El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles la compra de 2,7 millones de test de antígenos para poder realizar cribados en residencias de mayores y "en cualquier otro lugar que lo necesite", sumándose así a los 300.000 que ya habían sido repartidos en atención primaria y urgencias.
Así lo ha avanzado en la sesión de control celebrada en el Parlamento de Galicia, en la que la portavoz nacional del BNG y líder de la oposición, Ana Pontón, ha cargado duramente contra su proyecto de reforma de la Ley de Salud, toda vez que es "una chapuza jurídica" que "sólo incluye sanciones y ninguna propuesta para reforzar la sanidad pública".
Ante estas acusaciones, Núñez Feijóo ha asegurado que "nunca ha habido más presupuesto destinado a la sanidad", a la vez que ha defendido que la creación de una ley de salud es la única forma de poner negro sobre blanco las "garantías, derechos y obligaciones" de los ciudadanos en un contexto de pandemia.
"¿Le parece mal que sancionemos a personas que incumplen la cuarentena y contagian a los demás? ¿De qué se nos acusa, de preservar la vida y salud de los gallegos?", ha preguntado de forma retórica el presidente gallego, que ha recordado que Galicia "es la única comunidad que está legislando sobre la pandemia de forma específica".
Asimismo, Feijóo ha cargado contra la "incongruencia" del BNG, toda vez que "hace unas semanas pedía el confinamiento generalizado" y ahora "se opone a multar a quien se salte la cuarentena obligatoria" tras tener contacto con un positivo. "¿En qué quedamos?", ha zanjado el líder del PPdeG.
La líder nacionalista había acusado previamente al presidente de la Xunta de "tratar como sospechosos" a los gallegos en lugar de "reconocer su esfuerzo durante la pandemia", toda vez que el proyecto de reforma de la Ley de Salud de Galicia "en 53 folios no tiene ni una propuesta para mejorar la sanidad pública, pero sí incluye 71 veces la palabra sanción".
Del mismo modo, Pontón ha afeado que el PPdeG haya optado por presentar la norma directamente en el Parlamento de Galicia "por miedo a que no pase los controles jurídicos" a los que sí se enfrentaría de impulsarse desde el Gobierno autonómico, una decisión que, según la Xunta, busca agilizar su tramitación para aprobarla en febrero.