El fiscal denuncia "el clientelismo político" de PSOE y Compromís en la Diputación de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la absolución en el caso Alquería del expresidente socialista de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent por un partido independiente, Jorge Rodríguez, y ha pedido al Tribunal Superior de Valencia que ordene repetir el juicio.

El Ministerio Fiscal considera que la absolución de Rodríguez y otros 13 acusados vinculados al PSOE y Compromís contiene una serie de afirmaciones que no tienen sustento legal. En este sentido, denuncia que la sentencia contradice normas esenciales del ordenamiento jurídico "tendentes a impedir precisamente lo que la sentencia dictada da por válido".

La sentencia, conocida el pasado 30 de mayo, absolvió a todos los procesados, directivos de la empresa pública Imelsa o colaboradores de Rodríguez de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad.

[Jorge Rodríguez: "Mi madre se suicidó 3 meses después de mi detención, viví una pesadilla"]

El fiscal reclamaba penas de entre 6 y 8 años de prisión por cambiar el organigrama de la empresa pública tras los casos de corrupción que afectaron al PP y colocar a cargos del PSOE y Compromís en puestos directivos.

"Partir la sentencia dictada que, en una empresa pública, el personal contratado sea seleccionado por ideología política de los partidos, que en este caso conforman el gobierno la Diputación de Valencia, es contraria a las exigencias legales que establece el legislador", advierte Anticorrupción.

Unas exigencias que se establecen "para evitar el clientelismo político en la contratación de personal en las empresas públicas, infringiendo dicha afirmación de la sentencia lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público". "Se trata de una cuestión de derecho y concretamente de aplicación de normas positivas", añade el recurso, de 60 páginas y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El fiscal cita la ley de Función Pública autonómica para insistir en que los nombramientos "deberán ser motivados, justificando que la persona nombrada reúne los requisitos contemplados en la convocatoria y que es la candidata adecuada para el puesto".

Además, cuestiona el párrafo de la sentencia que justifica las contrataciones. La Audiencia de Valencia concluyó que "se dotó a Imelsa de una nueva estructura que, con más o menos acierto, no estamos en condiciones de valorarlo, se consideró más eficaz para el cumplimiento de los fines sociales; y se buscaron personas (...) que pudieran merecer la confianza del equipo directivo", concluyó la sala.

En cambio, Anticorrupción señala al respecto que "la cronología es inversa, se contrató a las personas elegidas por los políticos adscritos a los partidos que gobernaban la Diputación y posteriormente se explicó (a la junta directiva) la estructura que se pretendía implementar".

Sin experiencia

La Fiscalía puntualiza que todos los candidatos eran "políticos y ninguno técnico", y que "ninguno tenía cualificación o experiencia profesional en dirigir una empresa, que supuestamente de eso se trataba su labor".

Por ello, solicita al TSJ de Valencia que se repita el juicio al considerar que son responsables de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.

Rodríguez se enfrentaba a la pena de ocho años de prisión, mientras que su defensa pedía la absolución. El actual alcalde de Ontinyent fue detenido y montó su propio partido, Ens Uneix, tras ser suspendido de militancia del PSOE en 2018 por este caso. Rodríguez arrasó en las elecciones de 2019 con su partido independiente y volvió a lograr mayoría absoluta el pasado domingo 28 de mayo.

Ahora, Rodríguez se ha convertido en la clave del gobierno de la Diputación de Valencia. Su partido ha obtenido un diputado y tiene la llave para que la izquierda retenga la única institución valenciana a la que aspira tras la derrota electoral del pasado domingo.

El recurso de Anticorrupción se conoce mientras PP y PSOE siguen negociando el apoyo de Rodríguez para hacerse con el control de la Diputación de Valencia.