El Ayuntamiento de Valencia ha pagado cerca de 330.000 euros a las empresas del yerno de José María Cataluña, el histórico tesorero del PSOE valenciano imputado en el caso Azud por ser uno de los supuestos cabecillas de la trama de financiación irregular de los socialistas en las elecciones de 2007 y 2008.
Los contratos se tramitaron durante la última legislatura del PP (2011-2015) y las dos siguientes en las que el PSOE ha formado Gobierno con Compromís. Los trabajos están relacionados con la organización de eventos y el mayor contrato fue adjudicado en noviembre de 2020 por la actual delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, cuando era concejala de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal.
El empresario se llama Vicent Vergara, está casado desde 2018 con Laura Cataluña, hija del histórico extesorero, y administra tres empresas distintas relacionadas con la organización de eventos y publicidad. Vergara fue candidato socialista en la lista municipal de Alberic (Valencia) en 2007 y sus empresas han realizado trabajos para campañas socialistas, según apuntan las fuentes consultadas por esta redacción.
El PSOE sacó a licitación el servicio de logística en eventos deportivos organizados por la Fundación en el complejo La Petxina hasta 2022 y una de las empresas del yerno del extesorero, Producciones de Eventos y Soluciones Publicitarias SL, sacó la mejor puntuación posible: 100 sobre 100, el máximo. Todos los organismos, públicos o privados, que realicen actos en sus instalaciones han de recurrir a esta empresa.
Solo este contrato asciende a cerca de 200.000 euros y el yerno de Cataluña se impuso a las otras dos empresas con las que competía al ofrecer "un porcentaje de baja única y global de seis unidades (6%)" del precio final, según consta en las cláusulas del contrato, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El empresario Vergara y la hija de Cataluña se casaron en 2018, unas semanas después de conocerse que un juzgado de Valencia había abierto diligencias por sospechas de corrupción en la financiación del PSOE.
En aquella ocasión, la investigación acabó en archivo porque los delitos estaban prescritos, pero el temor se extendió entre los socialistas y Ximo Puig, amigo personal de la familia, decidió no asistir al enlace para evitar una fotografía incómoda con Cataluña.
El extesorero es la persona que mejor conoce los entresijos del partido en Valencia y la Guardia Civil le atribuye el papel de presunto conseguidor de contratos en Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
Con PP y PSOE
Las empresas del yerno de Cataluña empezaron a trabajar con el Ayuntamiento de Valencia hace 10 años. En 2013, la Concejalía de Juventud le encargó parte del montaje de una Feria de Asociaciones celebrada en el campus universitario de Tarongers por 5.800 euros que se pagaron a través de dos facturas.
En 2014 repitió como contratista por del evento por prácticamente el mismo precio. La feria estaba patrocinada por el departamento de Juventud y el regidor era Cristóbal Grau, en la actualidad secretario municipal del PP.
A partir de 2015, las contrataciones de las empresas del yerno del extesorero por parte de las concejalías gestionadas por el PSOE se disparan y superan los 300.000 euros. La mayoría de contratos parten de la actual portavoz, Sandra Gómez, y la actual delegada del Gobierno.
La instructora del caso Azud sostiene que los socialistas valencianos se financiaron con contratos millonarios amañados de obras hídricas de Acuamed cuando la empresa pública estatal estaba bajo el control de la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, en la actualidad presidenta del PSOE. Estos hechos se investigan en una pieza separada del caso.
Elementos "nucleares"
La jueza señaló que los socialistas valencianos se financiaron ilegalmente con comisiones millonarias con las que promocionaron a sus candidatos en las elecciones de 2007 y 2008.
La trama, cuyos elementos "nucleares" son el extesorero del PSPV-PSOE José María Cataluña y el exjuez José Luis Vera, cobró supuestamente los sobornos "como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obra pública" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Valencia.
Una parte del dinero fue a parar al bolsillo de los cargos socialistas investigados y la otra se utilizó para promocionar las figuras de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, expresidenta del Consejo de Estado, y de la exministra Carmen Alborch, fallecida en 2018.
La juez no tiene dudas y asegura que parte "del soborno pactado con José Luis Vera y José María Cataluña iría a manos del PSOE, a través de este último".
Cataluña dejó sus cargos orgánicos tras ser nombrado vicepresidente de Bancaja en 2004 a propuesta del PSOE, pero la instructora apunta que la desvinculación "sería meramente formal, dado que seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido y habría cobrado para él parte de los sobornos acordados".
Los sobornos son la consecuencia "de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas desarrolladas en el informe policial, relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal en el ámbito del Gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el partido socialista" en 2004 tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero.
El sistema descubierto por los investigadores era similar al de Gürtel: empresas que reciben contratas de la Administración y, después, a través de terceras empresas, asumen las facturas relacionadas con la promoción de las campañas electorales.