Presencia, el exjuez acusado de liderar un "grupo criminal" para enriquecerse y vengarse

Presencia fue un juez mediático al que le encantaban las cámaras y ocupar titulares desde que en 2008 estalló la crisis financiera. Campechano, algo engreído, es un provocador nato. Sus antiguos compañeros también le recuerdan por su punto chulesco: "Presumía de dar instrucciones al Banco de España y las medidas que había de desarrollar, pero nada era cierto".

Presencia fue condenado por favorecer a sus amigos y acabó expulsado de la Carrera judicial. Ahora vuelve a los titulares. Esta vez, tras entrar en prisión por montar una supuesta asociación contra la corrupción y, presuntamente, quedarse con parte del dinero aportado a la misma por ciudadanos particulares. 

[Prisión provisional para el exjuez Presencia, investigado por "estafar" con sus "denuncias falsas"]

"Presencia perdió la condición de magistrado en 2016 y, con ello, su principal fuente de ingresos", subraya el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea en la resolución por la que lo envió a prisión preventiva el pasado jueves.

"Entiende este instructor que fue precisamente esta circunstancia [la expulsión de Presencia de la carrera judicial] la que movió al investigado a idear una estructura criminal con la que obtener los fondos necesarios con los que atender a sus gastos", añadía Gadea, que lleva un año investigando al exmagistrado.

La "estructura criminal" es, presuntamente, la Asociación contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (Acodap), con la que Presencia y sus colaboradores —también encausados— habrían obtenido la nada desdeñable cantidad de 188.722 euros, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que constan en el procedimiento.

El grueso de esos fondos —en concreto, 185.707,98 €— fueron captados en los años 2021 y 2022 gracias a donaciones y ayudas entregadas por Bizum y PayPal por  ciudadanos confiados en que Acodap destinaba el dinero a la lucha contra la corrupción, cuando en realidad habría acabado en cuentas de Presencia y los demás investigados, según la UCO.

Gadea atribuye, así, al exjuez presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida agravada, asociación ilícita, organización criminal para la comisión de los delitos anteriores, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Tras ser detenido "en su domicilio delante de su mujer y sus cuatro hijos", sus seguidores publicaron en redes sociales un supuesto mensaje de Presencia.

"Tenemos que continuar con la lucha contra la corrupción, no podemos dejar que nos venzan. (...) El pueblo salva el pueblo, como siempre dice Lidia Reina [colaboradora del exmagistrado] y tiene razón". Todos sus perfiles ya han sido bloqueados.

La investigación atribuye a Presencia el papel de líder de "una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio" mediante "la difusión de noticias falsas".

Presencia sigue manteniendo que es magistrado en activo, pero es una mentira más. A través de Acodap, difundió bulos de todo tipo contra jueces y fiscales. Bajo la apariencia de ser noticias reales, se publicaban textos que acusaban a miembros de la cúpula judicial y a destacados políticos de tener abultadas cuentas en paraísos fiscales, gracias al cobro de sobornos y otras actividades ilegales.

Acodap, en nombre de supuestos "informantes anónimos", presentaba denuncias que, tras un escaso recorrido, acababan archivadas. La Policía localizó en la vivienda de uno de los imputados una plantilla, en Word, para crear la documentación bancaria "mendaz" en la que se apoyaban estas denuncias.

Juez estrella

Fernando Presencia nació en Lorca (Murcia) en 1964 y estudió Derecho en la Universitat de València (UV). Hijo y sobrino de jueces, alcanzó una gran notoriedad pública por sus resoluciones relacionadas con el impago de hipotecas.

El exmagistrado ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la Comunidad Valenciana, pero también fue titular del juzgado 2 de Azpeitia (Guipuzkoa).

Su paso por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia empieza en 2004. "Era un juez que estaba muy bien relacionado con la alta burguesía valenciana y que le gustaba aparentar", explican a EL ESPAÑOL fuentes judiciales de Valencia.

Con el paso de los años, su prestigio fue en aumento. En 2010, recibió una felicitación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como reconocimiento por ser el juez con mayor rendimiento profesional de España, "debido a las novedosas técnicas de trabajo que implementó en su Juzgado", según la descripción incluida en su currículum.

A partir de ese año, su popularidad se dispara. Presencia presumía de ser el juez que logró salvar el primer gran concurso de España, el de la constructora Llanera, con sede en Xàtiva (Valencia).

La promotora, que aparece en diversos sumarios de corrupción que implican a cargos del PP, tenía una deuda reconocida de 700 millones de euros y 13.800 acreedores. La solución que propuso pasaba por la dación en pago del activo inmobiliario y la salida al mercado de todos los inmuebles en manos de la banca.

