la documentación que el equipo de Oltra no había trasladado al juez.
Los agentes estuvieron durante varias horas en las oficinas de Igualdad y el juez Ríos ordenó la apertura de una pieza separada declarada secreta.
Este caso surgió después de que la Audiencia de Valencia condenara al marido de Oltra. El dirigente ultraderechista José Luis Roberto, líder de España 2000, se ofreció a la víctima para presentar la denuncia y aclarar la gestión de la Generalitat. Oltra y gran parte de Compromís insisten en que no existe prueba directa contra ella.
"Plan preestablecido"
El TSJ de Valencia consideró que Oltra debía ser imputada por varios supuestos delitos en relación con su gestión en el caso de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.
El tribunal reconoció que "puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Conselleria, considerados en abstracto y de una forma aislada no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares". Sin embargo, añadió que si se valoran en su conjunto, "poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos".
La decisión llegó después de que la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, solicitara su citación como investigada al considerar que la líder de Compromís y su equipo urdieron "un plan preestablecido para desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad".
"Todos los intervinientes dejaron de cumplir a sabiendas su obligación, como encargados de la custodia y tutela de la menor, de poner en conocimiento de la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia los abusos manifestados" por la menor, en ese momento tutelada por la Conselleria de Oltra al estar en situación de desamparo.
Según la Fiscalía, "nadie se preocupó de proteger a la menor de dichos abusos, hasta el punto de que el educador autor material de los mismos fue repuesto en sus funciones".