Primera condena del 'caso Imelsa': el PP, absuelto, y 7 años de cárcel para el 'Yonki del dinero'

El caso Imelsa ya tiene la primera sentencia condenatoria. La Audiencia de Valencia ha condenado a siete años y diez meses de cárcel al exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, autodenominado como yonki del dinero, por los delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento público.

La sentencia da por probado que el exdirigente del PP, como gerente de Imelsa, dirigió una red de empresas pantalla y testaferros con la que amañó contratos del Ayuntamiento de Valencia y la Diputación para enriquecerse.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no ha podido demostrar en esta pieza separada que parte del dinero fuese a parar al partido. La misma sentencia absuelve a Juan José Medina (PP), exvicepresidente de la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso Rus, y al PP como responsable civil subsidiario.

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En este juicio se pusieron sobre la mesa todas las irregularidades en adjudicaciones de Imelsa y el Ayuntamiento de Valencia a la empresa de comunicación Thematica Events, una sociedad con sede en la capital que usaba la sobrefacturación de contratos públicos para desviar el dinero a Benavent. Se trata de la primera pieza del procedimiento que llegó a juicio por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

Según concluyó la Fiscalía en el juicio, los acusados crearon una "operativa criminal" para desviar fondos públicos utilizando Imelsa por parte de sus dirigentes, entre ellos Benavent, por decisión del expresidente popular Alfonso Rus. Así, se habrían desviado fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008.

Dentro de las mismas elecciones municipales, Thematica Events realizó trabajos de campaña electoral para el candidato popular a la alcaldía de Vilamarxant, Vicente Betoret, en la actualidad diputado nacional del PP y contra el que no se dirigió acusación al estar los hechos prescritos para él, que fueron abonados por Imelsa y ocultados al Tribunal de Cuentas en las cuentas que deben presentar los partidos como gastos electorales.

Sin embargo, la Audiencia ha estimado que "de la prueba practicada se concluye que no ha resultado acreditada la comisión por parte de los acusados de los hechos objeto de acusación", según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Esto es, que mediante el sobrecoste en la facturación de Themática Events SL a Imelsa, se haya obtenido el pago de los trabajos realizados por aquella entidad, o por la entidad subcontratada, en las campañas electorales municipales de Moncada y Villamarchante de 2007 y la campaña electoral de las elecciones generales de 2008 del Partido Popular", recoge la resolución.

Igualmente, el tribunal expone que en el juicio Benavent aseguró que "Imelsa no pagó ninguna factura al Partido Popular". El exdirigente del PP cambió de estrategia antes de empezar el juicio y rectificó su primera declaración en la que aseguraba que parte del dinero sirvió para financiar campañas del PP en municipios de la provincia de Valencia.

Tras su cambio de declaración, el tribunal precisa que "no consta que se hayan realizado diligencias de instrucción sobre la realidad de una caja B y su incidencia en el presente procedimiento". "Únicamente se cuenta con un audio datado con un año de anterioridad a las elecciones municipales", añade la sentencia.

"Atendiendo a lo expuesto, y en aplicación del principio in dubio prorreo, ha de absolverse a los acusados, así como al Partido Popular como responsable civil subsidiario", recoge la resolución, notificada este martes a las partes.

Además de la condena de siete años de prisión, Benavent deberá pagar una multa de 295.000 euros y 93.186,54 euros en concepto de responsabilidad civil a abonar solidariamente con el resto de acusados.

Contratos irregulares

La Audiencia estima que Benavent usó la empresa Thematica para obtener contratos del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación de manera ilícita.

Respecto al contrato municipal para poner en marcha el proyecto de Bibliobús, la Audiencia de Valencia ha condenado a una funcionaria, Francisca Tamarit, a cinco años de prisión al considerar que la trama aprovechó la adjudicación para desviar recursos públicos. 

Además, descarta que la exconcejal de Cultura del PP, Mayren Beneyto, tuviese conocimiento de estos hechos: "No cabe admitir que sus superiores jerárquicos y aquellos que detentan funciones de supervisión, hayan de desarrollar una actividad de control presidida por una actitud de sospecha de ilegalidad sobre el contenido de lo informado por ella en el desempeño de su trabajo.

La Audiencia de Valencia razona que "fue en el ejercicio de sus competencias en que desplegó una actividad mediante la que, a través del fraccionamiento fraudulento de la actividad, se logró conferir el carácter de contratos menores a los servicios de Bibliobús de los periodos estivales de 2008 y 2009".

Y ello "con pleno conocimiento de que el importe que finalmente habría de abonar el Ayuntamiento de Valencia por dichos servicios, superaría el límite de 18.000 euros establecido para los contratos menores".

Testaferros

También figura como condenado Jaime José Úbeda, considerado el otro testaferro de Benavent, por delitos de blanqueo y falsedad. Deberá cumplir tres años de prisión y abonar una multa de 65.000 euros. Mientras, los empresarios José Antonio Toledo Salgado y Francisco Javier Márquez han sido condenados a diez meses de prisión.

Según la sentencia, Benavent logró apropiarse para su beneficio a través de la empresa Thematica Events 136.000 euros de un espectáculo que montó para el MuVim, el museo que gestiona la Diputación de Valencia. Parte del dinero sirvió para comprar un apartamento en Xàbia (Alicante). 

El caso Imelsa, que posteriormente ha tenido derivadas en el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, se inició con unas grabaciones que hizo Benavent y que fueron entregadas a la Justicia por Izquierda Unida en 2014.