Su misión pasaba por poner orden en la Diputación de Valencia tras el rosario de investigaciones judiciales abiertas por corrupción y que afectaban a destacados cargos del PP. Pero su paso por Imelsa, la empresa pública que gestionaba Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero, deja un balance empañado por la sospecha y suma ahora un nuevo escándalo.
La Agencia Valenciana de Antifraude se ha dirigido a la Diputación de Valencia para que reclame a José Luis Vera, el exjuez que el PSOE fichó para perseguir la corrupción del PP, 36.426 euros por el cobro indebido de complementos de desplazamiento entre 2016 y 2021.
Los socialistas designaron a Vera responsable de los servicios jurídicos de Imelsa cuando el partido recuperó la Diputación en 2015. La investigación ha constatado que el exmagistrado y abogado, cuyo domicilio habitual es Valencia y no otro municipio que figura en el contrato, habría ingresado indebidamente esta cantidad como complemento durante 65 meses.
Asimismo, cifra en 4.786'34 euros la cantidad recibida de manera indebida por la excogerente designada por Compromís, Agustina Brines, y en 3.892'83 euros la percibida por una tercera directiva de la empresa pública. Ambas son residentes en Valencia, por lo que tampoco tendrían el derecho a percibirlo. La suma total a reclamar asciende a más de 45.000 euros.
Ambos cargos figuran como acusados en otros procedimientos judiciales. Por una parte, la Guardia Civil detuvo a Vera en mayo de 2021 por su presunta implicación en la trama de Azud, el caso que investiga el reparto de comisiones millonarias entre cargos del PP y PSOE.
Mientras, la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para Brines. Está acusada por las contrataciones, presuntamente irregulares, de altos directivos en la empresa pública para favorecer a personas afines del PSOE y Compromís. Está previsto que el juicio arranque en septiembre.
Vera ha ejercido como magistrado en la Audiencia de Valencia durante años por el cuarto turno -reservado para juristas de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada- y figura como ponente en más de 2.500 resoluciones, según su currículum. Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE.
Asesor del Gobierno socialista de Gandía bajo la Alcaldía de José Manuel Orengo, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Valencia (UV), en 2015 el PSOE le encomendó limpiar la corrupción en la provincia tras los escándalos de Alfonso Rus, expresidente del PP en Valencia, o Marcos Benavent.
Denuncia anónima
La investigación abierta por el director de Antifraude, el abogado Joan Llinares, arrancó en febrero de 2021 tras recibir una denuncia. El escrito alertaba de que, desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2018, Vera estuvo de baja y la enfermedad le impedía trabajar y desplazarse a su despacho.
Pese a esta circunstancia, la denuncia afirmaba que el cargo socialista "cobró íntegramente el complemento de desplazamiento que percibía durante los meses que estuvo de baja, sin que se acredite el derecho a la percepción de esas retribuciones".
En este sentido, el denunciante añadía que Vera cobraba por "desplazamiento cuando
entre semana reside en Valencia capital y no en su pueblo, donde figura empadronado".
La investigación de Antifraude, según recoge el expediente al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha constatado que la cláusula de complemento de desplazamiento se puso en marcha a partir de 2015, tras el cambio de Gobierno en la Diputación, y que "únicamente algunos de los contratados como altos directivos se beneficiaron".
560 euros al mes
El exmagistrado hizo constar en su contrato del año 2015 que su domicilio se encontraba en el municipio de Dos Aguas, a unos 60 kilómetros de Valencia.
Según el baremo de la Diputación, para una distancia de 60 hasta 79 kilómetros, a Vera se le asignó "un complemento de desplazamiento de 560,40 €/mes", pese a que "no se ha obtenido evidencia documental que soporte la designación del domicilio particular de Vera en Dos Aguas", ha concluido Antifraude.
El mismo supuesto se dio en el caso de Brines, dice este organismo independiente, pues "el importe del complemento de desplazamiento que debió abonarse debería haberse cifrado en 0,00 €/mensuales, y no en 134,70 €/mensuales", ya que su
residencia habitual estaba en la ciudad de Valencia.
Antifraude puntualiza en su escrito que, tras el estudio en detalle de la totalidad de la documentación aportada junto con la denuncia y de la documentación obtenida de fuentes abiertas, "no se dispone de prueba o indicio que fundamente la posible existencia de fraude o corrupción".
No obstante, añade que "se han producido conductas y actividades reprochables por ser contrarias a la objetividad, a la imparcialidad, a la eficacia, a la probidad, a la integridad, a la ética pública y al buen gobierno, así como la realización de gastos superfluos e innecesarios de fondos de procedencia pública, impliquen o no una infracción directa del ordenamiento jurídico positivo".
Por todo ello, Antifraude ha iniciado ahora un expediente para reclamar las cantidades cobradas indebidamente y que no hayan prescrito. Además, valora la exigencia de posibles responsabilidades a las autoridades que intervinieron en los abonos.
Antifraude solicita también la remisión de un plan de implementación de estas recomendaciones, en el que se detallen las acciones, los plazos y las personas responsables de cada una de las actuaciones que hay que llevar a cabo, o bien las razones que le impiden adoptar las medidas propuestas para recuperar el dinero.
El azote de Julio Iglesias
Vera es considerado uno de los fontaneros históricos del PSOE en Valencia, aunque no es militante, y fue el encargado de denunciar la corrupción en la construcción de Terra Mítica o los contratos de la Generalitat con Julio Iglesias. También ejerció la acusación de la Unión de Consumidores de España en el caso Fabra.
Desde 2015, tras aterrizar en Imelsa, se presentó ante el resto de partidos y medios de comunicación como un colaborador habitual de la Fiscalía Anticorrupción. El jurista hacía gala de su experiencia como magistrado en la Audiencia de Valencia para ganar credibilidad frente a los cargos críticos que desconfiaban de sus decisiones.
Su gestión ha sido polémica. En 2016, la Diputación de Valencia tuvo que abortar la publicación del pliego de condiciones para subcontratar la acusación particular en el caso Imelsa ante las dudas que generó el elevado precio máximo que preveía el contrato: 600.000 euros.
El pliego lo redactó Vera y su propuesta llegó tras abonar 90.000 euros a una abogada socia de su antiguo despacho.
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Por otra parte, su intervención fue determinante para iniciar una investigación contra el expresidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, por supuesta corrupción. Rodríguez acabó marchándose del PSOE y fundando su propio partido para mantenerse como alcalde de Ontinyent (Valencia).
En el caso Azud, Vera está acusado de cobrar 1,3 millones de euros en comisiones a través de falsos trabajos de asesoramiento legal.
Según este sumario, el jurista aparece de forma indiciaria "como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer consiga sus propósitos de trato de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos".
"Como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas", recoge el sumario.