El juicio contra el ex secretario general del PSdeG Manuel "Pachi" Vázquez por prevaricación continuada por una serie de contratos irregulares a 60 trabajadores firmados cuando era alcalde de O Carballiño, entre 1995 y 2005, ha comenzado este lunes en el Juzgado de lo Penal de Orense.
Junto a Vázquez se sientan otros cuatro acusados, todos ellos con responsabilidades en el Gobierno municipal cuando se produjeron los hechos, incluido su sucesor en la alcaldía hasta 2011, Carlos Alberto Montes.
La Fiscalía pide para Vázquez una pena de diez años de inhabilitación por haber contratado a personas "con conciencia de que faltaban los requisitos básicos" de toda contratación pública, como lo es "la publicidad, para que cualquier persona pudiera acceder a la misma de acuerdo a los principios de mérito y capacidad".
"Todos los contratos fueron celebrados pese a que los acusados fueron informados por escrito y de forma verbal del incumpliendo de los trámites necesarios para constatar el cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir los mismos", apunta el Ministerio Fiscal en su escrito.
Los puestos que se habrían cubierto sin cumplir estas condiciones son de todo tipo: peones y albañiles, conserjes, carpinteros, electricistas, trabajadores del servicio de limpieza, profesional de psicología, monitor de la oficina local de turismo, auxiliares de ayuda a domicilio e incluso agentes de la Policía Local.
La investigación de este caso ya había llevado en su momento a Pachi Vázquez, candidato a la presidencia de la Xunta por el PSdeG en 2011, a abandonar el Parlamento de Galicia en 2015. Tras protagonizar una suerte de rebelión fallida en el seno de los socialistas orensanos fundó su propio partido: Espacio Común.
A día de hoy es concejal en O Carballiño, ayuntamiento en el que su Espacio Común cuenta con tres ediles, incluido él mismo. El municipio está gobernado por el candidato del PSdeG, Francisco Fumega, quien se hizo con la mayoría absoluta pese a competir contra su antiguo compañero de filas.
Juicio "extraño"
En la primera jornada del juicio -que está previsto que se prolongue hasta el 11 de diciembre-, la sala ha aceptado la petición de las defensas de dejar la declaración de los acusados para los últimos días "para no desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia", permitiéndoles así intervenir después de que lo hagan los testigos.
En declaraciones a la prensa a su salida de la sala, el abogado de Vázquez, Víctor Moreno Catena, ha tachado el juicio de "extraño", toda vez que se ha citado a declarar a unos setenta trabajadores que pasaron por el municipio de O Carballiño cuando "un 80% de ellos no han sido escuchados nunca ni por la acusación ni por la defensa".
"No sabemos qué van a declarar. Estamos en una situación de ver cada día por dónde viene el viento, qué es lo que declaran, qué es lo que saben y qué es lo que sucedió con cada uno de los trabajadores que van a ser, a lo largo de tres semanas, traídos a este procedimiento", ha proseguido.
Con respecto a las acusaciones que pesan sobre su defendido, el letrado ha apuntado que en "los más de 3.000 folios" de la causa "no hay ni una pregunta" que aluda a posibles "enchufes, privilegios o trato de favor".
Las defensas también reclaman que se aplique a cualquier posible pena un atenuante por dilaciones indebidas, toda vez que el procedimiento se inició en 2014 y el juicio oral no ha arrancado hasta 2020, 16 años después de que hayan tenido lugar los hechos.
La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Vázquez, al igual que para su sucesor, Carlos Alberto Montes, y para Alfonso Prado, concejal de Personal entre 1995 y 2007. Asimismo, solicita nueve años de inhabilitación para José Antonio Barge, concejal de Personal entre 2007 y 2011, y ocho años y nueve meses para María Elisa Domínguez, responsable del Área Social y, puntualmente, alcaldesa en funciones.