Vox pone al torero Vicente Barrera de vicepresidente valenciano y logra Justicia, Cultura y Agricultura

Vox contará con una vicepresidencia en el Gobierno valenciano. La liderará el abogado y torero Vicente Barrera, que controlará también las competencias de Cultura. A su vez, la formación se queda las áreas de Justicia y Agricultura. Así se desprende de un comunicado conjunto emitido este jueves por PP y Vox, que incluye un acuerdo programático de 50 puntos.

"Una vez sea investido el candidato del Partido Popular, se procederá a confeccionar un gobierno en el que se nombrarán, a propuesta de Vox, a los titulares de una Vicepresidencia primera con las competencias de la Conselleria de Cultura, encabezada por Vicente Barrera Simó", reza el escrito.

El acuerdo también precisa que Vox nombrará a los titulares "de la Conselleria de Agricultura y de la Conselleria de Justicia, Interior y Gobernación".

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El Partido Popular, que aspiraba a ceder solo dos áreas a Vox, ha accedido finalmente a brindar una tercera a cambio de conservar los departamentos de mayor peso. Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Hacienda, por eliminación, estarán en manos de los populares.

La intención de Mazón era conformar un Ejecutivo de un máximo de diez representantes, incluida su Presidencia, de modo que al PP le restan seis consellers. El reparto se ha realizado atendiendo al número de diputados y el porcentaje de votos logrado por cada partido.

Así lo acredita el encabezamiento del documento. "Por una parte, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, como fuerza más votada en las elecciones celebradas el día 28 de mayo de 2023, con el 35,37% de los votos y 40 diputados; y por otra parte, Vox, con el 12,41% de los votos y 13 diputados", expone el acuerdo programático.

El mismo se propone "dotar a la Comunitat Valenciana de un gobierno estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos y garantice que se cumplen las cinco líneas básicas acordadas por ambas formaciones".

Las mismas pretenden "preservar la libertad, el desarrollo económico, la protección de la sanidad pública y los servicios sociales, la defensa de las señas de identidad propias y la protección de las familias".