La Audiencia Nacional ha aplazado una semana el juicio que estaba previsto que comenzara este lunes contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps para que todas las partes tengan acceso a la documentación que conforma el procedimiento. El presidente del tribunal ha acordado la medida después de que varias defensas, entre ella la de Camps, hayan alegado indefensión y que no habían tenido acceso al expediente judicial.
Los abogados de los acusados han denunciado que no han podido acceder al sistema informático de la Audiencia Nacional o que directamente no encuentran informes que debería de estar incluidos en la causa. "No hemos podido encontrar documentos que en su momento el TSJ de Valencia nos dio, con algunas referencias, que ahora no se encuentran. Son informes que tienen que ver con los contratos", ha razonado una de las defensas.
Además, "nos consta que hay un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que se justificaba la legalidad de los contratos" y hay testigos peritos cuya declaración ha sido admitida, "pero su informe no se encuentra".
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Además, el tribunal ha comunicado que el Gobierno de Ximo Puig, personado en Gürtel como Administración perjudicada, ha presentado a primera hora de este lunes un documento con "una nueva responsabilidad civil" que podría modificar las conclusiones del juicio o los términos de los acuerdos a los que ha llegado numerosos acusados con la Fiscalía Anticorrupción para tirar de la manta a cambio de una reducción de la petición de pena.
"Aquí hay una nueva responsabilidad civil y por eso ustedes tienen derecho a recoger este documento, a estudiarlo y después ver cuál es su situación procesal", ha razonado el presidente del tribunal. De este modo, el juicio se retomará el próximo lunes 30 de enero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
Francisco Camps se sienta en el banquillo de los acusados por el último fleco del caso Gürtel que tiene abierto, relacionado con la adjudicación a la trama del montaje de un expositor en Fitur, en 2009, un juicio en el que alrededor de una decena de acusados, incluidos los cabecillas de la red, han pactado con la Fiscalía. Antes de arrancar el juicio, Camps ha defendido que ninguna persona de su Gobierno se enriqueció con la trama Gürtel.
Casi catorce años después del estallido del caso, la Audiencia Nacional todavía tiene piezas de esta macrocausa por juzgar, como la que empezaba esta semana, en la que quien fuese presidente valenciano durante ocho años (2003-2011) se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación por los delitos de prevaricación y fraude.
Los acusados escuchan al tribunal al inicio del juicio.
Segundo juicio en Gürtel
Será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de los trajes y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011- y lo afronta con "absoluta tranquilidad", según manifestó públicamente esta semana. Además de recordar que "ya son nueve las causas que se han archivado" contra él, el expresident confesó que le "encantaría volver otra vez a la primera línea de batalla", a la política.
Junto a él serán juzgadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.
Los tres se encuentran desde hace años cumpliendo diversas condenas por Gürtel y en esta pieza, como en alguna otra más, han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El primero ha aceptado una condena de 2 años y medio de prisión.
No son los únicos. En torno a una decena de acusados han admitido los hechos, como los ex altos cargos de la Generalitat Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort.
Pero ese no es el caso de Camps, que mantiene su inocencia y que ya pidió hace meses al tribunal que no tuviese en cuenta las confesiones de estos acusados como un "instrumento incriminatorio" contra él.
El también expresidente del PP valenciano está acusado de dar instrucciones a la ex directora general de promoción institucional Salvadora Ibars para que le adjudicasen a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de un expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana por 366.529 euros.
La investigación contra él surgió de otro juicio de Gürtel, cuando algunos acusados como Álvaro Pérez, el Bigotes, o el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, le apuntaron como responsable de adjudicaciones a esa empresa.
Anticorrupción sostiene que las empresas de Gürtel se asentaron en la comunidad en 2003 para "aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció" Camps y "una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos".