La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha dejado en el aire el futuro de las oficinas especializadas en violencia de género de la Comunidad Valenciana, al asegurar este jueves que todavía "están estudiando si las van a mantener o si van a ampliar o reducir sus competencias".
La consellera de Vox, en declaraciones a los medios de comunicación después de presentar las últimas obras de arte confiscadas por la Policía de la Generalitat, ha afirmado que no puede dar una respuesta "totalmente firme y fehaciente" porque aún no ha cumplido los cien días como responsable del Departamento de Justicia.
Ella y su equipo, según ha comentado, siguen analizando qué hacer con este servicio especializado de atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
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De hecho, cabe recordar que la dirección general de la cual dependen estas oficinas -la de Atención a las Víctimas, antes llamada de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia- ha estado vacante durante más de un mes y no fue hasta este martes cuando el pleno del Gobierno valenciano nombró a Belén Pulgar para el puesto.
"De momento estamos estudiando las diferentes posibilidades que hay. Sí que es cierto que existen entre esas propuestas la posibilidad de que se mantengan y con la posibilidad de ampliar o reducir sus competencias", ha añadido Núñez.
Además, ha explicado que están elaborando en este momento el borrador de presupuestos de la Generalitat, por lo que no puede dar una confirmación sobre el futuro del proyecto.
Únicas en España
Estas oficinas integrales para víctimas de violencia de género son únicas en España. Se trata de un proyecto que puso en marcha la anterior consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en colaboración con el Ministerio de Interior.
El objetivo es atender a las mujeres en un espacio seguro y desde un punto de vista integral, acompañándolas durante todo el proceso, antes incluso de interponer la demanda a su agresor. Trabajan en ellas agentes de policía especializados, psicólogos, trabajadores sociales y letrados.
En el año 2019, el Gobierno de Ximo Puig puso en marcha la oficina de Valencia, en la Ciudad de Justicia, y tras su éxito, abrió otras dos: en junio de 2022 en la sede judicial de Castellón y en noviembre de ese mismo año en la sede judicial de Alicante. Por ellas, han pasado más de 4.000 mujeres, según los últimos datos del Departamento que dirigía Bravo.
Precisamente, la exconsellera expresó su preocupación por la continuidad de este servicio, puesto que las competencias sobre las víctimas de violencia de género tras el pacto de gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana recaían en Vox, un partido que niega la existencia de violencia de género.