Carlos Flores Juberías, el catedrático condenado por malos tratos a su exmujer elegido candidato de Vox para las próximas elecciones autonómicas, seguirá -al menos por unas semanas- en su cargo público del Consell de la Transparència. Y tal circunstancia ocurrirá gracias a los partidos de la coalición de izquierdas que gobierna en la Comunidad Valenciana (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem).
El PP, que fue quien propuso en 2016 para el puesto de vocal al catedrático de derecho, se ofreció, nada más conocer su condena, a activar el mecanismo para su salida. Lo hizo, además de públicamente, mediante un escrito remitido a la portavoz socialista, Ana Barceló. En el mismo le instaba a "someter a votación la renovación del mencionado consejo en la primera sesión plenaria, a celebrar el próximo 25 de enero".
Las fuerzas de la coalición progresista, sin embargo, no han incluido esta votación en el orden del día. El Grupo Socialista se ha limitado a impulsar una proposición no de ley (PNL) en la que solicita su dimisión y pide a los populares que se adhieran a esta petición. "Consideramos que lo mantienen en el cargo para intentar desgastar al PP", argumentaban al respecto fuentes de la formación conservadora.
[El líder de Vox condenado por maltrato cobra 500 euros por reunión en un órgano público valenciano]
Preguntadas sobre esta cuestión, fuentes del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes aseguraron que no están poniendo "ningún impedimento para renovar los órganos", pero rechazan la hoja de ruta del PP y trabajan en la renovación de todos ellos de forma conjunta.
En estos momentos están pendientes de renovación cargos del Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y el Consell d'Universitats, además del Consell de la Transparència.
Según apuntan fuentes del PP, existe acuerdo para los nombres de todos ellos a excepción del Consell Jurídic Consultiu, y es por ello por lo que el PP prefiere no esperar al pacto en este organismo y acometer la renovación en Transparencia lo antes posible.
Proponen febrero
Pero los socialistas insisten en la renovación conjunta, aunque ello suponga mantener a Carlos Flores Juberías en un cargo público remunerado con dietas. "Proponemos el pleno del 8 de febrero para renovarlos todos, no solo Transparencia", explican.
"Se ha dado algo más de tiempo y se ha puesto la fecha del 8 porque para renovar determinados órganos se debe pasar por comisión", agregan, y refutan el argumento popular de que ya existe acuerdo para los sustitutos: "No están registrados todavía los nombres".
"El mensaje potente hubiese sido que el PP hubiese apoyado nuestra PNL para cesarlo", argumentan. Pero la misma no habla de cese. "Les Cosrt Valencianes exigen la renuncia a sus cargos", reza textualmente el documento, consultado por EL ESPAÑOL. Y consta así y no de otro modo porque el cese o nombramiento de los nuevos vocales solo puede realizarse por acuerdo plenario en el hemiciclo, tal y como propone el PP. Está por ver si la izquierda lo incluye formalmente en el orden del día del pleno del 8 de febrero.
Frores Juberías, como reveló este periódico, cobra 500 euros por reunión en el Consell de la Transparència. Fue el propio líder de Vox quien confirmó a este medio que percibe esa cantidad por encuentro, la que corresponde a cada vocal de este consejo, cuyos miembros se reúnen "entre dos y tres veces al mes" para abordar las reclamaciones sobre transparencia que afectan a la administración autonómica valenciana.
"Son entre 22 y 24 reuniones anuales", concretó el candidato de Vox. En 2021, año de la última memoria publicada por el Consell de la Transparència, fueron un total de 23, cifra que equivale a un montante anual de 11.500 euros.
Carlos Flores Juberías, tras ser nombrado candidato de Vox a la Generalitat Valenciana. EE
Esta retribución fue incrementada hace justo ahora dos años, según recoge la mencionada memoria. Previamente, en julio de 2017, las "asignaciones económicas" se habían fijado en "300 euros para los vocales y 400 euros para el presidente". Pero los cinco miembros del Consell de la Transparència, entre los que se encuentra Carlos Flores, se quejaron desde entonces cada año en la memoria anual del organismo de que tal cantidad "solo preveía la asistencia a la reunión".
"Además, cabe llevar a cabo una preparación y un estudio previo de cada informe o resolución", alegaron, y la Conselleria de Transparencia, atendiendo tal petición, elevó los emolumentos a 500 euros por reunión para los vocales y a 600 euros para el presidente.
Flores Juberías subrayó que este consejo, formado por cinco representantes a propuesta de PP, Cs, PSOE, Compromís y Podemos, "funciona cada vez mejor". "En el último año resolvimos 300 reclamaciones, y en 7 años hemos resuelto todas la cuestiones por unanimidad, con una única excepción", detalló.
Según agregó, su función consiste en "estudiar y resolver una media de tres casos por reunión", ya que para cada reclamación se nombra un ponente, que es quien elabora una propuesta de resolución. Cada uno de los vocales acude a las citas con sus propuestas, y juntos analizan, debaten y concluyen sobre "una media de quince casos por reunión", según Flores Juberías. "Mis compañeros y yo salimos a unos 30 euros por caso", precisó.
Flores Juberías, como relató este periódico tras acceder a la sentencia de 2002, fue condenado a un año de prisión y al pago de 6.000 euros por "maltrato psíquico" a su expareja en presencia de sus hijos, entonces menores de edad.
La sentencia relata el "trato inhumano, vejatorio o degradante" al que sometió a la mujer y a su familia desde el año 2000. Las vejaciones fueron de tal gravedad que la víctima tuvo que abandonar la ciudad de Valencia y, durante uno de los episodios, su hija tuvo que pedir auxilio a la Policía.
Flores, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y jurista de reconocido prestigio, fue sentenciado por 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones injustas que se enmarcaron como "violencia doméstica", pues la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género no se aprobó hasta 2004.
Vox conocía el fallo
La resolución recoge cómo la maltrataba e intimidaba mientras la perseguía por la calle o cuando ella llevaba a sus hijos al colegio. "Puta, ladrona, secuestradora de niños, más que ladrona, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo, ladrona", son algunos de los insultos que destaca el fallo de la sección quinta de la Audiencia de Valencia.
Flores, que ya militó en la extrema derecha en los 80 como candidato de Fuerza Nueva, el partido fundado por Blas Piñar, se pronunció sobre la sentencia y remarcó que el maltrato a su ex fue "de palabra". Según el candidato de Vox, el partido de Santiago Abascal conocía la resolución, y ello no fue un impedimento para apoyar su candidatura.
"Todos, en un momento determinado de nuestras vidas, hemos dicho o hecho cosas de las que luego te arrepientes", manifestó, al tiempo que defendió que las penas no son "de por vida".