Mónica Oltra comparecerá el 19 de septiembre en el juzgado por supuestamente ocultar la denuncia de abusos sexuales de una menor en desamparo contra su marido, pero el caso que forzó la dimisión de la veterana política de Compromís ya está marcando los primeros compases del inicio del curso político en Valencia.
Este jueves día 7 el PP relatará en Bruselas la gestión de la exvicepresidenta valenciana en el caso de los abusos a una niña tutelada por el que fue condenado a cinco años de prisión su entonces marido, Luis Eduardo Ramírez, cuyo ingreso en prisión está pendiente de un último recurso presentado ante el Tribunal Supremo (TS).
Además, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo también analizará los 175 casos sospechosos de abusos sexuales a menores tutelados que sacó a la luz un informe de la Sindicatura de Greuges -el defensor del Pueblo valenciano- y las investigaciones abiertas que afectan a niños extremadamente vulnerables y en situación de desamparo.
La demanda la presentó la diputada autonómica del PP, Elena Bastidas, y la presidenta de la comisión de Peticiones es la exministra popular Dolors Montserrat, una circunstancia que ha generado dudas en torno a la imparcialidad del proceso. La derecha y la extrema derecha son mayoría en este órgano.
Bruselas avanzó que no tiene competencias para abordar este asunto, pero la comparecencia seguirá adelante después de que la misma comisión haya analizado los casos de explotación sexual de menores tutelados en Baleares. Europa sí se ha pronunciado ya sobre esta denuncia y ha pedido al Gobierno de la socialista Francina Armengol que repiense el sistema de protección.
La Conselleria de Igualdad también estará presente en Bruselas. El equipo que hasta junio dirigió Oltra pidió estar presente en las actuaciones. Además, en paralelo mantendrán "reuniones técnicas" con representantes de la Comisión Europea. El objetivo es mostrar el trabajo realizado en la protección de menores, según confirmaron a este periódico fuentes de conselleria, y generar dudas en Europa sobre el relato del PP.
Por otra parte, explicarán "el modelo de acogimiento familiar como opción prioritaria en caso de desamparo de la persona menor, así como las mejoras realizadas en el acogimiento residencial". Además, pondrán "sobre la mesa las mejoras en los procesos de adopción y en materia de medidas judiciales para menores", añadieron estas fuentes.
"Extraordinaria gravedad"
Así, pese a que Bruselas no puede intervenir directamente en asuntos relacionados con la protección de menores y se limita a dictar recomendaciones, el PP seguirá adelante con la demanda para que la comisión revise la gestión de Oltra tras los escándalos que acabaron con su dimisión el pasado 21 de junio.
Según consta en la demanda, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el PP valenciano ha denunciado una serie de hechos de "extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que en los últimos años han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida en distintos lugares del territorio".
Como ejemplo, además del caso que afecta personalmente a Oltra, cita una sentencia que condenada a la Generalitat a pagar 6.000 euros por dar en acogida a un niño a un pederasta reincidente.
Igualmente, informa de la investigación abierta contra una mujer acusada por facilitar drogas a unas niñas acogidas en centros de menores a las que instaba a prostituirse o intentos de violaciones.
En el caso relativo a los abusos sexuales cometidos por la pareja de la líder de Compromís, el PP recuerda la condena y el "reproche del tribunal a la actuación de los servicios dependientes de la Conselleria de Igualdad".
"Estos ejemplos son solo algunos de los números casos que desgraciadamente ocurren con una frecuencia intolerable en los centros de menores de la red asistencial pública valenciana, poniendo en peligro la integridad física y la indemnidad sexual de las personas más vulnerables, que son los menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración por no tener progenitores o tutores que se hagan cargo de ellos", subraya el PP.
Para los populares, "hechos de esta gravedad trascienden al ámbito regional o estatal y suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de esas personas menores de edad que se encuentran tuteladas por los poderes públicos, tal y como los reconoce el derecho de la Unión, siendo un asunto que reviste de trascendencia suficiente para su conocimiento".
La demanda reconoce que "las competencias de menores tuteladas de la Generalitat Valenciana". Sin embargo, el PP traslada que "tras la inacción ante los hechos narrados y ante la desprotección de los menores tutelados en la Comunidad Valenciana, nos llama la atención la dejadez del Gobierno de España en la defensa de los derechos de los más vulnerables".
Por todo ello, el PP explicaciones "explicaciones por su laxitud en el caso de abusos sexuales a menores acogidas en centros tutelados por la Generalitat en tanto que sus competencias son de ámbito nacional".
La investigación
La investigación judicial está en punto muerto a la espera de que Oltra declare. No hay ningún avance destacado. Pero en las últimas semanas destacados dirigentes de Compromís han vuelto a desacreditar en público las denuncias de Teresa, la entonces menor abusada.
La formación nacionalista aprovechó el revuelo generado a finales de agosto tras una presunta estafa cometida por la víctima en la venta de un mueble y el cobro de donaciones.
Alberto Ibáñez, uno de los portavoces de la coalición y exsecretario autonómico de Igualdad con Oltra, se ha referido en las últimas semanas a la víctima como "una estafadora" y ha vuelto a poner en duda públicamente su relato. Su denuncia generó multitud de menciones y comentarios.
Además, Compromís ha unido este hecho a la familiaridad de la víctima con los colectivos de extrema derecha que la ampararon tras la condena de Ramírez.
Los nacionalistas siguen reivindicando a Oltra y hablan de "montaje" para referirse a la implicación de la exvicepresidenta en el caso. Su portavoz en Valencia, Papi Robles, también extendió de nuevo las dudas y pidió a la Justicia celeridad tras las denuncias cruzadas de estafa entre la víctima, una familiar y una de las fundadoras de Vox, Cristina Seguí.
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