El alcalde de Valencia, Joan Ribó, vulneró la ley para repartir 772.000 euros en sobresueldos a diez de sus concejales entre 2015 y 2019. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Agencia Valenciana Antifraude, según reza en su informe provisional al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El "complemento", de alrededor de 25.000 euros anuales por concejal, se utilizó para equiparar el sueldo de los ediles con dedicación parcial al que recibían los que tenían la completa. Fue aprobado por el propio Ribó el 3 de julio de 2015, a los pocos meses de llegar al poder.
Según desglosa Antifraude en su escrito provisional de conclusiones, la norma incumplida es la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (derivada de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, más conocida como 'Ley Montoro'). La misma, en sus artículos 1.18 y 1.19, introdujo límites al régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales y limitó el número de cargos con dedicación exclusiva, según recuerda el organismo fiscalizador.
Pero el consistorio liderado por Compromís, que gobernó la pasada legislatura junto a PSPV-PSOE y València en Comú -la marca valenciana de Podemos-, buscó una fórmula para sortearla. "Formalmente acreditaba que no sobrepasaba el límite de 25 concejales con dedicación exclusiva. Pero, de facto, su efecto práctico fue que el Ayuntamiento de Valencia retribuyó a 31 concejales con el mismo importe en términos cuantitativos", expone Antifraude.
El sistema de sobresueldos que implantó el gobierno local de Joan Ribó "violenta la voluntad expresada en la norma de cumplir los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos", considera la AVA. La investigación se centra en las cantidades percibidas por cinco concejales de Compromís, tres de PSPV-PSOE y dos de València en Comú. En total, cobraron de las arcas municipales los mencionados 772.000 euros.
Los agraciados
Los ediles de Compromís fueron Sergi Campillo (actual vicealcalde de la ciudad) Giuseppe Grezzi, Gloria Tello, Pilar Soriano y Consol Castillo. Del PSPV-PSOE lo percibieron la hoy vicealcaldesa Sandra Gómez, Anaïs Menguzzato (actual gerente de FGV) y Vicent Sarrià (diputado del PSOE en el Congreso en estos momentos). Por lo que respecta a València en Comú, lo recibieron Neus Fábregas y María Oliver, que en la actualidad es asesora del vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau (Podemos).
Antifraude agrega sobre el denominado oficialmente "complemento de especial responsabilidad" que "ni se motivaron, ni se detallaron, ni se han acreditado las competencias específicas de los tenientes de alcalde en esa legislatura 2015-2019 que justifican la aplicación del complemento".
Cálculo de Antifraude sobre los sobresueldos percibidos por cada concejal. EE
También afea que el Ayuntamiento no acredita "por qué se cuantificó en un 25% adicional", un porcentaje que, según advierte, "equipara las retribuciones con el régimen de los concejales con dedicación exclusiva". El organismo argumenta además que "a los tenientes de alcalde ya se les retribuía por la responsabilidad". "Esa responsabilidad va implícita en el cargo y, por eso, sus retribuciones son en un porcentaje por el sueldo del alcalde", recuerda.
A su vez, llama la atención sobre un absurdo generado con este sistema. "Esos tenientes de alcalde podrían compatibilizar su actividad pública con otras actividades privadas", todo pese a percibir "de facto" una retribución "equivalente al 100%" a la de dedicación exclusiva. También recuerda Antifraude que la norma estatal dice textualmente que el límite máximo que se impondrá en el régimen de dedicación parcial lo establecerá el total recibido "por todos los conceptos retributivos", de modo que no cabe la posibilidad de introducir un complemento como el aplicado.
Cambio en 2019
Por otra parte, la Agencia Valenciana Antifraude llama la atención sobre el cambio introducido por el Ayuntamiento de Valencia en la legislatura actual, en la que suprimió este complemento y buscó una fórmula alternativa para pagar por igual a todos los concejales: concentrar a todos los ediles con dedicación exclusiva en los grupos políticos que conforman el Gobierno local.
"No se han explicado las causas que llevaron a la modificación del régimen de retribuciones para los cargos electos para la legislatura 2019-2023", subraya el organismo. Y advierte sobre estas que suponen "el 93,14% de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva" pese a tener unas obligaciones del 75%.
Según explica Antifraude, "a fecha de la elaboración del presente informe la Fiscalía no ha abierto diligencias de investigación penal sobre la cuestión objeto de investigación". "La misma no ha podido valorar los hechos", indica. Pero no se descarta que lo haga y que el asunto acabe en los tribunales.
"Burlar la ley"
El Grupo Municipal Popular considera que estas conclusiones provisionales "son preocupantes". Los populares consideran que "debe llegarse hasta el final" y esperan que el sistema implantado por el ayuntamiento "no haya sido una manera de burlar la ley de racionalización de la administración local".
La formación de María José Catalá subraya que el Gobierno local "tendrá diez días para presentar sus alegaciones". "Esperamos que presenten algún informe de los técnicos que valide estos cobros presuntamente realizados para burlar una ley estatal de sostenibilidad en las administraciones locales", reclaman.