"No hay spray autodefensa ni chalecos antibalas": la rebelión de policías que le puede salir cara a Interior

Esta rebelión policial le puede salir muy cara al Gobierno. Los agentes que han dado el paso exigen indemnizaciones comprendidas entre los 5.000 y los 45.000 euros para cada uno de los afectados, más de 1,4 millones de euros en total, por no garantizar su seguridad en los operativos policiales.

La organización sindical ha interpuesto una demanda en los juzgados de lo Social de Valencia contra la Dirección General de la Policía por el supuesto incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. En concreto, Jupol denuncia que no se facilita a los miembros de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Valencia los medios materiales de protección necesarios para acometer las funciones que tienen encomendadas.

[Demanda millonaria contra Interior por no dar medios de protección a 47 policías de Valencia]

"No hay spray autodefensa ni chalecos antibalas", subrayan. Se trata de una situación que afecta "al conjunto de las comunidades autónomas", pero que es especialmente alarmante en Valencia, según reconocieron a EL ESPAÑOL fuentes policiales.

La demanda se ha interpuesto por incumplir la normativa en prevención de riesgos laborales que afecta a 47 agentes de la Policía Nacional. La causa de Valencia es la primera que se presenta en España y Jupol seguirá presentando más demandas en otros territorios a partir de la próxima semana, según confirmaron fuentes del sindicato.

Las Unidades de Prevención y Reacción, dotadas de una estructura prefijada y en teoría con medios suficientes para acometer con solvencia sus funciones, se conciben como unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana.

En la actualidad, dichas unidades están formadas por 2.190 efectivos, de la escala básica, subinspección y ejecutiva, estructuradas en 72 grupos operativos distribuidos en 45 sedes por todo el territorio nacional.

Un policía de la UPR, la unidad que ha demandado a Interior por falta de medios. EFE

Las UPR tienen como misión la prevención de la delincuencia en situaciones determinadas, así como el mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana.

Sus funciones se concretan, en líneas generales, en dispositivos especiales de prevención de la delincuencia, mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana o apoyo a otras unidades, servicios o instituciones en dispositivos puntuales.

Chalecos simulados

Según la demanda, los agentes de Valencia que trabajan en esta unidad no disponen de spray autodefensa "pese a haber sido requerido el múltiples ocasiones".

Algunos de ellos tampoco cuentan con el chaleco antibalas exterior o chaleco antitrauma. "Y ninguno de ellos dispone de la máscara antihumo con filtro, faltan las necesarias protecciones de extremidades, ropa tratamiento ignífugo, máscara filtro vapores-gases y guantes antitrauma pese a haber sido requerido en múltiples ocasiones". 

Además, la demanda subraya que "los funcionarios que no disponen de chaleco exterior, fueron dotados de chalecos individuales interiores, contraviniendo las Instrucciones publicadas por la División Económica y Técnica, y motivando que los funcionarios tuvieran que adquirir fundas exteriores donde portar el paquete balístico interior de forma exterior y así simular estar dotados de chaleco antibalas exterior".

Como prueba, la demanda incluye un correo electrónico y documento Excel adjunto, remitido a 22 de diciembre de 2022 por la Secretaria de la comisaria provincial de Valencia al sindicato Jupol, "donde reconocen la falta de material pues solo mencionan que los agentes de la UPR de Valencia están dotados de guantes de látex, antitrauma, cascos, espinilleras, ropa de alta visibilidad y mascarillas". 

"Por tanto, entre otros, estos documentos acreditan exhaustivamente que la UPR y en concreto, los demandantes, no disponen de los medios materiales y de protección individual adecuados para poder responder en defensa ante cualquier situación violenta que puedan surgir", destaca el sindicato.

Sin tallas 

La demanda hace un repaso de las carencias que arrastran los agentes en Valencia y asegura que hasta 28 funcionarios tuvieron que concertarse para comprar "una funda
de chaleco exterior" con un coste de 70 euros por pieza porque Interior no atendía sus peticiones.

Las mujeres policías tampoco han dispuesto de ropa especial de su talla. Es el caso de una funcionaria que, aunque sí disponía de chaleco antitrauma, "el mismo era de tallaje único en su fabricación, por lo que es imposible pensar que fuera válido para toda persona destinataria de él y más cuando no existe el requisito mínimo de altura o peso para estar adscrito a la Unidad de Prevención y Reacción".

En este caso en particular, "el chaleco dotado le venía excesivamente grande y no permitía hacer un uso normal y eficaz en caso de necesitarlo". Por lo que respecta al casco de protección, "aunque también fue dotada de él, es de tallaje único, produciéndole molestias en su uso al ser de un diámetro mayor al necesario". 

En otro caso, un agente denuncia "no haber sido dotado de funda porta equipos de transmisiones por lo que tuvo que adquirir uno por la cantidad de 20 euros" y reitera "la petición de renovación de botas de seguridad por deterioro, no siendo atendida su solicitud por parte del Servicio de Vestuario".

Varios policías de la UPR en la plaza de Sol de Madrid. EFE / CHEMA MOYA

La demanda recoge que otro compañero decidió comprar las botas por su cuenta al estar las suyas muy deterioradas y aporta una factura de 120 euros.

Por tanto, sostienen los agentes, "estando acreditada la relación de causalidad entre la inactividad de la administración y los daños sufridos por los demandantes, debe existir un resarcimiento económico como consecuencia del incumplimiento de las normas de prevención".

"El daño sufrido consiste en el sufrimiento, exposición, padecimiento, privaciones y quebrantos de todo tipo, por no disponer del material de seguridad obligatorio y necesario que la misma Dirección General de Policía les exige".

Para los demandantes, "existe un nexo causal entre la culpa y el resultado dañoso que es posible apreciar en cada uno de los demandantes, pues, no disponer de instrumentos para abrir o derribar las puertas u obstáculos, no sentir la seguridad de llevar un spray autodefensa, entrar a manifestaciones con quema de contenedores sin mascara antihumo, estar en protestas ciudadanas sin protecciones de extremidades cuando le son lanzados adoquines, piedras, y demás".

Los policías recuerdan al juzgado que "no disponer de guantes antitrauma ni anticorte les produce un gran perjuicio para su seguridad". "Otro ejemplo es, cuando deben reducir a alguien con armas blancas y no disponen de cascos ni de chalecos antibalas, o guantes anticortes, siendo esto totalmente inaceptable", dice la demanda.

A juicio de Jupol, "deberían sancionarse a todas aquellas administraciones que no dotan a sus agentes de los métodos de protección adecuados para repeler una agresión, pues solo a través de duras sanciones las administraciones se verán obligadas a proteger a sus agentes con una mayor diligencia y esmero".