La menor en situación de vulnerabilidad que acogieron en su casa dos dirigentes de Compromís en Alfafar (Valencia), Joan Sorribes y Carmen Equiza, y que fue víctima de abusos sexuales continuados durante tres años, no recibió ningún tipo de asistencia por parte de la Generalitat Valenciana durante el tiempo que duró la acogida y tras presentar la denuncia ante la Guardia Civil en julio de 2019.
La joven se atrevió a denunciar los abusos que sufrió por parte de sus padres de acogida después de que un conocido le comunicara que los dirigentes de Compromís iniciaron los trámites para adoptar a una niña pequeña.
La víctima se presentó sola y por su cuenta en el cuartel. Allí trasladó a los agentes que "oyó que querían adoptar a una niña más pequeña y ella no podía hacer que una niña pasara por ello". Tras el perturbador relato de los hechos que vivió con esta familia, el juzgado acordó inmediatamente la entrada y registro en casa del dirigente nacionalista y ordenó su ingreso en prisión provisional.
Todos los controles e inspecciones que dependen del Gobierno valenciano fallaron en este caso. En marzo de 2019, el dirigente de Compromís presentó un escrito ante la Sección del Menor de la Dirección Territorial de Valencia comunicando que la niña había manifestado no querer seguir con el acogimiento.
No se dio ningún motivo específico más allá de que la niña había trasladado su voluntad de marcharse. La Dirección Territorial resolvió el cese del acogimiento dos meses después y nadie se interesó por los motivos que llevaron a la joven a tomar esta decisión, según han confirmado fuentes de su entorno a EL ESPAÑOL.
En paralelo, Sorribes y su mujer seguían con su actividad política como si nada. El condenado figuraba como número dos de la lista de Alfafar y su mujer en el puesto tres. El partido solo obtuvo un concejal, por lo que ambos se quedaron fuera de la corporación y semanas después fueron arrestados.
El abogado de la víctima, el penalista José Alcázar López, explicó tras el juicio que la cantidad de material pornográfico que se halló en el domicilio de los acusados "era muy elevada".
La consejera en ese momento era Mónica Oltra, y Rosa Molero la directora general de Infancia. Molero sigue en su puesto y figura como investigada por su gestión en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por el marido de la exvicepresidenta valenciana, Luis Ramírez, condenado a 5 años y pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo (TS).
Negligencias
Este caso vuelve a cuestionar las políticas de protección de la infancia, menores tutelados o en régimen de acogida temporal desarrolladas por Compromís en los últimos ocho años.
La menor no tenía una habitación propia y la Guardia Civil localizó en la vivienda una sala pintada de color rojo con juguetes eróticos. Sin embargo, las inspecciones realizadas por la Generalitat a través de los servicios sociales municipales no encontraron nada sospechoso.
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Valencia, impone 16 años de prisión para Sorribes y otros 14 a su mujer por someter a distintas prácticas sexuales a la niña. La sentencia es una de las más duras y con penas más elevadas por unos abusos de las que se recuerdan en Valencia.
El matrimonio deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros, pero no hay garantías de que cobre el dinero en caso de que el matrimonio se declare insolvente. La Abogacía de la Generalitat tampoco participó en el caso.
Carmen y Joan, ambos condenados.
Los abusos sexuales continuados dejaron en la menor graves secuelas e "interfirieron en el desarrollo sexual de la víctima que ha sufrido interferencias que obstaculizan que afronte la sexualidad sin rechazos o incomodidad".
Sorribes es muy conocido en Valencia por su férrea defensa de los valores de Compromís y presidía una de las asociaciones con más arraigo de Alfafar, el Ateneu Popular del Parc. Se trata de una asociación que ofrecía todo tipo de programas y actos como exposiciones, villancicos solidarios o el comedor social.
Joan y su esposa Carmen conocieron a su víctima en esta asociación. La niña procede de una familiar de extrema vulnerabilidad y la pareja aprovechó su posición pública para convencer a la madre y quedarse con la niña a través de la solicitud que presentaron ante la Consejería de Igualdad, el órgano con competencias en materia de menores.
La menor residía con el matrimonio desde principios de 2016, pero esta convivencia se formalizó el 27 de octubre de 2017, casi dos años después.
Igualdad dio su visto bueno a la acogida mediante acuerdo de la Dirección Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana de acogimiento familiar temporal por los dos acusados, como familia cercana. Pese a que la niña no tenía habitación propia y los abusos comenzaron en 2016, Igualdad formalizó el acogimiento.
Los técnicos que participaron en el acogimiento declararon en el juicio que los condenados intentaron ayudar a la madre y "se ocuparon de muchas cosas". Tras escaparse de casa, "no quiso volver con la madre y fue a un centro de recepción" hasta que acabó en casa de Sorribes y su mujer.
Consumo de alcohol
El Ateneu Popular del Parc de Alfafar permitió a los condenados entrar en contacto con más menores en riesgo de exclusión social. La víctima relató a los investigadores que en una ocasión presenció cómo el acusado tocaba el pecho de una niña de 13 años durante la celebración de una fiesta de Halloween.
En la fiesta se permitió el consumo de alcohol y los testigos declararon en juicio, celebrado el pasado mes de febrero, que no recordaban nada porque bebieron en exceso.
Sorribes en un acto de Compromís poco antes de ser arrestado.
"Es cierto que la testigo negó recordar que ocurriera algo con el acusado, que no vio nada porque estaba dormida. Pero confirmó las circunstancias en que tuvo lugar el hecho observado y que se tumbó en las piernas del acusado, contando 13 años de edad y estando bebida", recoge la sentencia.
Sorribes ha ganado ahora tiempo antes de presentar el recurso contra la sentencia que le impone 16 años de prisión. El dirigente de Compromís ha renunciado a su defensa y ha contratado a un nuevo letrado, según confirmaron fuentes judiciales.
La decisión le permite contar con más meses para rearmar su defensa en un recurso. La Consejería de Igualdad mantiene silencio respecto a este caso y ha declinado realizar cualquier declaración al respecto.