La propuesta pactada entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para delimitar el delito de malversación ya tiene sus replicas en los juicios que se están celebrando contra dirigentes públicos por supuesta corrupción.
El letrado del exalcalde de Gandía Arturo Torró, del PP, ha pedido la suspensión del juicio por malversación que la Audiencia Provincial de Valencia ha iniciado este lunes contra su cliente por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos hasta que el Gobierno complete su reforma.
El resto de defensas se han adherido a la petición al considerar que la actual situación, en la que Sánchez promueve junto a los independentistas un cambio que favorece la corrupción y que podría estar listo antes de que finalice el año, vulnera el derecho a la defensa de sus clientes. La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión.
[El nuevo delito de malversación baja a 6 años la inhabilitación, lo que favorecería a Junqueras]
El tribunal del juicio con jurado finalmente la ha rechazado y el juicio continuará celebrándose tras la "insólita" petición del dirigente del PP, según ha reconocido su propio abogado durante el alegato.
"No sabemos si habrá ley, cuál será su contenido ni si tendrá disposición transitoria", ha respondido el presidente del tribunal. En este sentido, ha añadido que se trata de una "situación peculiar fruto del conocimiento que se tiene de las iniciativas legislativas", pero ha concluido que "ningún proyecto ni iniciativa vincula a los tribunales".
"En caso de que fructificase en un texto legal se aplicará, ahora no cabe hacer proyección de futuro", ha insistido el presidente de la Sala, según ha informado la Agencia EFE.
La Audiencia provincial de Valencia ha iniciado este lunes el juicio contra el exalcalde de Gandía Arturo Torró por los delitos de malversación y fraude en la contratación supuestamente cometidos en la adjudicación, a través de una empresa pública, de los servicios de comunicación del Ayuntamiento entre 2012 y 2015 a la firma Comarques Centrals Televisió.
La investigación se inició a partir de la querella interpuesta por los concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell, y el Ayuntamiento de Gandía ejerce la acusación particular.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el exalcalde concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba el otro procesado diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase y causando un claro perjuicio para las arcas públicas.
En concreto, Arturo Torró está acusado de adjudicar siete millones de euros a una televisión supuestamente afín tras cerrar la televisión pública de Gandía.
La Fiscalía pide para Torró ocho años de prisión por adjudicar siete millones de euros a una televisión supuestamente afín. Además, solicita la inhabilitación absoluta durante veinte años para ambos acusados y que abonen al Ayuntamiento de Gandía 480.000 euros por "el perjuicio causado a las arcas públicas del consistorio".
Aunque el fiscal únicamente acusa a Torró y al empresario responsable de esta televisión comarcal, el Ayuntamiento de Gandía extiende las responsabilidades a Francisco Javier Reig, como vicepresidente de la empresa pública IPG y concejal del equipo de Gobierno; Antonio Abad, concejal; dos empresarios y la funcionaria responsable de supervisar y coordinar la actividad de la empresa pública con el Ayuntamiento de Gandía