El Gobierno valenciano está impidiendo la venta de las algarrobas producidas en los chalets. El auge de este producto, muy bien pagado en la actualidad por su uso en la industria cosmética, ha llevado a propietarios de parcelas urbanas a solicitar los preceptivos permisos para comercializar sus pequeñas cosechas.
Pero, tanto los dueños de las fincas como los almacenes de este fruto se están encontrando con la prohibición del Ejecutivo autonómico, que se escuda en que el veto lo impone la normativa estatal porque tales cosechas "no son producción agrícola".
Garrofas y Almendras Torres S. L., un importante almacén valenciano dedicado a la recepción y el tratamiento de la algarroba, relata a EL ESPAÑOL su experiencia con esta restricción de la Generalitat Valenciana. "Recibimos recientemente una inspección de la Policía Autonómica en la que nos alertó específicamente de que no podemos recepcionar las cosechas de parcelas urbanas", precisa el negocio.
Se trata de las llamadas parcela 9.000, denominación técnica que reciben los terrenos de naturaleza urbana. Para el mencionado almacén, esta política supone "un cambio". "No sé si estaba o no prohibido anteriormente, pero nosotros no lo sabíamos hasta ahora, nunca había sido un problema", relata.
Un vecino de Picassent, dueño de una parcela urbana con algarrobos en dicha localidad, confirma el mismo escenario. "Decidí vender las algarrobas de mi parcela en vista de la rentabilidad que ha alcanzado el producto, y me explicaron en la Oficina Comarcal Agraria de Catarroja que, simplemente, necesitaba obtener el registro general de la producción agrícola (REGEPA) para comercializarlas", explica.
La mencionada oficina comenzó a tramitarle dicho registro, pero en ese proceso se topó con la inesperada prohibición. "La responsable del REGEPA en Valencia nos dice que al tratarse de un algarrobo en un chalet que no se puede considerar producción agrícola y que, por tanto, no se va a admitir tu REGEPA", le argumentaron.
Señalan al Estado
Fuentes consultadas de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, liderada por Mireia Mollà (Compromís), responsabilizan al Estado de esta situación.
Manifiestan a EL ESPAÑOL que el Gobierno autonómico "se limita a aplicar la normativa nacional sobre el REGEPA", y que "la calificación urbana o rural de un terreno depende del ayuntamiento donde se encuentre".
Garrofas y Almendras Torres SL, en cambio, subraya que "anteriormente no se era tan estricto para acceder al REGEPA". Y apunta además que "en otras autonomías como Cataluña no se aplican estas restricciones para la venta de algarrobas procedentes de parcelas urbanas".
"Creemos que es un sinsentido, porque se trata de una producción valiosa que, en ocasiones, presenta incluso mayor calidad que la de los terrenos agrícolas, donde los algarrobos están muchas veces abandonados por el escaso valor que tenía anteriormente la algarroba", subrayan.
"A destrucción"
¿Y qué deben hacer entonces los dueños de algarrobos ubicados en parcelas urbanas? "Esa misma pregunta le hicimos a la Policía Autonómica el día de la inspección, y su respuesta fue muy clara: 'A destrucción'", lamenta la empresa.
"Nos empujan a tirarlo a la basura o a venderlo de forma ilegal, haciéndolo pasar por la producción de alguien que sí tenga los árboles en una parcela agrícola", critica el propietario de la parcela.
Preguntado al respecto, el secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, tilda de "despropósito" el actual escenario. "Creemos que la Conselleria de Agricultura debería atender a la excepcionalidad de estas circunstancias".
"Ninguna producción agrícola debería perderse. Estamos hablando de cantidades testimoniales, que ni siquiera influyen en el mercado de forma significativa", manifiesta el dirigente, que se plantea iniciar acciones para que la Generalitat Valenciana sí permita la venta directa de las algarrobas de las parcelas urbanas.