El PSOE contrató como "asesor" en Imelsa al 'chapuzas' de su sede en Valencia: 30.000 € al año

Es uno de los acusados en el caso Imelsa y su sorprendente petición para cambiar de abogada le ha convertido en el típico personaje secundario imprescindible en una gran historia.

Justo el primer día de juicio, antes de comenzar con las cuestiones previas, Cañizares pidió al tribunal la palabra porque "quería decir la verdad" y aseguraba sentirse obligado a "decir que trabajaba en Imelsa", cuando se dedicaba a tareas de mantenimiento en la sede del PSOE.

El acusado pidió la suspensión del juicio, pero la Audiencia de Valencia rechazó la propuesta al entender que era una maniobra para dilatar el proceso.

La historia es tan rocambolesca que los magistrados han tenido que tomar una decisión absolutamente inusual en los tribunales: dejar que se marche a su casa como si nada y juzgarlo por separado cuando le asignen un abogado de oficio.

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"En el partido me decían 'tú espérate, no hagas nada que esto es cosa nuestra' y ahora me quieren echar el muerto encima. Quieren que diga que he trabajado en Imelsa y yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el Partido Socialista de mantenimiento", asegura a EL ESPAÑOL en una breve conversación. 

El primer juicio por el caso Imelsa contra Alfonso Rus, expresidente de la Diputación y del PP de Valencia, ha sacado a la luz cómo los populares y el PSOE supuestamente se aprovecharon del dinero de la institución para pagar las nóminas de sus trabajadores hasta las elecciones de 2015. 

Hasta 11 acusados, la mayoría del PP, han reconocido en el juicio que cobraron diferentes cantidades de dinero sin trabajar en Imelsa, la extinta empresa pública de la Diputación, y en Ciegsa, la empresa pública de la Generalitat Valenciana responsable de la construcción de colegios públicos.

Acuerdo con el fiscal

Todos estos acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con el ministerio fiscal por el que han reconocido los hechos y se les ha rebajado la condena, que se ha quedado finalmente en 14 meses de prisión. Entre ellos, figuran el capitán del equipo de fútbol de Rus, el Olímpic de Xàtiva, y militantes del PP que han declarado que en realidad eran administrativos de la sede.

Francisco Cañizares está fuera del pacto y se ha marchado ya de Valencia. Según el escrito de acusación del fiscal, cobró 108.344,60 euros entre diciembre de 2011 y mayo de 2015 contratado por Imelsa como asesor del entonces diputado socialista y actualmente presidente de la Diputación, Toni Gaspar. El secretario general del PSOE era desde 2012 Ximo Puig y el portavoz en la Diputación José Manuel Orengo, alcalde de Gandía desde 2003 hasta 2011.

Anticorrupción sostiene que "jamás acudió a la sede de la empresa pública para la que fue contratado realizando los servicios que venía haciendo en el PSOE, partido para el que desarrollaba el trabajo que le pagaba la empresa pública".

El hecho de que el PSOE valenciano pagara el mantenimiento de su sede con esta fórmula hasta las elecciones de 2015, año en el que Puig se convirtió en presidente, llama la atención porque ya las sospechas de corrupción en Imelsa eran conocidas y la denuncia con las grabaciones se había presentado un año antes.

"Un trabajador más"

Cañizares era el responsable de mantenimiento de la histórica sede de los socialistas en la calle Blanquerías de Valencia al menos entre diciembre de 2011 y mayo de 2015. "Yo era el de mantenimiento, un trabajador más", expone.

Cañizares compra lotería en los juzgados después de que la Audiencia le dejase marchar a su casa.

Durante esos años hizo de todo, igual arreglaba enchufes que cambiaba un grifo o colgaba un cuadro. Según diversos dirigentes socialistas, entró a trabajar en el partido por recomendación del exgerente Francisco Martínez, conocido como Paco Peseta, el trabajador del PSOE valenciano que ha tirado de la manta en el caso Azud y ha reconocido la financiación ilegal del partido.

El partido no pagó ni un céntimo por su sueldo o los gatos de la Seguridad Social: unos 30.000 euros al año que se abonaron con un contrato falso. El dirigente socialista que firmó la documentación sobre este trabajador es Raúl Pardos, alcalde de Gestalgar, un pequeño municipio del interior de Valencia y acusado en este juicio.

Este miércoles, Pardos admitió ante el tribunal que firmó dos certificados en los que se indicaba que Francisco Cañizares estaba adscrito a su cargo como consejero de Imelsa, pero esto no era así: "Me dijeron que tenía que firmar los certificados y cometí el error de hacerlo", declaró. Pardos sigue de asesor del PSOE en la Diputación de Valencia.

Francisco Cañizares ni siquiera reside en Valencia y admite que no sabe quién es Toni Gaspar, el supuesto consejero al que asesoró. El actual presidente de la Diputación comparecerá como testigo en su juicio y, según diversas fuentes, tampoco sabe quién es Cañizares. Hasta ahora, los abogados que le representaban forman parte de un despacho vinculado a militantes del PSOE que supuestamente le presionaron para cambiar su declaración, según mantiene.

"Lo he dicho dentro, yo no voy a decir que he trabajaba para Imelsa porque no es así. Era el de mantenimiento y hacía de todo. Yo no sé de estas cosas, me decían que me esperara y al final he tenido que venir aquí. Quiero un nuevo abogado, es un problema de confianza", afirma.

Cañizares se ha negado a identificar el cargo socialista que gestionó el contrato a través de Imelsa con el popular Alfonso Rus, condición sine qua non para que la Fiscalía acepte un pacto. "No lo voy a decir", insistió a este periódico.

El juicio para el resto de acusados se retoma este jueves con la declaración de Alfonso Rus. Será la primera vez que el histórico dirigente del PP valenciano declare por la trama de Imelsa.