El juez del llamado caso Alquería ha procesado este miércoles a 15 cargos de PSPV-PSOE y Compromís, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Advierte presuntas contrataciones ilegales en la empresa pública Divalterra, antes llamada Imelsa, que habrían provocado la malversación de 1,12 millones de euros de la administración provincial por el pago de sus sueldos.
La irregularidad habría consistido en crear 9 contratos de alta dirección para colocar a afines de ambos partidos, quienes realmente no ejercían responsabilidades de alta dirección, según relata el juez Miguel Ángel Casañ.
Así lo refleja el auto de procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Procesa a los acusados por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal, tal y como avanzaron este miércoles Valencia Plaza y Levante-EMV.
Los procesados, además de Jorge Rodríguez, son Ricardo Gallego, Jorge Espirindio Cuerda, Manuel Reguart, Vicent Xavier Simón, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, María Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.
El juez los responsabiliza de haber participado en "una contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutos legales de la empresa de siete altos directivos más otros dos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018".
"Reparto de cargos"
Lo habrían hecho "sin observar las normas aplicables a estas contrataciones", ignorándolas "con conocimiento y voluntad de ello". Y el juez advierte además algo más grave. Tales contrataciones se habrían realizado "sin que las personas contratadas bajo tal modalidad de alto directivo hubieran ejercido nunca como tales".
Fue "ficticio, simulado, fuera de la realidad normativa en definitiva, persiguiendo otras finalidades y sin que resulten motivos suficientes para las contrataciones", considera el juez, que señala directamente a los dos partidos que gobernaban la Diputación.
"Produciéndose, presuntamente y a consecuencia de ello, un presunto desvío, y con ello malversación de caudales, en favor de unos particulares, y más aún, y presuntamente, por puros intereses de índole partidista, en ese reparto de cargos entre los dos partidos en el poder, PSOE y Compromís", asevera.
El PSPV-PSOE forzó la dimisión de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación de Valencia al estallar el caso Alquería. El dirigente, no obstante, se presentó a las elecciones municipales de Ontinyent como independiente en 2019. Pese a su imputación, se impuso por mayoría absoluta en los comicios y logró conservar la alcaldía de la localidad.