División en Galicia ante la creación de la primera universidad privada de la comunidad

Galicia es, a día de hoy, una de las cinco únicas comunidades autónomas -junto a Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura- que no cuentan con ninguna universidad privada. Esta situación cambiará pronto con la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa, que prevé iniciar su actividad en el curso 2022-23.

La puesta en marcha de esta universidad, impulsada por la entidad financiera Abanca, no ha estado exenta de polémica: pese a contar con el apoyo de la Xunta de Galicia y haber recibido el visto bueno del Ministerio de Universidades de Manuel Castells, el proyecto se ha encontrado con el rechazo frontal de las tres universidades públicas gallegas, las fuerzas de la oposición y los sindicatos.

Más allá de esta división, todo apunta a que esta universidad privada, con una oferta educativa orientada al mundo de la empresa y un total de cuatro grados, cuatro másteres y dos programas de doctorado, podría iniciar su actividad dentro de dos cursos, tal y como avanzó su futuro rector, el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet.

El proyecto arrancó en 2016, año en el que Abanca y Afundación presentaron el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside), su versión actualizada de la Escuela de Negocios de Caixanova, una de las antiguas cajas de ahorros gallegas.

Este centro, sin embargo, no podía expedir títulos propios, una circunstancia similar a la del coruñés Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), que sólo podía emitir títulos a través de la Universidad de San Jorge de Zaragoza.

Así, en octubre de 2018 Abanca registró la petición inicial para constituir esta nueva universidad y, después de que la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia emitiese un informe inicial favorable, arrancó su tramitación.

El anteproyecto de ley para crear la universidad también tuvo que superar el escollo del Consello Galego de Universidades (CGU), donde los rectores de las tres universidades públicas -Santiago, Coruña y Vigo- votaron en contra, al contrario que sus consejos sociales.

Aunque un informe no vinculante del Consejo Económico y Social (CES) gallego manifestó "no poder entrara valorar positivamente" la creación de esta universidad al "no especificar qué titulaciones ofertará", el Consejo General de Política Universitaria dio el visto bueno a su puesta en marcha.

Éste ha sido el principal argumento esgrimido por la Xunta de Galicia para defender la legalidad del proyecto frente a las críticas de la oposición: el propio Ministerio de Universidades de Manuel Castells dio luz verde a la creación de la primera universidad privada de Galicia.

El último paso hasta la fecha se dio el pasado 25 de mayo, cuando la mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento de Galicia -frente al rechazo de PSdeG y BNG- sirvió para superar el trámite y dejar el inicio de la actividad docente en manos de la Xunta de Galicia, que tan solo debe publicar un decreto para completar el proceso.

El Gobierno gallego ha defendido que esta universidad se financiará a sí misma y que contribuirá a "atraer talento" a Galicia, al mismo tiempo que "no tendrá incidencia alguna en la dotación del plan gallego de universidades".

En el mismo sentido se ha manifestado su futuro rector, Miguel Ángel Escotet, quien defiende que esta universidad será "sin ánimo de lucro, de servicio público y de gestión privada", así como que "todos los ingresos que pudiera generar serían para la propia institución y para los estudiantes".

Esta opinión, sin embargo, no es compartida por las fuerzas de la oposición, que ponen en duda la legalidad de la universidad al entender que el catálogo de titulaciones es "reiterativo" y no "complementario", como establece la Ley Gallega de Universidades.

Mientras tanto, los rectores de las tres universidades públicas han hecho frente común para rechazar el nacimiento de este nuevo competidor privado, sosteniendo que el propio tejido universitario gallego puede dar solución a cualquier demanda formativa adicional.

Por su parte, la Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública ha protagonizado diferentes movilizaciones en los últimos días -la última de ellas el pasado sábado en Santiago- para expresar su rechazo a la Universidad Intercontinental de la Empresa.

Su portavoz, Suso Bermello, afiliado al sindicato nacionalista Confederación Intersindical Galega (CIG), ha denunciado que el proyecto estaría "rompiendo un consenso institucional y político de hace muchos años", lo que daría pie a "un punto de no retorno muy peligroso en el sistema universitario".

La principal amenaza para el futuro de esta universidad, sin embargo, se encuentra en el Ministerio de Universidades: al mismo tiempo que dio el visto bueno a la creación de este centro también anunció que estaba trabajando en un decreto para endurecer los requisitos que deben cumplir las universidades para seguir siéndolo hasta tal punto que la mayoría de las españolas deberían cambiar su oferta.

En todo caso, y pese a que Castells anunció su voluntad de que esta ley fuese retroactiva, la lentitud en la tramitación de la misma no ha cambiado los planes de Abanca. La primera universidad privada de Galicia está a un decreto de la Xunta de Galicia de convertirse en una realidad.