Los partidos de las Cortes Valencianas piden 500.000 euros extra para pagar el despido de sus asesores

Los partidos políticos representados en las Cortes Valencianas (PSPV-PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís, Vox y Unides Podem) negocian la creación de una partida extraordinaria para pagar al personal de sus grupos parlamentarios.

En concreto, contemplan un volumen de medio millón de euros para abonar las indemnizaciones que corresponderán a los mismos al término de la legislatura, que expirará la primavera de 2023.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la cámara, que exponen que todas las formaciones trabajan juntas para hallar una solución a un problema sobrevenido. Los partidos acordaron el año pasado que, en adelante, los grupos parlamentarios se constituirán desde cero al inicio de cada mandato, con un NIF propio que se extinguirá con el fin del mismo, tal y como avanzó el diario Valencia Plaza.

El año que viene será la primera vez que ocurra tal cosa y, en consecuencia, se extinguirán todos los contratos laborales realizados por cada partido. Ello permitirá a las formaciones empezar de cero cada legislatura, y poder contratar con total libertad, sin plantillas heredadas. Pero conlleva un problema: las formaciones, a su vez, se ven obligadas a hacer frente a las preceptivas indemnizaciones y finiquitos cuando expire el periodo actual.

PP y Compromís

El problema de los grupos es que no tenían previsto hacer frente a estas partidas de gasto, y a varios de ellos no les llega ahora el presupuesto. Es el caso del PP o de Compromís.

La coalición valencianista, de hecho, ha anticipado despidos para ahorrarse el sueldo de varios trabajadores y generar liquidez suficiente para abordar este problema cuando acabe el mandato.

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Los partidos políticos cuentan con un montante total de 4 millones de euros para sus gastos de funcionamiento durante la legislatura. Pueden utilizar estos fondos con total libertad, tanta que la Sindicatura de Comptes ha afeado al parlamento en más de una ocasión la opacidad con la que se administra este presupuesto público. Duda que se destinen realmente a su propósito.

El grupo socialista, por ejemplo, trasvasa los fondos al partido y es el propio PSPV—PSOE quien contrata directamente al personal. Esta modalidad le librará a final del periodo de acometer los despidos obligatorios. No obstante, la formación está igualmente comprometida en la búsqueda de una solución conjunta.

La misma se aborda en la denominada Comisión de Gobierno Interior —polémica por tratarse de una comisión a puerta cerrada, sin acceso público a las deliberaciones que allí tengan lugar—. En la misma, se ha puesto sobre la mesa la creación esta legislatura de la partida extraordinaria de medio millón de euros, si bien queda todavía un problema por resolver.

Coste político

Los partidos que respaldan el Gobierno autonómico (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podem) son plenamente conscientes de que crear una partida de 0,5 millones, adicional a los 4 de los que ya disponen los grupos, acarreará un coste político. Tanto es así que requerirá su correspondiente dotación presupuestaria en las cuentas de la Generalitat de 2023, a los que la oposición votará en contra.

Es por ello que solicitan a PP, Cs y Vox un respaldo firme —al menos a esta medida en particular—. En definitiva, temen materializar una subvención beneficiosa para todos los grupos y sufrir, por ello, la crítica de sus adversarios parlamentarios. Está por ver si el bien común de lograr más dinero para todos los partidos permite este pacto transversal a pocos meses de las elecciones autonómicas.

Otra de las soluciones que ha puesto sobre la mesa el Parlamento para resolver las complejas relaciones laborales de los grupos parlamentarios es que, en adelante, todo el personal contratado sea eventual, que trabaje para las Cortes Valencianas, no para el partido. Esto supondría una homogeneización muy beneficiosa que facilitaría a todos por igual los accesos a los edificios oficiales y a los servicios y equipamiento que brinda el parlamento.

El problema de esta opción es que, como no podría ser de otra manera, requeriría restar a los Grupos el coste correspondiente a estos contratos de los 4 millones de euros que ahora se reparten. Los partidos, en consecuencia, tendrían menos margen para utilizar esos fondos a su antojo.