Mónica Oltra achaca a una subordinada el informe que desacreditó a la víctima de su exmarido

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, acudió a declarar este lunes 19 de septiembre como imputada en la causa contra ella y otras trece personas por la supuesta ocultación de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. Y precisamente descargó en una de sus subordinadas la responsabilidad de haber iniciado el expediente de su departamento que desacreditó a la víctima.

Se trata de Rosa Molero, la directora general de Infancia . Según explicaron este lunes a EL ESPAÑOL fuentes presentes en la declaración, Oltra precisó ante el juez que fue esta dirigente quien activó el expediente. Se trata de todo un procedimiento administrativo considerado una "investigación paralela" o "parajudicial" por la Fiscalía y el instructor, pues el caso ya estaba en manos de la Justicia. La misma concluyó que el testimonio de la niña abusada no tenía credibilidad, pero finalmente el ex de Oltra sí fue condenado por ello a 5 años de cárcel.

La exdirigente de Compromís acudió al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, el responsable de la causa tras perder el aforamiento con su dimisión como diputada en Les Corts Valencianes. También abandonó sus responsabilidades como consellera y vicepresidenta por su situación de investigada.

En la puerta recibió el respaldo y los aplausos de decenas de militantes de Iniciativa, su partido. Aseguró a los medios de comunicación antes de entrar que se encontraba "bien, tranquila y serena". Pero en el interior se encontró con un exhaustivo interrogatorio. Solo las preguntas del magistrado, Vicente Ríos, se prolongaron durante alrededor de cuatro horas. Fueron un total de siete en el total de la declaración. Contestó a las preguntas del juez, la Fiscalía y las defensas del resto de imputados.

Una de las declaraciones de Oltra ante el juez que más sorprendió a las acusaciones fue la explicación sobre por qué -según su testimonio- no tomó decisión alguna cuando conoció los hechos. La exvicepresidenta asegura que se enteró el 4 de agosto de 2017, y que justo esos días uno de sus hijos tuvo que ser operado en el hospital.

Argumento inédito

La estancia se prolongó alrededor de dos semanas en las que Oltra, según expuso, no tomó decisión política alguna. Tan solo pidió a Miquel Real, su jefe de gabinete, que averiguara lo que estaba pasando y obrara con la máxima diligencia.

Tal escenario, el de que se ausentó por la operación de su hijo, no había sido esgrimido por la dirigente de Compromís hasta ahora. Ni siquiera lo mencionó en la comparecencia monográfica que realizó en Les Corts Valencianes para desmenuzar este asunto.

También resultó llamativa la excusa de Oltra para desdecirse de las declaraciones que realizó en marzo de este año, cuando pareció autoinculparse de haber iniciado el expediente.

"Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado. Se lo dije a la directora general, y la directora general pidió que se averiguase qué ha pasado. No hay nada más. Todo lo demás son ganas de una cacería política de la extrema derecha", dijo entonces.

Pero Oltra aseguró este lunes que ese 'yo' utilizado en declaraciones a los medios de comunicación era un "singular mayestático" (sic). Es decir: sostiene que utilizó la primera persona del singular para hablar en plural, algo difícil de creer si se tiene en cuenta lo que afirmó justo a continuación. "Que dejen de molestar a la gente y a las funcionarias y de poner en entredicho su profesionalidad. Si me quieren a mí, me tienen a mí", agregó en aquel momento.

[La Fiscalía pide acceso a los correos de Mónica Oltra y 13 imputados más en el caso de los abusos]

Las acusaciones destacaron este lunes que el interrogatorio del juez Ríos fue muy pormenorizado. Explican que le preguntó por todas y cada una de las actuaciones de la Conselleria de Igualdad que tuvieron lugar desde que Mónica Oltra reconoció conocer los abusos. Fue una interminable batería de preguntas que pusieron en aprietos a la dirigente. A muchas de ellas respondió con evasivas, asegurando que no tuvo nada que ver en los movimientos que se realizaron a continuación en su departamento.

Mónica Oltra, en cambio, se pronunció con optimismo al abandonar la Ciudad de la Justicia de Valencia. Repitió que se sentía "serena" y "tranquila", aunque "obviamente, más cansada". Advirtió que ahora es "momento de tener paciencia", llegado el "tiempo de la Administración de Justicia", y confió en que sus explicaciones "convenzan a quien tiene que convencer".

La renuncia de Oltra al escaño de diputada autonómica, y, por tanto, a su condición de aforada, motivó que el Tribunal Superior de Justicia valenciano devolviera a Instrucción 15 la investigación abierta por la gestión que hizo la Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano.

Ello motivó que la citación inicial para que Oltra declarara, que el TSJCV había fijado para el pasado 6 de julio, quedara sin efecto mientras la causa volvía al juzgado que inició la instrucción de este caso.

Antes de devolver la causa a Instrucción 15 -una vez confirmada la dimisión-, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, con el apoyo de la Fiscalía, se declaró competente para instruir esta causa contra Oltra y los otros trece investigados por apreciar "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre Oltra y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada".

"Dudosa legalidad"

Los magistrados del alto tribunal, del mismo modo que el de Instrucción 15, entendieron que aquellos trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Conselleria, "considerados en abstracto y de una forma aislada, no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares".

Pero valorados en su conjunto y "poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad", hace pensar que han sido elaborados "con un propósito muy concreto" y "de una muy dudosa legalidad", como sería "beneficiar la situación procesal del -entonces- marido del Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de la misma, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad".

Reconocieron estos magistrados, sin embargo, que "no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada". Sí apuntaron, sin embargo, la posible concurrencia de "indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, tanto por la persona a quien directamente beneficiarían como por la propia relación que presentan con la evolución del proceso penal que trataron de obstaculizar".

Siguiendo este hilo argumental, añadieron que "es pacíficamente admitido" por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, que esta modalidad de prueba "es perfectamente admisible para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona".

La sentencia que condena al exmarido de Oltra a 5 años de cárcel está recurrida ante el Tribunal Supremo, si bien el TSJCV entendió, al valorar esta causa, que no es óbice para "valorar los delitos imputados por el Ministerio Fiscal, que en definitiva se refieren sencillamente a impedir una investigación y a no dar a la menor la debida protección que su particular posición les imponía".