La Generalitat Valenciana convirtió la dimisión de Mónica Oltra en un "cese involuntario con carácter definitivo". Así consta textualmente en el certificado oficial presentado por la exvicepresidenta valenciana ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la dirección provincial del organismo en Valencia.
Fue esta tipología de cese la que le permitió acceder al máximo de prestación por desempleo (algo más de 1.300 euros mensuales). Tal circunstancia aviva la polémica por el modo en el que fue cesada la líder de Compromís tras haber presentado su dimisión el pasado mes de junio.
En su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (Dogv), firmada por Ximo Puig, constó como "cese", a secas, sin la fórmula "a petición propia" usada en otras dimisiones. Y en el posterior certificado se transformó en "cese involuntario".
El SEPE se limita a explicar a este periódico que la prestación por desempleo que percibe Mónica Oltra "se ajusta a la legalidad", ya que acudió con un documento en el que su cese constaba como "involuntario".
La duda por resolver es si incurrió la Generalitat Valenciana en una irregularidad al convertir la dimisión voluntaria de Oltra en justo lo contrario, un "cese involuntario".
El SEPE agrega a EL ESPAÑOL que el certificado aportado por Mónica Oltra aparece firmado por "la Secretaría General Administrativa", sin especificar quién lo firma. La lógica invita a pensar que se trata de un área de Presidencia de la Generalitat Valenciana, pues es el presidente Ximo Puig quien nombra y cesa a todos los altos cargos.
Pero Presidencia, preguntada al respecto, apunta que existe una Secretaría General Administrativa por cada conselleria, y ni confirma ni desmiente que el certificado de Mónica Oltra haya salido de la suya. Tampoco pudieron precisarlo este viernes fuentes de Vicepresidencia, el departamento que ocupaba la propia cesada.
Se trata, en cualquier caso, de un certificado de la Generalitat Valenciana que transforma la anunciada dimisión de la dirigente en un "cese involuntario". Y fue esta categoría la que garantizó a Oltra cobrar el paro. La exvicepresidenta no tuvo reparo alguno en comunicar al SEPE una realidad tergiversada en el documento que aportaba.
La Generalitat defiende, desde que estalló la polémica, que el SEPE no hace distingos entre los diferentes tipos de cese de altos cargos, que otorga a todos los ceses la misma consideración. En tal caso, se trataría de un privilegio para dirigentes políticos de la administración pública, ya que en absoluto ocurre así para el común de los asalariados, que solo cobran cuando se produce un despido.
El SEPE se desmarca de Puig
Pero el SEPE, ante las preguntas de EL ESPAÑOL, se desmarca de la premisa del Gobierno valenciano. "No nos corresponde entrar a valorar qué habría ocurrido si hubiera venido con un certificado donde apareciera su cese como voluntario. Tampoco sabemos si existen precedentes de ese escenario, de un alto cargo que haya acudido a cobrar la prestación con un cese voluntario. Lo que podemos decir es que el cese presentado por Mónica Oltra era correcto y que se ajustaba a las condiciones para recibir la prestación por desempleo", alegaron.
Las dudas sobre si la Generalitat vistió de cese involuntario la dimisión de Oltra para facilitarle cobrar el paro podrían acabar en el juzgado. El diputado no adscrito Vicente Fernández (ex de Ciudadanos) presentó una denuncia contra Ximo Puig y Mónica Oltra por posibles delitos de malversación y prevaricación. La misma no ha sido todavía admitida a trámite ni desestimada, según explicó este viernes.
El parlamentario, abogado de profesión, sí cree que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó su salida como un cese y no una dimisión para que pudiera acceder a la prestación por desempleo.
La denuncia, presentada ante el TSJCV por la condición de aforado de Puig, se basa en las declaraciones que realizó Oltra en una entrevista concedida a La Sexta, en la que ella misma reveló que cobra mensualmente unos 1.300 euros de desempleo desde que en junio dimitió por su investigación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.
En el escrito, el diputado esgrimió que Puig, "olvidando la dimisión pública de Oltra", acordó mediante decreto su "cese político", lo que a su juicio posibilitó un equivalente a despido laboral con derecho a paro, así como "una posible indemnización por parte del Consell que habrá que comprobar, cuando no le pertenecían legalmente".
"¿Miente ella o el 'president'? ¿Por qué pasan ocho días desde el anuncio de la dimisión hasta la publicación del decreto?", se preguntó el no adscrito, que subrayó que "a cualquier españolito de a pie" se le denegaría el derecho al paro tras haber dimitido.