Un mes. Este es el plazo que ha dado el Gobierno del socialista Ximo Puig para que los ayuntamientos propongan la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura de Francisco Franco que siguen presentes en sus municipios, la mayoría en iglesias parroquiales, plazas o cementerios.
La Consejería de Calidad Democrática, en manos de Izquierda Unida, socios de Puig en el Consell, ha remitido un escrito a todos los ayuntamientos titulares de los vestigios que constan en un catálogo elaborado por la Generalitat Valenciana y que ha servido de base para exigir su retirada.
Al menos 73 de los 542 municipios de la Comunidad Valenciana cuentan todavía con estos elementos franquistas. Entre los símbolos a retirar aparecen cruces en honor a los caídos, panteones en cementerios, mausoleos o inscripciones en las fachadas de iglesias parroquiales que también deberán comprometerse a su retirada en el plazo de un mes.
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En la notificación se hace constar, en todos los casos, que "de no retirar los vestigios contrarios a la memoria democrática de forma voluntaria, en el plazo de un mes, se incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos".
La izquierda valenciana aprobó en 2017 la ley autonómica de Memoria Democrática, una norma que por primera vez incluía un régimen sancionador para aquellas personas o entidades, públicas y privadas, que la incumplan.
Los ayuntamientos titulares de los vestigios que no cumplan con el requerimiento que acaba de hacer la Administración autonómica se enfrentan a una sanción "grave" por incumplir esta ley. Las multas previstas podrían llegar hasta los 10.000 euros, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes de la Consejería de Calidad Democrática.
Durante esta legislatura, la Generalitat ha identificado "aquellos elementos contrarios a la memoria democrática o vestigios franquistas, tanto simbólicos como iconográficos y terminológicos que todavía subsisten en los espacios públicos del territorio valenciano", cumpliendo así con lo dispuesto en la ley valenciana.
Desde 2017, según la Consejería, "se han retirado, suprimido, eliminado o revocado un total de 43 vestigios entre símbolos, placas, nombres de calles o espacios públicos, honores y otros. Del total, 14 se encontraban en diferentes municipios de Castellón; 8 en la provincia de Alicante y 21 en la de Valencia.
292 elementos
Ahora, una vez la Generalitat Valenciana ha publicado la primera actualización del catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura, los titulares de los vestigios que siguen en sus lugares han sido advertidos para que procedan a su retirada. En total, el registro incluye 292 elementos franquistas entre símbolos, placas, nombres de calles o espacios públicos, honores y otros.
El objetivo de este inventario es disponer de un mapa valenciano de vestigios franquistas "que sirva de herramienta a todas las Administraciones públicas valencianas y a la ciudadanía para desplegar las medidas necesarias que permitan su retirada".
El catálogo incluye la Cruz de los Caídos de Elche, Elda, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes, todos ellos en la provincia de Alicante; o lo retratos de Franco y José Antonio Primo de Rivera que siguen colgados en la Cooperativa Agrícola San Antonio de Canals, en Valencia.
Además, el listado incluye numerosos templos religiosos con inscripciones o símbolos. Así, la Consejería ha pedido la retirada de la piedra inaugural de la Concatedral de Castellón, en la que figura la siguiente inscripción: "Año primero de las obras, segundo de la liberación".
También se ha pedido la retirada de una cruz a los caídos adherida a la fachada principal de la Iglesia Parroquial de Gavarda, en Valencia, con las inscripciones "caídos por Dios y por España", "José Antonio" y el símbolo del yugo y las flechas. El alcalde de este municipio es Vicente Mompó, presidente del PP en la provincia de Valencia.
En Albaida, un pueblo de Valencia gobernado desde 2011 por Compromís, la Consejería ha instado a la eliminación de la cruz pintada en la fachada de su iglesia. En este templo aparecen inscritos los nombres de Francisco Franco y
José Antonio Primo de Rivera, así como el de fallecidos del bando nacional.
Otros templos religiosos identificados por la Consejería son los de Vila-real, Villahermosa del Río, Vallibona, El Toro, Sant Mateu o Portell de Morella.
Rafelbunyol, gobernado por el PSOE, también deberá instar a la retirada de un monolito dedicado a los caídos en el plazo de un mes. En Castellón, el catálogo incluye la vidriera de la residencia de Cáritas de la tercera edad de Burriana, concertada con la Consejería de Igualdad; o el monumento a los caídos que sigue en pie en una plaza de Herbés.
Igualmente, en el inventario aparece la cruz de hierro en el puerto de Querol de Morella, el municipio del que fue alcalde Ximo Puig, "en homenaje a víctima guerra civil con exaltación franquista".
El listado también incluye multitud de nombres de calles, pero algunos de los ayuntamientos que han recibido la carta de la Consejería ya han anunciado que pedirán mantener su callejero.
El Ayuntamiento de Elche, gobernado por PSOE y Compromís, ha anunciado que pedirá a la Generalitat no cambiar los nombres de las 123 calles con referencias franquistas porque "estos nombres no evidencian una exaltación al franquismo" y por el "trastorno social y económico" que supone.