La AP-9, una autopista de 220 kilómetros que recorre Galicia de norte a sur desde Ferrol hasta Tui, es la principal arteria de la comunidad. Las sucesivas ampliaciones de la concesión -que finaliza en 2048- y el elevado importe de sus peajes, los más caros de España, llevaron a que todos los partidos con representación en el Parlamento de Galicia reclamasen de forma unánime su transferencia a la autonomía.
De hecho, el pasado mes de febrero PPdeG, PSdeG y BNG acudieron de la mano al Congreso de los Diputados y escenificaron esta unidad. Los socialistas, sin embargo, parecen haber cambiado de opinión en los últimos días: pese a que el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, reivindicó el pasado jueves que las rebajas en los peajes llegarían "en paralelo" a la transferencia, el partido ha estado maniobrando en el Congreso para que ésta no se produzca.
Aunque estaba previsto que la transferencia de la AP-9 a Galicia fuese completa, las enmiendas a la ley presentadas por el PSOE en el Congreso hablan de que la comunidad tan solo tenga "competencias sobre la administración y explotación", dejando así la autopista en manos del Estado, en contra de lo acordado por los partidos gallegos, incluidos los socialistas.
El propio Ábalos aseguró en una visita a Galicia la pasada semana que estaba presionando para que la rebaja en los peajes, anunciada para inicios de 2021, llegase este mismo mes de julio. Su posición sobre la transferencia era bien distinta a la trasladada por el PSOE en el Congreso: que ésta avanzaría en paralelo a la rebaja.
Los socialistas no se habían referido hasta ahora a una posible incompatibilidad entre rebajas los peajes y transferir la autopista, algo que sí ha hecho el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, este mismo lunes, apuntando que un cambio de titularidad de la AP-9 "pondría en peligro" las bonificaciones previstas.
"Lo prioritario es la rebaja de los peajes, no la titularidad de la autopista, sobre la que mantenemos nuestra posición siempre que eso no obstaculice la rebaja", señaló el secretario general, que el pasado mes de febrero reclamó desde el Congreso la transferencia sin reservas y sin referirse a ella como un "obstáculo".
La reacción no ha tardado en llegar desde la Xunta de Galicia, el PPdeG y el BNG: mientras que el Gobierno autonómico ha acusado a los socialistas de vender "gato por liebre" a los gallegos, los nacionalistas han tachado de "tomadura de pelo" la intención del PSOE de ofrecer "una transferencia de segunda".
"Prometieron la transferencia como un hecho histórico y ahora proponen unas condiciones con las que hasta sería mejor quedarnos como estamos: o tenían voluntad de engañarnos o nos han estado mintiendo durante meses", señaló la consejera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que su partido "no va a aceptar" lo que considera un "agravio" y un "trato discriminatorio" hacia Galicia, toda vez que, mientras que en el País Vasco y Cataluña se permitieron transferencia "plenas" de autopistas similares a la AP-9, en el caso gallego "no paran de poner palos en las ruedas".
Por su parte, el portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, ha emplazado al PSOE a "reconsiderar su posición", ya que no estaría cumpliendo lo que la Cámara gallega "votó por unanimidad en reiteradas ocasiones: el traspaso integral de la autopista".
La concesión de la AP-9 arrancó en 1973 con la previsión de finalizar en 2012, pero los Ejecutivos de Felipe González, primero, y de José María Aznar, después, la ampliaron hasta 2023 y 2048, respectivamente.