Los regantes de Murcia, Alicante y Almería no se van de vacaciones este verano. En primer lugar, siguen con su campaña para alertar de que los recortes al Trasvase Tajo-Segura suponen convertir a la conocida como "despensa agrícola de Europa" en un desierto, y además, diseñan "un otoño caliente" contra el Ministerio para la Transición Ecológica.
A partir de octubre comenzarán las movilizaciones contra las dos últimas decisiones del Ministerio: el cambio de las reglas de explotación y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo.
El nuevo Plan de Cuenca del Tajo -sometido a consulta pública hasta el 22 de diciembre- incluye los siguientes hitos: a partir de 2022, el caudal ecológico se elevará a 7 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez; en 2026 subirá a 8, y en 2027 a 8,6.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, alerta de que los agricultores de Murcia, Alicante y Almería están "preocupadísimos", de cara a los próximos seis años, porque no les salen las cuentas hídricas para abastecer sus cultivos. Prevén que se destruirán 45.000 empleos si finalmente se aprueba el aumento de los caudales ecológicos del Tajo.
Este es el cálculo que hace Scrats: "La cuenca del Segura depende de lo que ocurra en la del Tajo; el borrador del Plan del Tajo establece para la cuenca del Segura un déficit de 278 hectómetros cúbicos al año, siempre y cuando haya una aportación media del trasvase Tajo-Segura de 300 hectómetros, pero subir los caudales ecológicos supone reducir el trasvase en 100 hectómetros adicionales, lo que eleva el déficit anual de la cuenca del Segura a 378 hectómetros".
Desde el Scrats avanzan que volverán a tomar las calles de Almería, Murcia, Alicante y Madrid, porque no comparten la hoja de ruta del Gobierno. EL ESPAÑOL envió un cuestionario con diez preguntas al Ministerio, pero no respondieron directamente a ninguna, a pesar de que algunas versaban sobre asuntos que han marcado este curso político: desde el anuncio catastrofista del Scrats de que Moncloa cerrará el trasvase, al manifiesto del agua que firmaron los presidentes de Murcia y Andalucía solicitando audiencia a la ministra Teresa Ribera.
En el Ministerio para la Transición Ecológica despacharon el cuestionario con tres párrafos. Del primero de ellos se desprende que uno de sus objetivos prioritarios es potenciar la desalación:
"Estamos trabajando en ampliar la capacidad de las desaladoras de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja, hasta un volumen de 70 hectómetros cúbicos adicionales; en modificar el esquema energético usando energías renovables, como la fotovoltaica, lo que supone reducir los costes energéticos, el factor más determinante en el precio del agua de desalación; e interconectar las desaladoras en una red conjunta para poder llevar el agua desalada a todos los regadíos del Acueducto Tajo-Segura".
La desaladora de Águilas es una de las instalaciones que quiere potenciar el Ministerio para la Transición Ecológica..
El Ministerio pretende duplicar la disponibilidad de agua desalada y para interconectar las desaladoras invertirá unos 500 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El desembolso se producirá durante los próximos tres o cuatro años: "Con todo ello se conseguirá un volumen complementario de recursos hídricos a un precio asumible por los usuarios. Según los cálculos iniciales, se puede reducir el precio del agua desalada en unos 10 céntimos el metro cúbico".
Y precisamente, en el coste del agua desalada, es donde surge el principal escollo de los planes ministeriales. Ni su precio actual ni la reducción prevista de 10 céntimos contentan al presidente de Scrats, Lucas Jiménez, ni al presidente de Murcia, Fernando López Miras, ni siquiera al compañero de filas de Teresa Ribera, el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa. Todos ellos, coinciden en asegurar a EL ESPAÑOL que el precio del metro cúbico desalado debe oscilar de 30 a 35 céntimos.
En la práctica, la rebaja que prevé la Dirección General del Agua está a años luz de los 30 céntimos que reclaman los agricultores, ya que el riego con agua de la desaladora de Valdelentisco, ahora cuesta 0,63 céntimos el metro cúbico; en Águilas, 0,60 céntimos, y en Torrevieja, 0,57. "Y con el precio de la electricidad, esto se puede disparar próximamente", señalan desde la Consejería de Agricutura de Murcia, después de que el precio mayorista de la electricidad haya alcanzao su nivel más alto de la historia este verano.
Moncloa y la ley
"Esto ya se dejó claro en la ley que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, antes de la moción de censura que presentó Pedro Sánchez. En esa ley, se estableció que se garantizaría que el agua desalada para riego no excediese de 30 céntimos por metro cúbico", recuerda -tirando de hemeroteca- el presidente murciano, el popular Fernando López Miras. "Ahora solo falta que el Gobierno central cumpla con la ley".
El secretario general del PSOE en Murcia, Diego Conesa, también reclama una desalación a "precio justo" y manda un mensaje al Gobierno: "Hay que trabajar para rebajar el precio del agua desalada, vemos injusto que algunos agricultores de Mazarrón paguen 0,65 céntimos por metro cúbico".Tal coste contrasta con los 0,17 céntimos que se pagan por regar con recursos del Trasvase Tajo-Segura.
