La familia Franco ha presentado este martes un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de La Coruña pidiendo que se posponga la entrega del Pazo de Meirás al Estado -prevista para el 10 de diciembre a las 11.00 horas- y "al menos dos meses" para retirar sus bienes del inmueble desde la finalización de su inventario.
La representación legal de los herederos del dictador ha tachado de "notoriamente exiguo" el plazo planteado por la jueza para la devolución de "un inmueble de considerables dimensiones y en cuyo interior hay una gran cantidad de 'cosas' -esto es, bienes muebles- que no figuraban en la sentencia".
Los Franco habían manifestado que no se opondrían a la entrega "provisional" del Pazo de Meirás -en el municipio coruñés de Sada- en espera de la resolución de su recurso a la sentencia de la Audiencia de La Coruña que declara que éste es propiedad del Estado, si bien discrepan de que esta entrega deba afectar a los bienes de su interior.
"La demanda interpuesta por la Abogacía del Estado se circunscribió a las fincas o inmuebles reivindicados, sin hacerse extensiva ni incluir ninguna suerte de referencia a las cosas o bienes muebles que hubiese -y hay- en su interior", apuntan los abogados de la defensa.
De este modo, la representación legal de la familia Franco ha pedido que se deje "sin efecto" la fecha de entrega provisional del Pazo de Meirás y un plazo de "al menos dos meses" para retirar sus bienes una vez haya finalizado el inventario.
Una comitiva judicial y técnicos de Patrimonio de la Xunta de Galicia accedieron el pasado 11 de noviembre al Pazo de Meirás para tomar imágenes y vídeos del inmueble y sus bienes y así elaborar el inventario, para lo que los técnicos disponen de un plazo -ampliable- de veinte días naturales.
La realización del inventario y la prohibición de retirar bienes del Pazo de Meirás fueron decretadas por la jueza, Marta Canales, después de haber estimado la petición de medidas cautelares planteada por la Abogacía del Estado, que había expresado su preocupación por el hecho de que los Franco hubiesen contratado a una empresa de mudanzas para trasladar bienes del interior del inmueble a otras de sus propiedades.