El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Diputación de Valencia al pago de cantidades que rondan los 200.000 euros por utilizar, entre 2018 y 2019, a siete becarios como trabajadores al servicio de los grupos políticos PSOE y Compromís.
La Justicia considera que ha existido una "relación laboral" y que las funciones de los becarios, cuya ayuda pública ascendía a poco más de 1.000 euros al mes, eran las propias de los "técnicos de comunicación", con un sueldo superior a los 2.000 euros mensuales.
No constan tutores de la formación y la jefa del servicio de Comunicación y Relaciones Exteriores de la Diputación de Valencia aseguró en el juicio que "desconocía la identidad de los becarios refiriendo que estos chicos dependen de los asesores de PSOE y Compromís".
Las funciones de los falsos becarios eran "las propias de técnicos de comunicación con puestos de trabajo" y seguían "las órdenes e instrucciones de los responsables de los grupos políticos".
Respecto a la dotación económica que recibían, la Justicia ha constatado que era una ayuda "para gastos ocasionados por la realización de la beca, unos gastos que no se especifican y detalla", tal y como descubrió la Inspección de Trabajo.
La resolución, del pasado mes de mayo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha sido dictada por la sala de lo Social del TSJ y rechaza el último recurso de súplica que presentó la Diputación de Valencia en el que negaba dicha relación laboral.
La Diputación deberá abonar a los siete falsos becarios cantidades que oscilan entre los 22.000 y 30.000 euros, más los intereses y las costas del procedimiento. Además, la Seguridad Social reclamó un importe de 105.700 euros por las cuotas pendientes de estas siete personas.
Sistema heredado
La estructura que han tumbado ahora los tribunales ha estado más de 20 años vigente en la Diputación y la izquierda valenciana la mantuvo tras hacerse con la institución en 2015. Sin embargo, tras conocerse la denuncia, PSOE y Compromís renunciaron a seguir con los programas de formación y ya no se ofrecen becas a estudiantes.
Estos alumnos ganaron en 2018 una beca para la realización de prácticas profesionales en el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Valencia en materia de comunicación y protocolo.
Pero en julio de 2019, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social levantó a la institución acta de liquidación de cuotas por no darlos de alta en el régimen general ni cotizar en función de la prestación de los servicios.
Así, tal y como alertó la Inspección, se produjo una "relación laboral encubierta, en donde se han venido a desempeñar actividades propias de técnicos de comunicación, cuyos frutos son adquiridos por la Diputación de Valencia, estándose claramente ante una actividad laboral, que de no haberse desarrollado por los becarios, tendría que haberse realizado por personal propio o ajeno del propio archivo".
El tribunal ratifica punto por punto la sentencia dictada en primera instancia por un juzgado de lo Social en julio de 2021. La magistrada valoró las pruebas y relató que "la clave para distinguir entre beca y contrato de trabajo" es que "la finalidad perseguida en la concesión de becas no estriba en beneficiarse de la actividad del becario, sino en la ayuda que se presta en su formación".
Así, los falsos becarios "realizaban un trabajo propio del gabinete de prensa, lo que no era actividad de formación, pues no hicieron ninguna práctica formativa, ni fueron evaluados, y han estado sometidos a un horario, con un salario y con vacaciones, sin que la prueba practicada por la Diputación haya desvirtuado el contenido del acta de la inspección".
La Diputación de Valencia no es la única institución que ha recurrido a falsos becarios para ocupar puestos de trabajo. En enero de 2022, el Tribunal Supremo condenó a la Diputación de Pontevedra por contratar a 38 falsos becarios tras reconocer la relación laboral porque los afectados realizaban sus tareas sin supervisión ni programa formativo.
Por otra parte, en 2020 tres Juzgados de lo Social condenaron a la Generalitat Valenciana por utilizar sus becas de comunicación como "un medio fraudulento de contratación". En los tres casos declararon el fin de la beca como un despido improcedente y obligaron a indemnizar a los demandantes.
Los fallos llegaron tras 60 denuncias presentadas por CCOO-PV ante las irregularidades detectadas en 32 becas de Presidencia (donde Ximo Puig disponía de un gran equipo de comunicación repleto de becarios), 15 de Vicepresidencia Primera e Igualdad (el área de la exconsellera Mónica Oltra), 12 de Sanidad y 1 de Educación. En este caso, también se trataba de un sistema heredado del PP que PSOE y Compromís mantuvieron.