El dirigente socialista es coherente con la disposición adicional cuarta que su propio partido introdujo en la Ley 1/2018 de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. Tal disposición decía esto: "El Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,30 euros por metro cúbico".
El secretario de Scrats, Alfonso Botía, denuncia que Moncloa se salta la normativa: "La rebaja del precio del agua desalada es un mantra que llevamos tres años repitiendo, es una disposición que introdujo el PSOE, con rango de ley, y encima no la cumplen".
Para los agricultores es imprescindible rebajar a 30 céntimos el metro cúbico desalado, de lo contrario, es inviable la idea del Ministerio de compensar con desalación el aumento gradual de los caudales ecológicos del nuevo Plan de Cuenca del Tajo.
El presidente de Scrats, Lucas Jiménez (c), junto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Ofensiva sin precedentes
El presidente de Scrats, Lucas Jiménez, defiende la necesidad de movilizarse en otoño contra el Ministerio por un motivo: "Ellos van a trabajar la línea de la desalación, pero vemos inmovilismo en los caudales ecológicos del Tajo y a nosotros eso es lo que nos preocupa, estamos en una cuenca que sin aportes externos no va a ningún sitio y el recorte que se pega al trasvase Tajo-Segura no se palía con nuevos recursos de agua desalada que es más cara".
Jiménez vaticina "una grieta" hídrica en 2026: "No hay auxilio que ataje la nueva brecha que se abre en el trasvase con los caudales ecológicos que prevé el Plan de Cuenca del Tajo". Al Scrats no le sirve el agrumento técnico de que esa subida de los caudales es para atajar la contaminación de las aguas del río en Aranjuez, ya que reclaman que ese problema lo resuelva el Gobierno de Castilla-La Mancha invirtiendo en sistemas de depuración como hacen en el sureste español.
El Gobierno murciano ya ha presentado alegaciones al nuevo Plan de Cuenca del Tajo y al cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que rebaja las aportaciones de 38 hectómetros cúbicos a 27, cuando los pantanos de la cabecera de Entrepeñas y Buendía estén por debajo del 35% de su capacidad (nivel 2).
En el Ejecutivo de López Miras trabajan en una ofensiva sin precedentes contra los planes hídricos del Ministerio para la Transición Ecológica. "Vamos a emprender todas las acciones legales, administrativas, judiciales, institucionales y políticas que sean necesarias para frenar la hoja de ruta del Gobierno central para cerrar el trasvase", advierte el presidente murciano, Fernando López Miras. "Es inadmisible que de forma unilateral, sin diálogo, y sin criterios técnicos, el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido una sentencia de muerte para el trasvase".
En sintonía con Andalucía
Las reivindicaciones del Gobierno murciano están en sintonía con la Junta de Andalucía, tal y como demostraron el presidente regional, Fernando López Miras, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, firmando en abril una declaración institucional para reclamar un Plan Hidrológico Nacional que solucione el déficit hídrico "de la España seca". El gran ausente de esa cumbre hídrica celebrada en Almería fue el presidente valenciano, Ximo Puig.
El socialista Puig clausuró recientemente la asamblea general de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana. Durante el acto reiteró su "defensa" al trasvase, reivindicando agua "a precio razonable", al mismo tiempo que llamó a la calma a los regantes "evitando guerras infructuosas". Un mensaje muy distinto al del presidente murciano.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, durante la clausura de la asamblea de los regantes.
Para López Miras la defensa del trasvase Tajo-Segura "debe estar por encima de cualquier ideología". "El agua desalada es un complemento necesario, pero nunca podrá sustituir al trasvase. Además de los 70 hectómetros faltarían otros 300 hectómetros del déficit de la cuenca del Segura, por lo que es una medida claramente insuficiente y a un precio inasumible por nuestros regantes. A esto habría que añadir los aspectos ambientales derivados del incremento de desalación, ya que el aumento de emisiones de carbono sería importante", manifiesta a EL ESPAÑOL.
El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Diego Conesa, también sostiene que el trasvase Tajo-Segura es "irenunciable" para el sureste español. "Hemos trabajado hasta la fecha para reducir esos caudales ecológicos del Plan de Cuenca del Tajo y lo sabe el Scrats, aunque no nos pida reunirse con nosotros", subraya molesto el dirigente del PSOE.
"Si el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura se digna a reunirse con nosotros, o le deja el Partido Popular que se reúna con nosotros, estudiaremos todas las cuestiones técnicas y argumentales que pueda haber y las defenderemos como lo hemos hecho hasta la fecha. Nuestra posición es clara, no puede consolidarse la modificación de los caudales ecológicos del Tajo a 8,5 en 2026, si previamente no está ejecutada toda la inversión (500 millones del Ministerio) parar tener el agua desalada a un precio justo", defiende Diego Conesa.
"Nos gustaría que el Scrats se dejara el yugo del PP y se quisiera reunir con nosotros (PSOE) porque es un error para los regantes". Para el dirigente socialista, el PP "hace política con el agua en vez de hacer políticas de agua" y recuerda que firmaron hace tres años un Pacto Regional del Agua "que ahora no le interesa al PP porque tiene que sentarse con el PSOE y Ciudadanos".