Una sentencia ganada por una promotora al Ayuntamiento de Murcia puede causar un efecto dominó en otros siete convenios urbanísticos, que obligaría a devolver 125 millones de euros: una bomba para la contabilidad del Consistorio de la capital. En el equipo de Gobierno, liderado por el alcalde, José Antonio Serrano (PSOE), y el primer teniente, Mario Gómez (Cs), se habla de "quiebra" de las arcas en el caso de que los promotores de esos acuerdos opten por la vía judicial y reclamen el dinero adelantado para construir más de 60.000 pisos al norte de la ciudad.
El detonante de este lío urbanístico es el precedente legal que establece una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Murcia. Este fallo condena al Ayuntamiento a devolver casi 20 millones de euros a Mamusa y Espacio Levante por un acuerdo firmado en junio de 2008, cuando por aquel entonces el PP estaba al frente de la Alcaldía y todavía no había explotado la burbuja inmobiliaria.
Prueba de ello es que el convenio contemplaba 4.000 viviendas en la zona norte de la capital. El proyecto no levantó ni un solo piso por dos motivos: primero, por el estallido de la crisis del ladrillo, y segundo, porque se anuló el Plan Especial de Infraestructuras Comunes a los Sectores del Ensanche Norte (PEI).
El Tribunal Superior de Justicia declaró en 2016 que el PEI no era conforme a derecho, lo que provocó que no existiese un instrumento jurídico para ocupar terrenos y desarrollar infraestructuras que son básicas en cualquier actuación urbanística, como la red de saneamiento. De forma que Mamusa y Espacio Levante optaron por solicitar al juzgado la liquidación del convenio y el reintegro del dinero que adelantó al Ayuntamiento en base a la anulación del Plan Especial de Infraestructuras.
El juzgado ha dado la razón a la promotora fallando "la liquidación" del convenio urbanístico, al considerar que "las circunstancias sobrevenidas derivadas de la anulación del Plan Especial de Infraestructuras (PEI), hace inviable el desarrollo urbanístico". De forma que el Consistorio está obligado al "reintegro" de las cantidades abonadas por la mercantil, así como a devolver los avales depositados.
Esta sentencia recoge argumentos legales que podrían emplear otras siete promotoras cuyos convenios en la zona norte siguen criando malvas. Tan delicada es la situación urbanística que el PSOE y Ciudadanos se han encontrado tras la moción de censura al PP en el Consistorio de la capital de la Región de Murcia, que los concejales de Gestión Económica y Urbanismo, Enrique Lorca y Andrés Guerrero, respectivamente, han comparecido para alertar de ello.
Los ediles Andrés Guerrero y Enrique Lorca, este lunes, en la rueda de prensa sobre la condena urbanística al Ayuntamiento.
"Esa sentencia nos deja ante una auténtica espada de Damocles", tal y como han admitido los dos ediles sobre la puerta que abre este fallo a que siete promotores opten por la vía legal, al no haber podido poner un solo ladrillo al norte de la ciudad por la anulación del PEI (Plan Especial de Infraestructuras). "La cuestión es que el fallo de Mamusa crea un precedente al que otros pueden intentar acogerse".
De hecho, en La Glorieta ya han sacado la calculadora. "Si las pretensiones de las promotoras salieran todas ellas adelante, podrían dejar a este Ayuntamiento con una deuda de 125 millones de euros", ha alertado el titular de Urbanismo.
"Esa cantidad, tomando como patrón el presupuesto de 2020, equivale a cinco años de inversiones en Murcia", ha indicado el responsable de Gestión Económica para contextualizar la gravedad del asunto.
Tres convenios al juzgado
"Estamos analizando la situación técnica y jurídica que presenta cada convenio, a fin de determinar la solución más viable porque no se puede adoptar una solución conjunta, sino individualizada para cada uno". Todo ello se debe a que hay acuerdos firmados con promotoras que han entrado en concurso de acreedores, que están inmersas en una sucesión de empresas o que ya han recurrido a los tribunales para reclamar al Ayuntamiento que les devuelva el dinero adelantado.
"Existen tres convenios judicializados para reclamar entre 50 y 60 millones de euros". Los concejales han avanzado que presentarán un recurso de reposición contra el fallo que condena al Consistorio a devolver 20 millones a Mamusa y Espacio Levante, por la mencionada anulación del PEI, con el objetivo de evitar semejante pago y atajar los argumentos legales de otros promotores.
Durante su comparecencia han apuntado que otra línea de trabajo iniciada para evitar un varapalo a la contabilidad municipal, consiste en "negociar" con las promotoras una alternativa a los juzgados, aunque no hay muchas esperanzas de que prosperen las conversaciones porque algunos convenios técnicamente no son viables.
El motivo se debe a que algunos convenios disparaban los metros habitables, de 90.000 a 250.000, sin contar con las infraestructuras hídricas minímas para atender a la población. "Hay acuerdos cuya tramitación llevó a la anulación del plan parcial por falta de documentos de la Confederación Hidrográfica del Segura".
Lorca y Guerrero han zanjado que "nos encontramos con una situación que deja, posiblemente, a este Ayuntamiento ante la mayor crisis económica que pueda afrontar en toda su historia: esto es la consecuencia de una gestión nefasta, megalómana, especulativa y desleal con los murcianos".