La jueza sostiene que hubo financiación ilegal del PSOE valenciano con obras del Gobierno de Zapatero

Así consta en un auto de la juez instructora -conocido ahora pero firmado el pasado 2 de diciembre- con el que justifica que la investigación se haya practicado en secreto en el último año y en el que acuerdan nuevas imputaciones.

La jueza, Ana María Lillo, señala que los socialistas valencianos se financiaron ilegalmente con comisiones millonarias con las que promocionaron a sus candidatos en las elecciones de 2007 y 2008.

La trama, cuyos elementos "nucleares" son el extesorero del PSPV-PSOE José María Cataluña y el exjuez José Luis Vera, cobró supuestamente los sobornos "como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obra pública" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Valencia.

Una parte del dinero fue a parar al bolsillo de los cargos socialistas investigados y la otra se utilizó para promocionar las figuras de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, actual presidenta del Consejo de Estado, y de la exministra Carmen Alborch, fallecida en 2018.

La juez no tiene dudas y asegura que parte "del soborno pactado con José Luis Vera y José María Cataluña iría a manos del PSOE, a través de este último".

Cataluña dejó sus cargos orgánicos tras ser nombrado vicepresidente de Bancaja en 2004 a propuesta del PSOE, pero la instructora apunta que la desvinculación "sería meramente formal, dado que seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido y habría cobrado para él parte de los sobornos acordados".

Los sobornos son la consecuencia "de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas desarrolladas en el informe policial, relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal en el ámbito del Gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el partido socialista" en 2004 tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero.

La magistrada relata en su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los "diversos delitos públicos relacionados con la corrupción", entre ellos los desarrollados en el seno del Grupo Axis, del empresario Jaime Febrer.

Este constructor habría "desarrollado una dinámica, al margen de su actividad legal, consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes Administraciones Públicas".

El auto de la juez se ha conocido después de que trascendiera que un trabajador del PSOE valenciano ha revelado por primera vez que el partido se financió de forma ilegal.

Operaciones bajo sospecha

Se han analizado varias operaciones urbanísticas que habrían motivado el pago de comisiones de naturaleza ilícita y entre ellas se encuentra el PAI El Espartal de Xixona (Alicante).

Aunque finalmente no se llegó a desarrollar, el empresario Febrer "al objeto de obtener los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del programa de actuación urbanística, opta por firmar un convenio entre la empresa pública estatal Acuamed", dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de ampliar la desaladora Mutxamel Campello, en Alicante.

Por este convenio, "la comisión pactada entre José Luis Vera y Jaime Febrer ascendería a dos millones de euros, de los cuales un millón sería para el PSOE, partido político al que José Luis Vera se encuentra estrechamente vinculado". 

Los pagos empiezan después de firmarse el convenio y los agentes han encontrado una serie de anotaciones de Jaime Febrer en las que aparece una primera entrega de 200.000 euros en efectivo a José Luis Vera el 25 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, celebradas el 27 de mayo.

Además, la juez destaca el hallazgo de "los pagos y comisiones abonados por Construcciones Luján", una empresa investigada poor financiar al PP en el caso Imelsa.

En concreto, cita el abono de "120.060 euros a Cronosport, sociedad que realiza parte de la campaña electoral del partido socialista para las elecciones municipales del año 2007".

"Dicho pago y comisión se enmarca en la adjudicación a dicha sociedad de un contrato público, en el que participaría el investigado José María Cataluña, para canalizar el abono de la comisión hacia el PSOE, conforme a la documentación manuscrita de su agenda personal", subraya la instructora.

El abono "se concreta" con la "adjudicación predeterminada" del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó, de 17,5 kilómetros, licitado por la empresa pública Aguas del Júcar, que fue más tarde absorbida por Acuamed.

La obra se adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Acciona Infraestructuras SA-Construcciones Luján por 46 millones de euros.

Los responsables de la sociedad Aguas del Júcar en aquel momento eran los históricos socialistas José María Marugán y Juan José Moragues, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ambos han sido imputados por los supuestos delitos de malversación, cohecho y falsedad documental.

Pruebas en el dormitorio

La juez desvela en su resolución que en el registro judicial llevado a cabo en el domicilio del extesorero Cataluña los agentes encontraron en su "dormitorio" el sobre que "contenía la cantidad a abonar por las empresas adjudicatarias del tramo E de la obra pública a efectuar, y que suponía un tramo de mayor precio de licitación".

Además, la investigación ha podido "constatar los indicios existentes respecto de las mercantiles del Grupo Gimeno, en concreto una UTE, de la que formaba parte la entidad Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (FACSA), condenada en Gürtel por financiar al PP de Francisco Camps con el mismo método que con el PSOE.

FACSA resultó adjudicataria, el 25 de enero de 2008, de un contrato con la desaladora de Moncofa (Castellón) por 50 millones de euros y "aparece en la agenda personal de Cataluña una anotación del mismo día de la adjudicación recogiendo un importe muy cercano (51m) y la empresa adjudicataria FACSA".

Poco después, continúa la juez, "en concreto el 28 de marzo de 2008, Cronosport emite a FACSA una factura por importe de 70.817 euros relacionada con las elecciones generarles del año 2008, en concreto, actos de campaña electoral, cuyo pago se llevó a cabo el 31 de julio de 2008.

Según la magistrada, "el abono se corresponde con los gastos electorales de dichas elecciones no declarados por el partido socialista".

María Teresa Fernández de la Vega, candidata en 2008 por Valencia, interviene en un mitin.

La investigación relaciona los pagos de FACSA con "diferentes encargos con motivo de las elecciones generales de 2008 efectuados por el partido socialista y concretamente con la candidata María Teresa Fernández de la Vega".

Cataluña, histórico dirigente del PSOE valenciano, lleva tiempo apartado de la primera línea política, pero ha seguido vinculado durante años a la fontanería del partido y su núcleo duro.

El líder de los socialistas valencianos era Joan Ignasi Pla y en ninguna convocatoria electoral logró imponerse al PP, un partido que también se financió con el mismo sistema en Valencia y cuyos dirigentes han sido condenados en firme por la Audiencia Nacional.

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De portavoz a defensa

El caso ha sacudido al PSOE de Valencia y Manolo Mata, portavoz del PSOE de Puig desde 2015 hasta el pasado mes de mayo, renunció a todos sus cargos para defender al principal empresario investigado, Jaime Febrer.

Pla dimitió de sus cargos en octubre de 2007 después de que trascendiera que un constructor abonó por adelantado la reforma de su casa, valorada en 78.000 euros. La Guardia Civil también ha hallado en casa del extesorero facturas de parte de la reforma de la vivienda del exsecretario general de los socialistas valencianos.

El tiempo que ha trascurrido desde que se cometieron los hechos, 15 años, juega a favor de los investigados.

Los delitos electorales están prescritos, pero el juzgado mantiene las diligencias abiertas por un supuesto cohecho, pues la Fiscalía Anticorrupción atribuye los pagos a una dádiva a cambio de facilitar los negocios de los empresarios.

Este delito todavía no estaría prescrito y permite continuar con las diligencias pese a las dificultades que se están encontrando los investigadores para obtener más pruebas al haber transcurrido tanto tiempo.

Además del cohecho, se investigan supuestos delitos de delitos tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.