Alfonso Rus encara su primer juicio por la corrupción del caso Imelsa siete años después de ser detenido y las vistas han estado a punto de suspenderse después de que uno de los acusados, trabajador de mantenimiento en la sede del PSOE valenciano, haya revelado por primera vez que su nómina se pagaba con fondos públicos procedentes de la Diputación de Valencia.
Francisco Javier Cañizares, uno de los acusados de la pieza de los zombies del caso Imelsa y número siete de la candidatura socialista de Bellús (Valencia) en 2015, ha pedido cambiar de abogado justo el primer día de juicio, antes de comenzar con las cuestiones previas.
"Mi abogada quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista en mantenimiento", ha asegurado el acusado, según las declaraciones recogidas por Europa Press.
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El acusado ha pedido el turno de palabra para pedir al tribunal que se suspenda el juicio porque quiere un cambio de abogado al indicar que no se sentía bien defendido: "Pido que me defienda un abogado de oficio", ha repetido. Su abogada ha respondido que era la primera noticia que tenía al respecto.
"Os lo pido por favor, tengo falta de confianza en mi abogada. No tengo dinero, no tengo un duro. No he podido venir antes a hacer esto. Soy un ignorante, soy un trabajador. Solo quiero decir la verdad, me hace falta un abogado", ha afirmado el acusado.
A continuación, ha agregado: "Me han puesto la abogada. Yo quiero decir la verdad (...) Quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento".
Tras su solicitud, la abogada ha manifestado al tribunal su voluntad de renunciar a la defensa de su cliente al no verse en condiciones de asumir su representación. Sin embargo, el tribunal, tras estudiar la petición, la ha denegado, según ha informado Europa Press. Se trata de un episodio absolutamente excepcional y que nunca se había producido en Valencia en un juicio por corrupción política.
En concreto, la Audiencia de Valencia ha rechazado tanto suspender el juicio como que el acusado cambie de abogado al estimar que las alegaciones planteadas son "muy genéricas y vagas" y que el acusado ha tenido mucho tiempo anterior para plantear esta cuestión.
En la pieza del caso Imelsa que llega a juicio esta semana se han investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, esta última dependiente de la Generalitat Valenciana y encargada de la construcción de centros escolares públicos. Los acusados, denominados zombies, cobraban una nómina de Imelsa, pero en realidad trabajaban para otras instituciones o empresas.
Junto a Rus hay otros acusados como el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSOE); el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla (PP) y el exdiputado del PP Salvador Enguix. Ambos partidos habrían ocultado las contrataciones para que la trama siguiera pagando las nóminas.
Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio, que fue detenido en 2021 por el supuesto cobro de comisiones de la trama Azud, a otros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.
Anticorrupción ha informado a la sala que una decena de acusados han reconocido los hechos y han devuelto al juzgado alrededor de 200.000 euros a cambio de una rebaja en su petición de pena.