La Fiscalía provincial de Valencia ha presentado un escrito al juzgado que investiga el caso Oltra solicitando acceso a los corres electrónicos de la exlíder de Compromís y los 13 imputados que figuran en la causa en busca de pruebas.
Según consta en el escrito, presentado el 22 de julio y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el fiscal trasladó al juez que "los correos a unir eventualmente habrían de ser únicamente aquellos que hagan explícita referencia a los hechos denunciados" por la víctima del exmarido de Oltra, entonces una menor tutelada por la Generalitat valenciana, o a "las actuaciones derivadas de dicha denuncia".
En este sentido, solicita que la diligencia "se limite a los correos que, cumpliendo con los demás criterios, se cruzaran en las fechas en que lo ya investigado permite situar las eventuales acciones objeto de la causa: desde finales de febrero hasta mediados de marzo y desde finales de junio a mediados de agosto -o finales de noviembre en algún caso- de 2017".
Mónica Oltra comparecerá en el juzgado como investigada el próximo 19 de septiembre. Su expareja, Luis Eduardo Ramírez, ha sido condenado a cinco años de prisión por los abusos a la menor tutelada y ha presentado un último recurso ante el Tribunal Supremo en el que pide que el juicio se repita.
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La asociación que ejerce la acusación popular, dirigida por la fundadora de Vox Cristina Seguí y representada por el abogado de Francisco Camps, solicitó incorporar a la causa todos los correos intercambiados entre los imputados desde 2017 hasta la actualidad.
La medida fue rechazada por desproporcionada, pues vulneraba derechos fundamentales de los investigados. Pero "entendida la petición como algo acotado en función de determinados criterios, no puede negarse que ofrece un claro potencial desde la óptica, elemental en la investigación, de esclarecimiento de lo ocurrido con el máximo de sus circunstancias incluidas, claro, las personales", dice ahora el ministerio público.
Así pues, "lo esencial a la hora de reformular la decisión respecto de dicha petición serían los criterios a seguir para determinar qué correos deben unirse, siendo posible, a la causa y cuáles no".
Por tanto, los "correos a unir eventualmente habrían de ser únicamente aquellos que hagan explícita referencia a los hechos denunciados" por la víctima o a "las actuaciones derivadas de dicha denuncia".
Además, "dentro de cada periodo temporal, debería limitarse la pesquisa a aquellas comunicaciones por la vía dicha entre las personas que, en cada uno de ellos, aparezcan como actuantes en relación con dicha denuncia y actuaciones".
"Se entiende que solo dentro de estos parámetros es posible obtener lícitamente, es decir, sin lesionar o poner en peligro injustificadamente la intimidad o el secreto de las comunicaciones de nadie", concluye el escrito del fiscal.
El juzgado no ha tomado ninguna decisión todavía.
Las fechas
Las fechas acotadas por la Fiscalía son determinantes para aclarar las dudas sobre la gestión del caso.
El 8 de marzo de 2017, la directora del centro Niño Jesús, la residencia en la que trabajaba la pareja de Oltra y vivía la víctima, anotó en el libro de incidencias que la conselleria había concluido que el relato de la menor no era real, pese a que no le preguntaron por los abusos: "Nos recuerda que desde la exploración que ha realizado conselleria no se aprecia ningún indicio, por lo que no se considera oportuna la derivación a Espill".
A partir de ahí, la Generalitat trasladó al centro que debía comunicar la decisión al marido de la exvicepresidenta.
El 10 de marzo de 2017, el centro llamó al marido de Mónica Oltra y le informó que "en la exploración realizada desde la conselleria no se ha visto ningún indicio". Por ello, se acordó que se incorporase en su turno la noche del domingo 12 de marzo. Se le pidió, cuando ya se había decidido su reincorporación al centro, que presentara "un documento con su relato en relación con los hechos comentados por Maite".
Sin embargo, Mónica Oltra ha asegurado en diversas declaraciones públicas que no se enteró de la denuncia de abusos hasta el 4 de agosto de 2017, de ahí que la Fiscalía también haya incluido este mes entre las fechas a investigar.
Ese día llegó a su domicilio particular la orden de alejamiento dictada contra su marido para que no se acercase a la denunciante.