El drama de las familias que acogen a menores tutelados en Valencia: 3 meses sin ninguna ayuda

Tres meses. Este es el tiempo que el Gobierno valenciano lleva sin abonar la ayuda para alimentos y tratamientos médicos a cientos de familias que acogen a menores tutelados en Alicante, Castellón y Valencia. Las familias no han recibido ni un solo euro desde el pasado mes de diciembre y llevan denunciando desde hace varias semanas que están en una situación "límite".

Los impagos podrían extenderse hasta el próximo mes de abril. La Administración comunicó este martes a las familias que han presentado una reclamación que "nuestras previsiones son realizar los pagos entre finales de marzo y abril" y reconocen que se trata de una incidencia "generalizada y urgente".

"Como todos los años por cierre de nuestros programas e inicio del periodo de año, hay retrasos en los pagos, tanto de la mensualidad como de los gastos médicos solicitados", explican los técnicos en la comunicación, a la que ha tenido acceso El ESPAÑOL.

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"Por tanto, este año nuestras previsiones son realizar los pagos entre finales de marzo y abril. Se trata de una incidencia de las tres provincias, por tanto, es generalizada y urgente. Sentimos las molestias", indica la Generalitat.

Estas familias asumen el cuidado de los menores tutelados, cerca de 2.000 niñas y niños, que están bajo la responsabilidad del Gobierno autonómico. Desde la Consejería de Igualdad, gestionada por Compromís, admiten el atraso y lo atribuyen a dificultades puntuales para "ajustar pagos" y la aplicación informática que las gestiona.

La cuantía de estos aplazamientos es "importantes", pese a que hace dos años se aprobó una normativa precisamente para evitar retrasos injustificados.

El nuevo decreto reconocía esta prestación como un derecho, lo que suponía "la reparación de un daño que se causaba a familias que están prestando no solo un servicio social fundamental sino también un servicio a los menores y las menores tutelados por la Generalitat", según defendió el Consell. Pero las familias denuncian que desde hace cinco años no han recibido a tiempo las ayudas del primer trimestre.

"Llevamos cinco años continuados con muchos problemas para cobrar la ayuda. Cada año nos han dicho una cosa, desde que la persona responsable estaba enferma hasta que el sistema informático genera problemas. No lo entendemos porque las ayudas no son para nosotros, sino para los niños", explicó una familia de acogida de la provincia de Alicante el pasado mes de febrero.

Algunas familias aseguran que han tenido que recortar gastos de alimentos durante el año y reorganizar su economía ante la sospecha de que la Administración valenciana iba a incumplir de nuevo los plazos.

"Hay casos de familias extensas -conformadas por abuelos, tíos o incluso primos de los menores- que están en una situación precaria porque arrastran problemas económicos muy serios derivados de su situación personal", denunciaron a este periódico tras comprobar que, un año más, el abono de las ayudas se va a retrasar más de tres meses.

Tras la denuncia pública de las familias por los impagos, la Consejería de Igualdad ha aclarado que "los retrasos en los pagos de enero y febrero se deben a problemas generados en el desarrollo de una aplicación informática que permita cotejar todos los datos de las familias de acogida y los gastos con rapidez".

Por ello, el director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación, José Manuel García Duarte, y la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, se han reunido "en un gabinete de crisis con el personal técnico para establecer las medidas urgentes que permitan agilizar los pagos y abonarlos antes de finalizar este mismo mes de marzo".

El Gobierno valenciano defiende que desde 2015 "estas prestaciones se han hasta triplicado y consolidado como un derecho de los niños y niñas tuteladas, convirtiendo la partida presupuestaria en crédito ampliable".

En concreto, cuando se produjo el cambio en el Gobierno valenciano, "las familias extensas cobraban 4,5 euros por persona acogida y día, y en el caso de las educadoras la cantidad inicial era de nueve euros. Ahora ambas cobrarán 15 euros en el módulo general, que es el más bajo".

El incremento de los módulos desde el año 2019 supone que una familia acogedora, tanto extensa como educadora, recibe 450 euros mensuales, "el doble que en 2015 y el triple en el caso de las familias extensas", que son aquellas que tienen vínculos sanguíneos con el niño o niña tutelada. Si se trata de una familia monoparental, la prestación mensual se elevará a 540 euros, y si es un acogimiento especializado asciende a 990.

Hasta 10.000 euros

Según Igualdad, la Comunidad Valenciana está por encima de la media en cuanto a la cuantía abonada para cada tipología de acogimiento, y es "la única autonomía que hace distinción respecto a la remuneración otorgada a las familias monoparentales".

Las subvenciones cubren los gastos a los que no llega la red sanitaria pública valenciana, siempre que estos superen el 25% de la prestación mensual por acogimiento. Si fuera necesario, la cuantía en este concepto podría alcanzar hasta 10.000 euros anuales por cada menor de edad acogido.

Este sería el caso de las ortodoncias, las gafas o los tratamientos psicológicos o psiquiátricos que pudiera necesitar el niño o el adolescente.

El acogimiento familiar es una medida de protección que produce la plena integración de un menor de edad con una persona o núcleo familiar que al asumir su guarda adquiere la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

"Sólo pedimos cobrar cada mes, nada más. Y si no pueden, que pidan ayuda o contraten a más gente. Hay familias extensas que están conformadas por los abuelos y sus únicos ingresos son los de la pensión. Si no reciben la subvención, no entra dinero suficiente y se ven obligados a pedirlo prestado", señalaron las familias afectadas.