Este miércoles la Región de Murcia se volverá a convertir en el foco mediático de la política nacional porque -en plena recta final de las elecciones a la Comunidad de Madrid- el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido citado a declarar ante el Juzgado de Instancia número 4 de Cartagena. El motivo es la celebración de la vista de medidas cautelares sobre la expulsión del partido de los diputados de la Asamblea Regional: Juan José Liarte; Francisco Carrera y Mabel Campuzano, esta última, en la actualidad es consejera de Educación en el Gobierno murciano.
Abascal -según fuentes ligadas al caso- "ha sido citado a las cinco de la tarde, del 28 de abril, en calidad de representante legal de su partido". De manera que deberá comparecer en la vista donde se abordarán las medidas cautelares que piden los diputados expulsados de Vox: Liarte; Carrera, y Campuzano.
La primera medida solicitada al juzgado por parte de los parlamentarios, consiste en la anulación de su expulsión del partido. Todo ello, mientras no se resuelva la demanda judicial que presentaron en la jurisdicción civil contra la decisión de echarlos de Vox. La segunda medida que se pide es la revocación de las primarias celebradas en la Región, donde resultó elegido como líder del partido el candidato afín a Abascal: el exjugador de baloncesto y número uno en el Ayuntamiento de Murcia, José Ángel Antelo.
En caso de que el magistrado concediese alguna de esas dos medidas cautelares antes de la cita con las urnas el 4 de mayo, el varapalo judicial, sin duda, tendría recorrido en los comicios madrileños donde la candidata a la comunidad por parte del partido de extrema derecha, Rocío Monasterio, se juega el ser o no ser frente a la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso.
Los tres diputados expulsados de Vox en una imagen de archivo en la Asamblea Regional.
En la citada demanda, tres de los cuatro diputados que permitieron a la formación de Santiago Abascal entrar -por primera en su historia- en la Asamblea Regional vienen a exponer que su expulsión de Vox fue ilegal por la presunta vulneración de varios preceptos legales.
De un lado, los demandantes aseguran que el partido abrió un solo procedimiento de expulsión contra los tres diputados, en lugar de abrir uno individualizado para cada uno, y además, supuestamente se infringió la ley de Protección de Datos.
En la demanda también se argumenta que desde el comité de garantías de Vox presuntamente se incumplió el procedimiento, debido a que no se aportaron las actas de las reuniones de este órgano colegiado donde se debía resolver la situación de los mencionados parlamentarios murcianos.
El caso se remonta a mayo
En mayo de 2020, el comité de garantías suspendió de militancia y expulsó de Vox a Juan José Liarte; Francisco Carrera, y Mabel Campuzano, por el impago de cuotas de afiliados; por el despido de cuatro de los trabajadores del grupo parlamentario, sin contar con la dirección de Madrid, y por quitar de forma unilateral como titulares de las cuentas bancarias del grupo a dirigentes nacionales.
El motivo de la citación del líder de Vox, Santiago Abascal, por parte de los parlamentarios demandantes, se debe a que antes de su expulsión le enviaron una carta de la que dio fe un notario y donde le pedían mantener una reunión para denunciar presuntas irregularidades en el partido en la Región de Murcia. Una de ellas era la existencia de perfiles falsos en redes sociales, que supuestamente estaban siendo gestionados por gente afín al partido, y donde se desprestigiaba la labor de Juan José Liarte; Francisco Carrera y Mabel Campuzano.
La citación de Abascal se produce en el peor momento, con el '4M' en la Comunidad de Madrid a la vuelta de la esquina. El líder de extrema derecha tiene dos posibilidades para tratar de evitar el paseíllo a los juzgados de Cartagena: la primera es no presentarse a declarar a la vista de medidas cautelares, con lo que se expondría a una multa de 600 a 800 euros, y la segunda opción es hacer un poder para designar a una persona como legal representante del partido.
Los expulsados son mayoría
Tras la expulsión de los diputados de la Asamblea Regional se dio la circunstancia de que solo quedó un diputado oficialmente reconocido por Vox, Pascual Salvador Hernández, frente a los tres díscolos: Juan José Liarte; Francisco Carrera y Mabel Campuzano. De forma que según el reglamento del Hemiciclo murciano, los tres diputados expedientados se quedaron al frente del grupo de extrema derecha porque la normativa establece que las expulsiones se deciden en el seno de los grupos parlamentarios y ellos eran mayoría.
Los líderes de Vox en Murcia y Madrid antes del proceso de expulsión.
Durante la legislatura, los parlamentarios expulsados por Abascal, lejos de arrinconar a Pascual Salvador Hernández, han optado por emprender acciones legales para recurrir la decisión del comité de garantías, mientras han permitido al diputado oficialmente reconocido por Vox que mantenga su despacho. También le han puesto al frente de varias comisiones parlamentarias, tales como la de agua, la del Mar Menor y peticiones ciudadanas.
La vista de medidas cautelares llega en un momento importante, no solo por las elecciones madrileñas, sino porque recientemente la diputada expulsada de Vox, Mabel Campuzano, ha entrado a formar parte del Gobierno regional como consejera de Educación. Todo ello, en el marco del proyecto de reunificación de centroderecha que el Partido Popular inició en Murcia con motivo de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos contra el presidente, Fernando López Miras, y que el PP salvó gracias a que Campuzano, Liarte y Carrera votaron en contra.
De forma que si el juez tumba cautelarmente su expulsión, los tres diputados volverían a ser legalmente miembros del partido de Abascal mientras son socios del PP en el Ejecutivo murciano.