Su estrella empezó a apagarse en 2011. Ese año, el CGPJ anunció la apertura de un expediente disciplinario al magistrado por haber impartido los cursos de formación incompatibles con su función de juez.

El expediente se abrió a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y de un informe al respecto elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El magistrado impartió cursos de Derecho Mercantil en Alicante y Valencia sin ninguna autorización y "faltando a la verdad", según el CGPJ. Empresas privadas subvencionaron las formaciones y Presencia nombraba administradores a sus alumnos.

Además, asistió durante varias sesiones a unas jornadas en Xàtiva durante su horario de permanencia en el juzgado, sin pedir ni obtener licencia para ello, mientras tramitaba el concurso de Llanera.

Gabriela Bravo, en la actualidad consejera valenciana en funciones, informó como portavoz del CGPJ de la sanción impuesta a presencia. El castigo consistió en adjudicarle un nuevo destino que debía distar al menos a 100 kilómetros de Valencia. El Juzgado elegido fue el de Talavera de la Reina. 

Paraísos fiscales

Conducido por un ego indomable, en 2015 se presentó a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Presencia compitió con el magistrado Vicente Rouco, al que había denunciado ante el Tribunal Supremo por, presuntamente, haber cometido delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

El exmagistrado aprovechó la exposición de su proyecto para cargar duramente contra el exvicepresidente del CGPJ y actual dirigente del PP, Fernando de Rosa, al que atribuyó el impulso de cinco expedientes disciplinarios para supuestamente acabar con su carrera.

"Yo las llamo bombas de racimo. Lo dijo Fernando de Rosa: si no cae por uno caerá por otro", denunció en su presentación.

En sus años de destierro consiguió aglutinar a un grupo de fieles y abrió un canal en YouTube para difundir bulos y teorías de la conspiración. En todos los vídeos se presenta como una víctima del sistema pese a que todas las pruebas le atribuyen el papel de un prevaricador de manual.

Según sus teorías, casi todos los jueces y fiscales poseen cuentas en paraísos fiscales. "Es una asociación que está poniendo en jaque al mismísimo Tribunal Supremo", defendía un vídeo publicado hace un mes en su canal.

Para ello, se asoció con el ultraderechista Santiago Royuela. Ambos denunciaron a miembros del Gobierno por formar parte de una red de asesinos y tener dinero en el extranjero. El presidente y numerosos magistrados de la Sala Penal del Supremo han sufrido sus ataques después de haber confirmado las condenas que le han costado la carrera. Entre sus objetivos también han estado la ministra de Defensa Margarita Robles y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Fernando Presencia acumula dos condenas por delitos de prevaricación por favorecer a amigos cuando era juez en Talavera de la Reina. En 2017, el Tribunal Supremo confirmó la pena de 10 años de inhabilitación porque archivó una causa contra un conductor que había atropellado a un peatón, dándose a la fuga. El conductor era amigo del juez. 

Un año después, en 2018, se le condenó a dos años y 10 meses de inhabilitación por haber archivado una querella contra otro amigo suyo. 

Riesgo de fuga

Pero no ha sido hasta ahora cuando ha pisado la prisión. La resolución dictada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 recoge las acusaciones. Su titular, el magistrado Joaquín Gadea, señala a Presencia como el líder de "una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio" mediante "la difusión de noticias falsas".

Su asociación, en nombre de supuestos "informantes anónimos", presentaba ante la Fiscalía y en los Juzgados denuncias por estos asuntos, que, tras un escaso recorrido, acababan archivadas. De hecho, la Policía localizó en la vivienda de uno de los imputados una plantilla, en Word, para crear la documentación bancaria "mendaz" en la que se apoyaban estas denuncias chapuceras.

"La historia de Acodap no la veras en televisión, pero tienes que conocerla", explicaba para sumar visualizaciones.

Presencia estaba citado a declarar el miércoles en la Audiencia Nacional. Sin embargo, no compareció. Fue por ello que el juez Gadea ordenó su detención y posterior ingreso en prisión provisional por "riesgo de fuga".

El exjuez sigue creyendo sus propias mentiras y en su declaración alegó que era magistrado y que, por tanto, estaba aforado y su detención era ilegal.

[El exjuez Presencia, investigado también por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales]

"Resulta llamativo contemplar el aplomo en el que se sostiene esta posición, pese a las dos sentencias condenatorias que ya han recaído, sin que se sienta mínimamente vinculado al acuerdo del CGPJ que dice lo contrario", expuso el jurista Gadea en su auto. Presencia "se cobija en la condición de magistrado para buscar una inmunidad que no ostenta ni el jefe del Estado", añadió.