Benidorm busca 'indultar' los rascacielos declarados ilegales por 4 metros: "Habría vertidos al mar"

El Ayuntamiento de Benidorm sigue tratando de evitar el derribo de dos rascacielos de lujo que son ilegales porque invaden, por tan sólo cuatro metros, una zona protegida. O, al menos, cambiar las condiciones en las que está prevista la demolición.

En un reciente informe, el consistorio señala que el derribo, entre otros riesgos, podría causas "consecuencias muy graves" al medio ambiente, "ya que puede provocar el vertido al mar o a la playa de aguas residuales sin depurar".

Las dos torres son las que conforman el Residencial Gemelos 28, ubicado en la calle Manuel Catalán Chana, en primera línea costera. Colindan con el Parque Natural Serra Gelada, perteneciente a la Red Natura 2000, "de gran interés turístico y paisajístico".

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Según subraya el área de Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, "el proyecto de demolición debe (...) reestudiar el proceso constructivo para minimizar las afecciones a la movilidad, tráfico, edificaciones cercanas y el medio natural".

En 2017, el Tribunal Supremo obligó a la Generalitat valenciana a demoler estas dos torres, que cuentan con 21 plantas cada una, más otras cuatro de aparcamientos y una piscina. En total son 171 viviendas, de las que 84 son propiedad de ciudadanos rusos y otras 13 pertenecen a compradores árabes. A ello hay que sumar 153 plazas de garaje.

Las indemnizaciones a los propietarios alcanzarían los 58.981.085,32 euros, más un 20% extra que obligó a sumar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En total: 70.777.302,38 euros, que la Generalitat ya tiene aprovisionados por si se produce la demolición, cuyo coste habría que añadirlo a la cantidad anterior, lo que podría arrojar un montante, según las fuentes consultadas por este periódico, de 100 millones de euros.

En este último informe —enviado al TSJCV, que fue el órgano que ordenó la demolición que luego confirmó el Supremo—, el Ejecutivo municipal también avisa de "la presencia de servicios antiguos y a poca profundidad de agua potable" y de una tubería de saneamiento. El hipotético derribo podría afectar a las mismas.

Vistas al mar desde una de las viviendas del residencial. Booking.com

"Por otro lado, la antigüedad de los servicios desaconseja el paso y/o estacionamiento de maquinaria pesada y camiones de gran tonelaje, ya que, se podrían producir roturas que dejaran sin servicio a un elevado número de ciudadanos, así como, dejar inutilizados los hidrantes de prevención de incendios", finaliza el informe municipal.

Los dos rascacielos invaden, por cuestión de entre cuatro y seis metros, una pequeña área medioambientalmente protegida. Se trata de la zona de servidumbre de protección del dominio público-terrestre. De hecho, si fueran derribados, podrían volver a construirse otra vez las mismas torres cuatro metros más lejos del mar, ya sin infringir la Ley de Costas.

Pese a que el Ayuntamiento pretende indultar a los edificios —o, al menos, retrasar el derribo—, quien sí exige "el cumplimiento inmediato de la sentencia en sus estrictos términos" es el propietario de una vivienda situada justo detrás de Gemelos 28, a quien los edificios tapan las vistas al mar.

"Por más que [la demolición] suponga costes económicos elevados y perjuicios para los propietarios que adquirieron las viviendas de las dos torres", admitió su abogado en un escrito fechado en junio de 2022.

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En aquel documento, este particular señalaba que "la inactividad judicial" generaba "graves perjuicios a todas las partes del proceso". "Es evidente que mi mandante, como titular de la edificación que se encuentra justo detrás de las torres construidas de forma ilegal, está asumiendo desde hace más de diez años cuantiosas pérdidas económicas", indicó su abogado hace ahora algo más de un año.

En dicho escrito, se quejaba de "la minusvaloración del apartamento que arrienda" su cliente, dado que, desde hace una década, "puede presumir de unas inexistentes vistas al mar".

"Roza el sainete"

Tal y como señaló en 2018 la entonces concejala de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, si las torres fueran demolidas, podrían volver a construirse inmediatamente después si respetan la zona protegida. Es decir, unos cuatro metros y medio más atrás.

"Es totalmente absurdo que planteemos dedicar decenas de millones de euros del erario público —además del potencial perjuicio ambiental de un derribo a tan escasa distancia del mar— para obtener un resultado inapreciable a la vista y que no beneficia a nadie", critica el abogado Víctor Soriano i Piqueras, defensor de los propietarios de una de las viviendas de las torres.

"El Derecho está para resolver problemas y no para crearlos, la interpretación de las normas no puede conducir a situaciones rayanas del sainete como ésta, en la que dedicamos el coste entero de construir un hospital, simplemente, a retranquear, de cuatro a seis metros, un edificio", añade Soriano.

De derribarse los bloques, el letrado solicita que sea la Generalitat la que asuma los costes íntegros, que podrían alcanzar los 100 millones de euros, dada la extraordinaria complejidad de efectuar la demolición al filo del mar. "Además del derribo, tendrá también que indemnizar a los propietarios, quienes, de buena fe, confiaron en que existiría una autorización a las viviendas", añade. "Aunque la indemnización —cuando llegue, si llega— no va a cubrir una década, si no es más tiempo, de espera hasta que puedan recuperar la vivienda", advierte.

Como alternativas al derribo, se podría introducir una disposición adicional en la Ley de Costas para legalizar la situación de este edificio en concreto. E incluso, según señala Soriano, se podría plantear, como el Ayuntamiento de Benidorm puso sobre la mesa, que se amplíe el paseo marítimo mediante una pasarela, con lo que el edificio ya no ocuparía terreno protegido.